Berisso y las arterias del fraude: el trasfondo de una gestión entrampada entre facturas falsas, obras fantasmas y anticipos del aire

Por Antonio Balcam 

En las postrimerías de su segunda gestión al frente del municipio de Berisso, el intendente Fabián Cagliardi adorna sus discursos con las muletillas habituales sobre la eficiencia del Estado y la “transformación” del espacio público. Sin embargo, un minucioso análisis realizado por el diario Hoy sobre informes de auditoría del Tribunal de Cuentas bonaerense (correspondientes a los últimos seis años) y actuaciones judiciales expone una radiografía antagónica.

Lo que los expedientes sacan a la luz no es el cuadro infortunado de un gobierno jaqueado por imponderables presupuestarios, sino la traza metódica de una alquimia recurrente: la adjudicación de contrataciones públicas a sociedades sin capacidad técnica ni solvencia financiera, la rápida liquidación de millonarios anticipos en efectivo y el misterioso abandono de los proyectos con avances físicos insignificantes o inexistentes. Todo esto con el telón de fondo de contrataciones directas orientadas hacia usinas empresariales investigadas por lavado de dinero.

El examen numérico de la obra pública local arroja un quebranto patrimonial de proporciones inéditas para los vecinos. La Municipalidad comprometió un monto acumulado de $1.826,78 millones (equivalente a USD 6.578.857 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al momento de cada adjudicación), beneficiando a una serie de contratistas y cooperativas con papeles curiosamente frágiles.

De esa masa de recursos, las arcas comunales efectivizaron en concepto de anticipos financieros un desembolso directo de $372,72 millones (USD 1.221.880). El destino de semejante liquidez siguió un patrón uniforme: tras cobrar los adelantos, las contratistas apagaron las máquinas, levantaron los obradores y dejaron tras de sí un tendal de ruinas, esqueletos de hormigón y expedientes atrapados en litigios de rescisión.

El enigma de la Hilandería y el “avance” fantasma

Uno de los episodios más ilustrativos de este mecanismo ocurrió bajo el Expediente N° 4012-6316/2022 y la Licitación Pública N° 41/2022, cuyo objetivo nominal era construir el Centro Municipal de Exposiciones (C.E.M.E.) en el predio de la vieja Hilandería, un cascarón fabril que testimonia el pasado industrial del distrito.

El Municipio encomendó el proyecto a la firma Delta Constructora S.A. por $98,82 millones (USD 531.336 al tipo de cambio de $186 por dólar, vigente al emitirse la Orden de Compra N° 62 en enero de 2023).

La celeridad de la tesorería municipal para transferir fondos contrastó de manera drástica con la parsimonia de los trabajos. El 20 de enero de 2023, la Comuna transfirió a Delta Constructora $29.660.597 (USD 159.465) como anticipo financiero. Tras percibir el dinero, la empresa circunscribió toda su intervención en el predio a colocar un cerco perimetral precario, cobrando además dos certificados menores por $175 mil y $43 mil. Acto seguido, la contratista desapareció con un irrisorio 5,29% de avance acumulado.

Cualquier inspección visual ratifica la distancia entre las planillas burocráticas y la realidad edilicia. La ex-Hilandería continúa erigiéndose como un esqueleto colapsado: los techos parabólicos se desintegran por la herrumbre, las mamposterías se descascaran por la humedad y la vegetación avanza sin pausa sobre los galpones donde se prometió un moderno complejo ferial.

En enero de 2024, tras un año de inactividad absoluta, Obras Públicas municipal tramitó la rescisión unilateral del contrato por abandono. El dictamen oficial posterior constató que Delta Constructora no solo omitió devolver el anticipo no ejecutado, sino que acumula una deuda líquida y exigible de $12.991.341 por multas derivadas de sus incumplimientos.

Anatomía de un colapso generalizado

El caso de Delta Constructora no es una anomalía fortuita, sino la pieza de un engranaje donde varias firmas y cooperativas repitieron con llamativa sintonía la misma secuencia de cobro de adelantos y suspensión de tareas.

-Pavimento en Barrio Villa Nueva (L.P. N° 09/2023): Pemode S.R.L. fue favorecida para pavimentar el barrio por $465,12 millones (USD 2.104.615). En julio de 2023, la tesorería comunal liberó un anticipo de $160 millones (USD 585.015). La empresa operó hasta un avance del 8,24% y detuvo la maquinaria de forma definitiva, dejando las calles intransitables y el contrato en proceso de baja.

