juego de libre mercado
La reforma política de Milei que le abre las puertas al narcotráfico y el crimen organizado
Además de la suspensión de las PASO y la habilitación de listas colectoras, la iniciativa que impulsa La Libertad Avanza elimina los aportes del Estado para que los partidos financien las campañas electorales y habilita la intervención de grandes capitales privados. Según expertos, podría ser una vía de penetración de dinero de origen dudoso o delictivo.
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18/11/2026 - 13:31hs
La reforma política que impulsa el gobierno de Javier Milei podría abrir las puertas al financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado, cuasi institucionalizar el lobby de cara al proceso electoral y transformar las campañas en un juego donde el libre mercado tendrá más peso que el cuidado y el respeto del sistema democrático.
Más allá de la suspensión de las PASO y la inclusión de las listas colectoras, el proyecto que promueve La Libertad Avanza en el Congreso esconde un capítulo que modifica el financiamiento de los partidos, cuestionado por expertos que alertan sobre los riesgos para el futuro de la vida democrática.
El proyecto de Reforma Política fue impulsado meses atrás por el Gobierno, con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, con las negociaciones trabadas en el Senado y a contrarreloj para aprobar los cambios antes de fin de año, el oficialismo aceptó incluir modificaciones, que incluyen la suspensión de las primarias por única vez y la incorporación de las listas colectoras, que permitiría que dos fuerzas provinciales acompañen a un mismo candidato presidencial, pero compitiendo entre ellas por las bancas en el Congreso.
Pero el proyecto además promueve cambios sensibles en el sistema de financiamiento de las campañas: por un lado, elimina aportes del Estado a los partidos políticos para la financiación y para solventar la publicidad gratuita en canales de TV y radios. Además, suprime los topes de gastos que los partidos pueden hacer durante las campañas, mientras que eleva el límite de aportes que pueden realizar personas y empresas privadas.
Elecciones: el financiamiento de los partidos en manos privadas
“Las campañas dejarán de ser solventadas casi íntegramente por el Estado y se le abrirá paso al financiamiento proveniente del sector privado”, señala el texto original del proyecto, que además resalta que el Estado tendrá como rol principal “garantizar la transparencia” de los partidos, sus actividades y su financiamiento.
Según la iniciativa libertaria, “el incentivo” de los partidos para participar en la dinámica política no serán los fondos públicos y los aportes extraordinarios de campaña, sino “la posibilidad real de dar un debate profundo de ideas y representar a los argentinos con propuestas concretas”.
Y si bien el capítulo de financiamiento de los partidos establece límites a quienes pueden aportar, el extitular de la Dirección Nacional Electoral Alejandro Tullio advirtió que la autorización a terceros para financiar actos de campaña representa un “riesgo de seguridad”. “Es una vía de penetración de dinero de origen dudoso o delictivo a través de campañas electorales”, dijo
Según Tullio, la experiencia que han recorrido otros países demuestra los riesgos que representa la apertura de los privados a formar parte de las campañas políticas.
“Es un riesgo de captura: el narcotráfico y el crimen organizado pueden capturar candidaturas a través de mecanismos de financiamiento, es un peligro actual e inminente, porque está ocurriendo en muchos países”, sostuvo.
Ese riesgo no es menor se ha repetido de forma sistemática en otros países. La democracia no tiene precio, pero sí un costo, una discusión que gana peso en un contexto donde el fantasma del financiamiento espurio de las campañas recorre a América Latina hace años, desde México —donde organizaciones criminales auspician candidaturas e infiltran candidatos— a Colombia —donde se reportaron denuncias acerca de que el narco y la minería ilegal financiaron campañas políticas. Situaciones similares han sido denunciadas en Ecuador y Perú.
“La Constitución dice que el Estado colabora en el financiamiento. Este proyecto no elimina el financiamiento de los partidos, sino de las campañas. Tiene que haber financiamiento y garantía de parte del Estado para el acceso a los medios de comunicación, no como un derecho de los partidos a difundir sus ideas, sino de los ciudadanos a conocer sus propuestas”, agregó Tullio.
Aportes en especie
Según el proyecto, los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones anónimas, ni de empresas o personas vinculadas a los juegos de azar, personas o instituciones extranjeras, organizaciones sindicales, asociaciones patronales o profesionales, personas u organizaciones condenadas o procesadas por narcotráfico y contrabando, entre otras.
Además, prohíbe a los extranjeros realizar donaciones a partidos políticos, que hasta ahora podían realizar sólo quienes tienen residencia oficial en Argentina.
El proyecto también habilitará el financiamiento privado ilimitado siempre que sean donaciones “en especie” y no dinero —bienes o servicios— aunque deberán precisarse en actas que identifiquen al aportante, los servicios prestados, el monto estimable en dinero y la fecha.
“No constituyen contribuciones en especie los gastos independientes realizados por cualquier persona humana o jurídica que se encuentren orientados a promover o desincentivar expresamente el apoyo a una agrupación política o candidato concreto individualizado, sin que exista ningún tipo de concertación o coordinación previa con alguna agrupación política o candidato”.
El texto además dice que “el actual sistema de financiamiento de los partidos ha llevado a que la sociedad se acostumbre a una serie de anomalías institucionales que no deberían tener lugar en un sistema republicano y democrático”. “La política no ha estado a la altura de lo que le demanda la sociedad Argentina”, agrega.
En la campaña de 2023 que depositó a Milei en la Casa Rosada, el libertario obtuvo la mayor parte de los recursos gracias a los aportes del Estado (87 %) y las donaciones privadas apenas representaron un 12,7 %.
Una democracia más chiquita
“Abre las puertas a que sean candidatos aquellos que reciban aportes privados. Esto termina transformando a la democracia en un sistema de amiguismo de empresarios”, aseguró a Página|12 el abogado constitucionalista Diego Armesto, quien advirtió que la reforma impulsada por el gobierno implicará un silenciamiento a los partidos pequeños. “En un proceso electoral todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información, escuchar ofertas electorales”, dijo.
En esa línea, el proyecto libertario también elimina los debates obligatorios de los candidatos presidenciales, que sólo serán organizados por el Estado en caso de que hubiera balotaje, pero no en las generales. Fueron incluidos al sistema electoral en 2016 y se aplicaron por primera vez en 2019 y luego en 2023, tras la exitosa experiencia del debate 2015, organizado por la ONG Argentina Debate junto al think tank CIPPEC.
“Pareciera que la democracia se va haciendo cada vez más chiquita”, aseguró Armesto, quien advirtió por el financiamiento de las campañas de parte de organizaciones criminales y empresas “rompe el principio de igualdad”. “Ya no todos tendrán las mismas condiciones. Estas modificaciones afectarán la oferta electoral, la calidad democrática y el debate público”, dijo.
“El financiamiento dependerá de la reglamentación, la forma de transparencia, la intervención de organismos de control, pero sabemos cómo son los controles, que son la nada misma. Se abre la puerta a un mecanismo por una coyuntura electoral para obturar el debate público”, resaltó.
Así, como si se tratara de una góndola de supermercado o una mesa de saldos a fin de temporada, el proceso electoral podría estar sometido a las leyes del mercado, donde las leyes de oferta y demanda canalizarán los aportes según los intereses en juego de una determinada provincia o ciudad, una suerte de institucionalización del lobby, donde empresas, individuos y otros actores de la vida pública podrán influir con dinero y presión en decisiones de la vida cotidiana.
“La capacidad de lobby de una empresa con el financiamiento existe, es inherente al capitalismo, hay que convivir, por eso hay normas de rendición de cuentas que deben mantenerse”, consideró Tullio.