El Gobierno dictó el “secreto militar” sobre las compras de equipamiento para las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa apeló al “secreto militar” para no justificar los gastos que realizó en la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida tomada con el argumento de no poner en riesgo “la seguridad nacional” indica que las adquisiciones que esa cartera pueda realizar están exceptuadas de responder a las requisitorias de publicidad y difusión propias de todo acto de gobierno.

Para hacerlo, la cartera que encabeza Carlos Presti se valió de un decreto de 1963 publicado bajo el gobierno de facto de José María Guido, quien luego de asumir tras el golpe de Estado contra Arturo Frondizi estableció la confidencialidad de las “adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites” castrenses.

Ese decreto había sido invocado por el gobierno de Javier Milei en dos oportunidades. La primera fue en abril de 2024, cuando a través del decreto 307/2024 decidió ampliar el Sistema de Defensa Nacional ante la supuesta presencia de “amenazas que se desplacen por el aeroespacio” argentino. Los detalles de las compras de material relativo a ese caso quedaron guardados bajo llave.

La segunda vez que se apeló al “secreto militar” fue para ampliarlo. Ocurrió en septiembre de 2024, cuando a través del 807/2024 incluyó en el secreto a toda “contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas”.

En su momento, esa medida tomada por el entonces ministro de Defensa Luis Petri fue interpretada como un paso forzado de legalidad para los acuerdos hechos entre el gobierno argentino y el estadounidense, destinados a la construcción de bases militares y la realización de ejercicios conjuntos.

Lo cierto es que ahora, con la administración de Presti y en medio de las tensiones con Gran Bretaña recalentadas por la administración de La Libertad Avanza (LLA) en la cuestión Malvinas, el Poder Ejecutivo volvió a apelar al “secreto militar” para no dar cuenta de los equipos o materiales que se puedan adquirir, sus cantidades, proveedores, países de origen y presupuestos.

“Personas autorizadas”

El decreto 1202/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial apela a la ley 24.948 sobre política de las Fuerzas Armadas y su responsabilidad para decidir los “requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas”.

A la vez, establece que el material adquirido o que se adquirirá será “conocido solamente por personas autorizadas” porque “su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.

“Una vez declarado el secreto militar de la aludida operación contractual, los organismos contratantes deberán seguir los trámites necesarios para la adquisición de dicho material, estando exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”, agregó el texto oficial.

En ese decreto, Presti se autoriza a sí mismo a “instrumentar la medida” que considere necesaria para que los organismos contratantes puedan avanzar con los trámites sin cumplir las rendiciones de cuentas.

Obviamente que en el decreto no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir, así como tampoco se dan otros detalles. Todo queda guardado bajo llave.