La justicia de Estados Unidos confirmó la condena a Fred Machado

Finalmente, se confirmó la condena a Federico Andrés “Fred” Machado. Le esperan seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. Sin embargo, el empresario rionegrino que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 podría regresar a la Argentina mucho antes de lo previsto. Según fuentes cercanas a Machado, la expectativa es que recupere la libertad a principios del año que viene y vuelva a instalarse en Viedma, donde pasó buena parte de los cuatro años y medio que estuvo detenido antes de su extradición. La intención es que cumpla allí los tres años bajo el régimen de libertad supervisada que le impuso la justicia norteamericana.

El juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, dictó la sentencia tras aceptar el acuerdo que Machado había alcanzado en mayo con la Fiscalía. Le impuso 72 meses de prisión por cada uno de los dos delitos, aunque dispuso que ambas penas se cumplan de manera simultánea. Es decir, no deberá pasar doce años tras las rejas, sino seis. La negociación le permitió, además, sacarse de encima la acusación por narcotráfico internacional, que contemplaba una pena mínima de diez años de cárcel. En apenas 17 minutos, la audiencia puso fin a una de las etapas más importantes de una investigación que comenzó en 2020 y que terminó por hacer estallar la campaña electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en 2025.

Machado permanece alojado en una cárcel de Oklahoma, Estados Unidos, desde donde mantiene contacto con sus familiares a través de una aplicación autorizada por las autoridades penitenciarias. Allí aguarda la definición de su situación carcelaria tras conocerse la sentencia. La cuenta que hacen por estas horas en el entorno de Machado es sencilla. El empresario fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, a partir de un pedido de captura internacional de Estados Unidos. Pasó por dependencias federales hasta que consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplió durante varios años en una propiedad ubicada camino al balneario El Cóndor, a pocos kilómetros de Viedma. Allí permaneció hasta octubre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia habilitó su extradición. Un mes después fue trasladado a Estados Unidos.

Las cuentas para volver

Si se reconoce todo el tiempo que estuvo privado de su libertad en la Argentina, Machado ya lleva cumplidos cinco años y casi siete meses de los seis que le impuso el juez Mazzant. El vencimiento de la pena se produciría el 16 de abril de 2027, aunque esa fecha podría adelantarse si accede a las reducciones que contempla la legislación estadounidense por buena conducta. De allí surge la expectativa de que el empresario esté en condiciones de recuperar la libertad durante los primeros meses del próximo año.

El reconocimiento del tiempo que pasó detenido en el país no es un detalle menor. Cuando la Corte Suprema habilitó su extradición, el 7 de octubre de 2025, ratificó las condiciones que había fijado el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva. Entre ellas figuraba que Estados Unidos computara el período de privación de la libertad durante el trámite de extradición. Según trascendió este martes, ese reconocimiento también habría formado parte del acuerdo entre Machado y los fiscales norteamericanos.

En Viedma, donde conserva sus vínculos familiares y donde su situación judicial fue seguida de cerca durante años, la posibilidad de su regreso volvió a instalarse. Fuentes cercanas al empresario señalan que su intención es pasar los tres años de libertad supervisada en la capital rionegrina. Por ahora, esa posibilidad no figura expresamente en la sentencia y deberá contar con la autorización de las autoridades estadounidenses. Si finalmente consigue regresar a principios de 2027, el período de supervisión se extendería hasta los primeros meses de 2030.

Machado todavía tiene una cuenta pendiente con la Justicia de Texas: cuánto dinero deberá devolverles a las víctimas de las maniobras fraudulentas que desarrolló a través de sus negocios aeronáuticos. Para resolverlo, Mazzant fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027 en el tribunal federal de Sherman.

El problema de Espert

Mientras Machado hace cuentas para volver a la Argentina, José Luis Espert tiene prohibido salir del país. El pasado 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario por lavado de activos, le trabó un embargo de mil millones de pesos y dispuso una restricción para que no pueda viajar al exterior. La investigación gira alrededor de los 200 mil dólares que recibió en enero de 2020 de una firma vinculada al empresario rionegrino, una transferencia que quedó registrada en el expediente judicial estadounidense.

Espert sostuvo que aquel dinero correspondía al primer pago de un contrato de consultoría por un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala. La explicación no convenció al magistrado, que consideró que se trató de un contrato simulado y que el economista pudo haber conocido el origen ilícito de los fondos. Mirabelli también procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, como presunto partícipe necesario del lavado y le impuso un embargo de 700 millones de pesos. La resolución alcanzó, además, a la sociedad familiar Varianza S.A., embargada por otros 500 millones.

El 27 de octubre, Espert apeló su procesamiento, pidió el sobreseimiento y reclamó que le levantaran tanto el embargo como la prohibición de salir del país. El exdiputado, que había sido defendido hasta último momento por Javier Milei antes de renunciar a su candidatura en las elecciones legislativas del año pasado, volvió a negar haber cometido un delito y atribuyó motivaciones políticas a la decisión judicial.

La paradoja es que, mientras el empresario que le facilitó aviones y financiamiento a Espert durante su primera aventura presidencial podría estar de regreso en la Argentina en cuestión de meses, el economista que hizo de la consigna “cárcel o bala” su principal carta de presentación política enfrenta ahora un procesamiento por lavado de dinero, tiene sus bienes embargados y no puede salir del país.