El Gobierno descontará el día a los estatales que adhieran al paro de ATE y busca un acuerdo con las universidades

El Gobierno descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por ATE para este jueves y, en paralelo, busca acercar posiciones con las universidades para reducir otro de los focos de conflicto. La estrategia oficial apunta a mantener una postura dura frente a la medida sindical y negociar una salida presupuestaria con rectores, docentes y no docentes.

En Nación confirman que se descontará la jornada a quienes participen de la huelga, bajo el mismo criterio que el Ejecutivo aplicó en medidas de fuerza anteriores. ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el 15 de octubre y a una movilización al Congreso desde las 13.30 para reclamar la derogación completa del DNU 70/2023.

El sindicato anticipó que durante la jornada habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en determinados centros asistenciales. También prevé afectaciones en organismos nacionales como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, aunque cada jurisdicción determinará el alcance de la protesta.

La medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial que sectores de la oposición intentarán abrir en Diputados para avanzar contra el DNU 70. En la Casa Rosada sostienen que, por el momento, los bloques opositores no reúnen el quórum necesario y trabajan con aliados para evitar que la sesión comience.

El frente universitario, sin embargo, tiene una estrategia diferente. El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo dentro del Presupuesto 2027 y admite que está dispuesto a aumentar los recursos previstos para las universidades, aunque rechaza llevar la partida hasta los aproximadamente $11 billones que solicita el Consejo Interuniversitario Nacional.

El proyecto enviado al Congreso contempla alrededor de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el cálculo presentado por las casas de estudio ronda los $11 billones. La diferencia se ubica cerca del 32%. Un documento elaborado desde el sector universitario sostiene además que la propuesta oficial no cubriría las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario y de las resoluciones judiciales vigentes.

En el Gobierno consideran que la negociación no debe reducirse al monto global de las transferencias. Entre los asuntos que comenzaron a aparecer en las conversaciones figuran cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con ARCA, además del esquema de aportes patronales que alcanza a las universidades nacionales.

Las casas de estudio cuentan con un régimen especial de contribuciones patronales que converge progresivamente hacia la alícuota general del sector público. La normativa vigente establece para 2026 una alícuota de 13,65%, que subirá a 14,52% en 2027 y continuará aumentando hasta llegar al 17,13% en 2030. En ámbitos universitarios confirman que ese capítulo forma parte de las cuestiones que están bajo discusión, aunque todavía no hay un acuerdo sobre posibles modificaciones.

La intención de la Casa Rosada es utilizar esas variables para construir un entendimiento más amplio que combine fondos, salarios y cuestiones tributarias. En el Ejecutivo esperan que, si se alcanza una solución dentro del Presupuesto, las universidades desistan también del frente judicial abierto por la Ley de Financiamiento Universitario.

Ese expediente se convirtió en uno de los principales puntos de presión sobre el Gobierno. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su cumplimiento. El Ejecutivo apeló la sentencia y sostiene que ya avanzó parcialmente sobre las obligaciones salariales y de funcionamiento.

En junio, Capital Humano firmó con el CIN y los gremios un acuerdo que estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. También se fijó un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano. En septiembre, el Gobierno sostuvo además una mejora salarial adicional del 3%.

Las diferencias continúan. Referentes docentes y no docentes mantuvieron este martes reuniones con diputados por afuera de la Comisión de Educación para discutir el Presupuesto y calculan una brecha cercana al 30% entre la propuesta oficial y las necesidades que plantea el sistema universitario. Los rectores también reclaman que la ley vigente sea incorporada plenamente al cálculo de gastos para 2027.

La Casa Rosada quiere evitar que ese conflicto llegue abierto al año electoral. En sectores del Ejecutivo reconocen que la disputa universitaria combina un problema fiscal con un frente político y social y consideran conveniente cerrar un acuerdo antes de 2027. La posición oficial es que cualquier aumento debe mantener el equilibrio presupuestario y surgir de reasignaciones o recursos disponibles.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Ejecutivo seguirá trabajando sobre el financiamiento y afirmó que no recurrirá a emisión ni a mayor endeudamiento para cubrir los reclamos. También pidió que la movilización del jueves se desarrolle de forma pacífica y cuestionó el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno durante las últimas protestas.

El jueves concentrará así tres frentes para el Gobierno: el paro de ATE, la movilización universitaria y el intento opositor de sesionar en Diputados. La decisión inmediata será descontar el día a los estatales que adhieran a la huelga y sostener la negociación política para evitar el quórum, mientras el Ejecutivo apuesta a separar el conflicto universitario de esa confrontación y resolverlo mediante un acuerdo dentro del Presupuesto 2027.