Reforma judicial: el proyecto se enviaría al Congreso el año que viene

Reorganizar la Justicia, redistribuir el sistema federal, poner en marcha el sistema acusatorio, son las claves del paquete.

Tras la asunción de Alberto Fernández, y la jura de los ministros que conformarán su gabinete, ahora el equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Losardo, está trabajando en los proyectos de ley que integrarán el paquete sobre reforma judicial.

Sin embargo, no será enviado para ser tratado en las sesiones extraordinarias antes de fin de año: lo más probable es que se envíen a comienzos de 2020, tal vez para ser tratadas en las extraordinarias anteriores a la apertura de marzo.

Uno de los ejes estará en poner en marcha el llamado sistema acusatorio, que le quita poder y protagonismo a los magistrados ya que la instrucción de los expedientes pasa centralmente a manos de los fiscales.

De todas formas, lo sustancial estará en una reorganización de la justicia y en una redistribución de todo el sistema federal. La ministra Losardo adelantó que también están estudiando la forma en la que se viene implementando la ley del arrepentido, que consideró que “funciona mal”.

La ministra dijo al respecto: “nuestro equipo está trabajando los proyectos que no son coyunturales sino de fondo y sobre los que buscaremos consensos”. Sucede que las sesiones extraordinarias inmediatas estarán destinadas a las emergencias, básicamente la sanitaria, alimentaria y económica.

La funcionaria reiteró lo dicho por el presidente respecto del abuso en las prisiones preventivas durante estos años. “Todos lo sabemos –dijo Losardo–. Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada“.

El lugar central de la reforma tendrá que ver con la reorganización del sistema federal. Se menciona que las causas ya no serán sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales, lo que en la ciudad de Buenos Aires significa que entrarán en los sorteos de los expedientes sobre corrupción, no ya los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino los 70 jueces penales de CABA.