Advierten que en marzo pueden colapsar las terapias intensivas en Uruguay

Uruguay registró 644 casos y 11 muertes por coronavirus, en momentos en que la tendencia respecto al crecimiento exponencial de los contagios hace temer un colapso en breve del sistema sanitario y el Gobierno negocia la compra de vacunas para enfrentar la pandemia.

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, advirtió que los Centros de Terapia Intensiva (CTI) podrían colapsar en marzo en caso de que se mantenga la tendencia actual respecto al crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus, que con las nuevas cifras el total de casos supera los 38.000 y los 401muertos.

"Contemplamos la curva ascendente desde noviembre de 2020 a mediados de enero; si sigue la misma pendiente de crecimiento estamos hablando de un escenario de saturación de CTI para marzo", dijo Pontet en una entrevista realizada por la estatal Radio Uruguay.

El especialista agregó que en marzo no se habrá obtenido la "inmunidad de rebaño", ya que la vacunación será incipiente, por lo que enfatizó que será necesario mantener cuidados como el uso de barbijo y la higiene de manos, medidas que entiende deberán mantenerse incluso una vez superada la pandemia.

"Hemos observado que las infecciones respiratorias de invierno habituales bajaron con todas estas medidas, entonces es saludable mantenerlas más allá de la Covid-19; el uso de tapabocas en los inviernos, vino para quedarse", afirmó.

Uruguay mantiene negociaciones con Rusia para adquirir dosis de la vacuna Sputnik V y, aunque todavía quedan consultas técnicas y científicas por resolver, desde Moscú creen que pueden trabajar “con la mejor buena voluntad” para facilitar el producto al país sudamericano.

Así lo dijo a la prensa el embajador de Rusia en Uruguay, Andrey Budaev, tras reunirse en la Torre Ejecutiva de Montevideo con el presidente Luis Lacalle Pou.

De momento, Uruguay -de unos 3,5 millones de habitantes- tiene confirmada la compra de casi 3,8 millones de dosis de vacunas a los laboratorios Pfizer y Sinovac, además de una reserva de 1,5 millones del Fondo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la distribución de inoculantes entre países de menores ingresos.