El gobierno de Lula acelera las causas contra el ex juez Moro

Luego que la Corte Suprema brasileña anulara las pruebas presentadas por el ex Juez Sergio Moro,  quien fuera luego funcionario de Jair Bolsonaro; el Ministro de Justicia Flavio Dino dio la orden para que se aceleren  las investigaciones contra quienes participaron de la operación Lava Jato.

Lo cierto es que el Supremo tribunal brasileño decidió que se anulen todas las pruebas que se obtuvieron  mediante el  acuerdo de colaboración (conocido como delación premiada) con el conglomerado de construcción e ingeniería Oderbretch.

Se trata del acuerdo firmado en diciembre del 2016 entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht  y ratificado en mayo del 2017 por el mencionado Moro.

Dino consideró que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal por el ex juez Sergio Moro y un grupo de ex fiscales.

En el mencionado acuerdo, la empresa se comprometía a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Uno de los jueces, Antonio Días Toffoli,  comparó los métodos de Moro con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos y calificó la detención de Lula por más de 500 días como "un error histórico".

En su dictamen, el magistrado también ordena que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de clemencia con la constructora.

Para Toffoli, “las causas que llevaron a nulidad de los elementos de prueba obtenidos a partir del acuerdo de colaboración celebrado por Odebrecht son objetivas” y no se limitan al “universo subjetivo” de Lula. También criticó los términos del acuerdo de Odebrecht y ordenó el envío de más información sobre la indulgencia.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo tras el fallo de los supremos que "la decisión del Ministro Toffolli tiene dos implicaciones: una de carácter jurídico, que reafirma la inocencia del Presidente Lula, juzgado indebidamente y sin el debido proceso legal; el otro es de carácter político, ya que registra los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra Historia".

"Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para dar cumplimiento a la determinación de responsabilidad penal de los agentes públicos", advirtió Dino en conferencia.

Los acuerdos, firmados en 2017, deberán volver ahora a los jueces de primera instancia para ser revisados. El magistrado consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.