El congreso de Ecuador aprobó un nuevo juicio político contra Guillermo Lasso por un caso de corrupción

El Congreso de Ecuador resolvió este martes iniciar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. Se trata del segundo intento por destituir al mandatario en un año.

Con el voto a favor de 88 legisladores, 23 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo dio luz verde a la iniciativa de la Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica. En concreto, se acusa al gobernante de derecha de un supuesto peculado -malversación- en un contrato para el transporte de crudo.

El ministerio de Gobierno dijo que el proceso legislativo era ilegal. “No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado. Claro atentado contra los principios democráticos y la Constitución”, afirmó en Twitter.

Este es el segundo juicio político al que es sometido Guillermo Lasso

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es la mayoría, pero está dispersa- pretende remover del cargo al gobernante, que asumió el poder en mayo de 2021.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).

La nueva moción fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera Correa.

La resolución se logró con el apoyo de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.

Qué dice la acusación contra Guillermo Lasso

Según la acusación descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.

De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron a continuación los contratos de transporte de petróleo a favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.