Activistas mexicanas ayudan a abortar a mujeres estadounidenses

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto, los activistas mexicanos en materia del derecho al aborto han recibido muchas solicitudes a través del teléfono y las redes sociales de estadounidenses desesperados que buscan píldoras abortivas.

“En promedio, estábamos recibiendo casi diez llamadas al día y ahora se han disparado a cien”, comentó Verónica Cruz, fundadora del grupo activista Las Libres en Guanajuato, México, hablando sobre el aumento de solicitudes para obtener píldoras abortivas.

“Antes provenían de Texas; Oklahoma, y Miami, Florida”, añadió. “Ahora llaman de todas partes”.

Las Libres en Guanajato

Durante casi dos décadas, Cruz ha suministrado los medicamentos abortivos mifepristona y misoprostol a mujeres en México, donde los índices de violación y violencia doméstica están entre los más altos del mundo. Nunca imaginó que también ayudaría a las mujeres del otro lado de la frontera.

Las Libres, que recibe medicamentos de farmacéuticas con sede en México y de donantes privados, ha creado una red transfronteriza de más de cien voluntarios que entregan personalmente píldoras abortivas a mujeres que las necesitan en Estados Unidos. A menudo, la red depende de que las mujeres pasen el medicamento sobrante a otras mujeres que lo necesitan.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda la mifepristona y el misoprostol para inducir un aborto hasta las diez semanas de embarazo. En 2021, aprobó que provedores certificados los entreguen por correo.

Sin embargo, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que da seguimiento a la política del aborto, al menos siete estados (Arizona, Arkansas, Luisiana, Montana, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas) han prohibido el envío por correo de píldoras abortivas, por lo que en efecto han confrontado la ley estatal con las protecciones federales. Las nuevas restricciones están en vigor en Arizona, Arkansas y Texas y se espera que entren en vigor en Luisiana en agosto.

En 2021, los legisladores republicanos de Texas tipificaron como delito la entrega de píldoras abortivas por parte de alguien que no sea médico o que “permita a otra persona inducir un aborto”, lo que se castiga con penas de cárcel.

“Las personas de esta red están realizando un trabajo que conlleva un importante riesgo legal”, explicó Farah Díaz-Tello, asesora principal y directora legal del grupo If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice, que gestiona una línea de atención telefónica para mujeres que buscan abortos legales.

“Pueden detenerlas y denunciarlas, incluso de un delito grave según la ley SB 4″, añadió, refiriéndose a la ley de Texas. “Es fácil imaginar a un fiscal muy motivado que las acuse de homicidio”.

Algunas leyes estatales, como la Ley 4 del Senado de Texas, afirman que su objetivo es detener la distribución de píldoras abortivas y que las mujeres que las toman no son responsables penalmente. Pero los defensores del derecho al aborto dicen que se muestran escépticos, citando ejemplos recientes de mujeres que han sido interrogadas y a quienes han denunciado por ser sospechas de haberse sometido a abortos con medicamento.

Por ahora, Cruz dice que Las Libres seguirá respondiendo al llamado de las mujeres que lo necesiten.

“Lo que me preocupa ahora con las mujeres en Estados Unidos es que el miedo les impida buscar otras opciones”, concluyó.