Murió la segunda residente del geriátrico de Belgrano y piden ordenar la detención de los dueños

Murió la segunda residente del geriátrico “Apart Incas” de Belgrano, clausurado la semana pasada tras la detección de 19 casos de coronavirus. El abogado de la familia confirmó la noticia este martes y pidió la detención de los dueños del establecimiento, a quienes acusó por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. “La mujer de 92 años, de […]

Murió la segunda residente del geriátrico “Apart Incas” de Belgrano, clausurado la semana pasada tras la detección de 19 casos de coronavirus. El abogado de la familia confirmó la noticia este martes y pidió la detención de los dueños del establecimiento, a quienes acusó por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”.

“La mujer de 92 años, de nombre Esther, murió esta madrugada en el sanatorio San José, donde había sido trasladada después de ser evacuada del geriátrico”, aseguró el letrado Ignacio Trimarco.

En diálogo con la agencia Télam, confirmó que la señora había dado positivo por COVID-19, y advirtió que “ahora la causa se agrava a abandono de persona seguido de muerte”, un delito con pena de entre 5 y 15 años de prisión.

“Estamos presentando la notificación a la justicia”, afirmó Trimarco. En tanto, detalló que la acción que lleva adelante apunta contra los dueños del geriátrico, la médica encargada de la salud de los residentes y el Gobierno de la Ciudad.

“Los dueños del geriátrico dijeron que cuando tuvieron conocimiento del primer caso positivo dieron aviso a las autoridades sanitarias de la Ciudad, pero al parecer nadie hizo nada. Esto es algo que deberá investigar la justicia”, argumentó.

En este contexto, informó que el lunes se pidió “la detención de los dueños del lugar y de la médica” y que también se presentó un pedido de incompetencia para que la causa fuera al “fuero federal, ya que es un caso que involucra la salud pública”.

La querella también presentó un pedido para que se “ratifiquen las declaraciones testimoniales”, ya que sostuvo que la fiscalía las está tomando vía telefónica y, en consecuencia, no está “garantizando los derechos constitucionales”.

Sobre esta modalidad, el letrado sostuvo: “No permite constatar la identidad de la persona que está declarando: si son coaccionadas o si leen. Además, no participa ningún contralor, ni la defensa ni la querella, y esto puede provocar futuras nulidades”.