–Espacio de Integración Productiva (L.P. N° 02/2023): Frieden Argentina S.R.L. obtuvo la licitación por $84,01 millones (USD 329.488). En septiembre de 2023 percibió un adelanto de $13,51 millones (USD 38.882). La auditoría del Tribunal de Cuentas constató una ejecución del 0%: la sociedad cobró los fondos públicos y jamás inició obra alguna.

–Alumbrado Público Central (L.P. N° 14 y 15/2023): Adjudicado a la Cooperativa Espacios Verdes Ltda. por $739,35 millones (USD 2.127.632). En septiembre de 2023 recibió $71,65 millones (USD 206.202) y detuvo los trabajos aduciendo falta de tramitación de certificados, con un avance marginal del 8,24%.

–Obras FISU en Barrio Villa Nueva (L.P. N° 39/2023): encomendadas a la Cooperativa Hacer Ltda. por $339,53 millones (USD 948.418). En abril de 2024 percibió un anticipo de $67,90 millones (USD 79.330). Con una ejecución real de tan solo el 0,84%, el Municipio apenas recuperó $5,97 millones mediante retenciones marginales. El Tribunal de Cuentas mantiene un cargo contable firme por $61,93 millones (USD 72.349) no restituidos.

Entre cooperativas “fantasma” y la misteriosa caza de propiedades

La flexibilidad de los controles no se detuvo en las licitaciones principales. Al revisar la ejecución presupuestaria general, el Tribunal de Cuentas detectó erogaciones por $1.712 millones en un solo ejercicio fiscal efectuadas sin respaldo legal ni aprobación del Concejo Deliberante —aproximadamente el 40% del gasto total ejecutado por fuera del Poder Legislativo local—.

A esto se suman inconsistencias contables no resueltas entre el sistema Rafam y los saldos reales del Banco Provincia, junto con la omisión deliberada de implementar los módulos obligatorios de Administración de Personal e Ingresos Públicos.

Para el mantenimiento urbano y de edificios públicos, la gestión Cagliardi recurrió de forma sistemática a cooperativas de trabajo como Cooperativa Friso Ltda. (con contratos por $15,09 millones en la Escuela EP N° 2 y $7,34 millones en el Corralón municipal), Cooperativa Evita II Ltda., Cooperativa 17 de Octubre Ltda. y Cooperativa Auténtika Ltda. El Tribunal de Cuentas objetó la totalidad de estos expedientes tras comprobar la falta de padrones oficiales de asociados, la ausencia de Monotributo Social ante AFIP y la inexistencia de partes diarios de servicios.

A la triangulación con cooperativas se suman otros casos igual de peculiares:

-Mantenimiento del Wassenberg: en este canal pluvial ubicado en el límite con La Plata (zona de Villa Argüello, Villa Progreso y Barrio Universitario), escenario recurrente de desbordes e inundaciones, la Comuna habría contratado a una empresa privada. Sin embargo, el trabajo de campo real lo estarían realizando empleados municipales cobrando del Estado.

Jardines de infantes “fantasma”: en el Barrio Obrero, una partida asignada desde 2021 para un jardín quedó en el olvido. En 2025, el Municipio prefirió desembolsar unos $200 millones en playones deportivos —uno pegado al jardín inconcluso—, sin brindar explicaciones sobre el destino de los fondos originales.

El negocio familiar y la trampa inmobiliaria

Cuando los contratos privados tambalean, el Municipio parece tener la solución a mano: reasignar proyectos a cooperativas “amigas”. Tras este mecanismo emergen nombres vinculados a la dirigencia cooperativa, como Martín Nadeff, y sus allegados directos. En ese radar figura un intento de desembarco en la recuperada Clínica Mosconi, prometiendo una reapertura que nunca llega mientras se cierne la sombra de una posible apropiación del inmueble a raíz de sus irregularidades dominiales.

El afán inmobiliario tampoco terminaría en los edificios públicos. En los pasillos municipales cobra fuerza la versión de un aceitado esquema para detectar y apoderarse de propiedades de adultos mayores o vecinos fallecidos sin herederos directos. Lejos de integrarse al patrimonio comunal o a fines sociales, estas fincas pasarían a manos privadas. En esta operación estarían bajo la mira integrantes del área de Adultos Mayores que conduce Andrea Armoa, a lo que se añadirían sospechosos loteos en Los Talas con la presunta participación de allegados y familiares del intendente Cagliardi.

