Bolivia estatizó el sistema de pensiones después de 26 años en manos privadas

Los casi 24.000 millones de dólares de los ahorros bolivianos para su jubilación dejaron de ser responsabilidad de dos empresas privadas de propiedad extranjera y comenzaron a ser administrados por la Gestora Pública.  

Con el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, el Gobierno promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. El cambio inminente ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales y es considerado como una “apropiación del dinero de la gente” por parte de la oposición política del país.

Jaime Durán, gerente de la Gestora, declaró que esta subirá los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones de 3%, que es el promedio logrado por las AFP en dos décadas y media, a más de 4%. Para eso, dejará de cobrar las comisiones que las AFP descontaban de las inversiones. También disminuirá la comisión directa que estas entidades privadas imponían a cada jubilado, de 1,81% a 0,5%. “Lo haremos mejor y a un menor costo”, prometió.

El camino para renacionalizar las pensiones ha sido largo. Ya en 2010, el Gobierno de Evo Morales argumentaba que las AFP nunca habían competido entre ellas, que el resultado de su trabajo había sido mediocre y que, a cambio, estas compañías se llevaban grandes utilidades que alcanzaron los 225 millones de dólares en 2023. La animosidad contra las AFP, que al comienzo era alta, fue disminuyendo en el largo tiempo que se necesitó para concretar la rescisión de sus contratos. Hoy, el sentimiento predominante en los sectores sociales, sobre todo en los que son generalmente opositores, como los maestros, universitarios, policías, militares, pero también en algunos grupos obreros, parece ser el temor al cambio y a que el Gobierno use mal los recursos, como ocurría en la época anterior a la privatización.

Aprovechando esta susceptibilidad, la oposición política, que en Bolivia tiene una orientación predominantemente liberal, habla abiertamente de que el Gobierno “se apropiará” de unos fondos que son privados y que los usará para pagar su déficit. “La Gestora Pública está dirigida por cinco ejecutivos que fueron nombrados por el oficialismo, por lo que no hay una garantía que los trabajadores reciban una jubilación digna”, denunció el rector de la Universidad de Santa Cruz, Vicente Cuéllar.

El gerente Durán ha asegurado que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y que prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP, es decir, a través de la compra de bonos públicos garantizados en la bolsa de valores. Actualmente, solo un 20% del dinero de jubilación está prestado al Gobierno.