La trinchera sanitaria: abandono en la guardia pediátrica

El descalabro de la obra pública alcanzó incluso la atención de la salud básica. Mediante el Expediente N° 4012-6511/2022 y la Licitación Pública N° 44/2022, el gobierno comunal adjudicó a Delta Constructora S.A. la remodelación del Sector de Internación de Hombres, Pediatría y Maternidad del Hospital Municipal por $99,95 millones (USD 537.365 según la Orden de Compra N° 63).

El 20 de febrero de 2023, la firma percibió un anticipo de $29.985.000 (USD 152.984 al tipo de cambio de $196 por dólar). Lo que siguió fue una réplica idéntica de lo ocurrido en la Hilandería: tras certificar un avance físico del 7,66%, las obras se congelaron. La inactividad fue tal que la Contaduría municipal debió frenar cuatro certificados posteriores al no alcanzarse el 20% de ejecución mínima contractual exigido para liberar nuevos giros. Hoy, en la guardia y salas de internación solo se observa parálisis edilicia.

El perfil oculto de Delta Constructora: insolvencia y cheques sin fondo

La asignación de contratos cruciales a Delta Constructora S.A. deja expuesta una marcada ligereza en la evaluación de idoneidad que exige la Ley Orgánica de las Municipalidades. Un examen de los antecedentes comerciales de la firma fundada en Mendoza en 1984 y vinculada al Grupo D'Amore revela un historial de morosidad y reveses judiciales en diversas provincias.

En el plano impositivo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ubica a la empresa en la Categoría 4 (Contribuyentes en Instancia Judicial por juicios de apremio). Paralelamente, la Central de Cheques Rechazados del Banco Central registra una sucesión de libramientos sin fondos. A esto se agregan desestimaciones previas en licitaciones de CABA y de la Provincia por no acreditar la capacidad técnica y financiera requerida.

Compras sociales, facturación apócrifa y el conveniente cerrojo político

El Expediente N° 4012-4821/2021, destinado a adquirir módulos alimentarios para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante la emergencia de 2021, abrió otro capítulo de gravedad institucional. El Municipio encauzó $15,99 millones (USD 167.046) a la firma Bakim S.R.L. y otros $7,73 millones a Francop S.R.L.

El Tribunal de Cuentas desaprobó estas rendiciones al constatar que se recurrió a una compulsa de precios cerrada entre proveedores preconcebidos, eludiendo la Licitación Pública obligatoria que establece el Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Las derivaciones superaron lo administrativo. A la par de sus contrataciones con Berisso, La Plata y Lanús, Bakim S.R.L. (CUIT 30-71569786-2) fue identificada por la AFIP y por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, como usina de un entramado de evasión y lavado. La investigación penal probó que la firma volcó al circuito formal más de $2.200 millones mediante 13.000 cheques respaldados por facturas apócrifas confeccionadas por la contadora Natalia Foresio.

Sin embargo, la actuación judicial exhibe una curiosa selectividad. Mientras el juez Kreplak avanzó contra la pata privada con embargos multimillonarios, el expediente parece haberse detenido antes de cruzar la puerta de la Intendencia de Berisso:

● José María Spinelli (controlador de Bakim S.R.L.): procesado como jefe de asociación ilícita fiscal y lavado de activos; embargo de $50.000 millones.

● Juan Manuel Formino (gerente de Bakim S.R.L.): procesado como organizador; embargo de $50.000 millones.

● Joaquín Nicolás Hoz (apoderado bancario): procesado como integrante de la organización; embargo de $20.000 millones.

● Natalia Romina Foresio (contadora): procesada como jefa de la usina de facturación; prisión domiciliaria.

Llama la atención que la instrucción judicial no haya profundizado sobre los funcionarios políticos que habilitaron y autorizaron los pagos hacia esta usina de facturas falsas. Ningún responsable de Desarrollo Social, Compras ni Hacienda fue citado a indagatoria. Varios de los firmantes de las contrataciones cuestionadas por el Tribunal de Cuentas continúan en cargos clave de la administración municipal.

El historial punitivo del Tribunal de Cuentas

El historial de las rendiciones de cuentas presentadas por la gestión de Fabián Cagliardi ante el Tribunal de Cuentas provincial muestra una secuencia ininterrumpida de sanciones, multas e intimaciones dirigidas al Intendente y a la cúpula de su gabinete.