En medio de un duro debate, el Gobierno peruano revisa su relación con las mineras

El intenso debate que se formó en Perú esta semana por el anuncio del probable cierre de cuatro minas hecho por la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, se dirigía este jueves a una salida consensuada entre el Gobierno y las empresas del sector.

"Descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales", afirmó el Gobierno en un comunicado, tras rondas de diálogos con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) que le pusieron rápido fin al desencuentro.

"Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación", añade la nota para aclarar el panorama.

De esta forma, quedó de nuevo sobre el papel que las mineras podrán operar sin problemas en Perú, siempre que tomen medidas de seguridad para evitar los problemas ambientales que han llevado a varias comunidades a oponerse a su presencia.

Las acusaciones por el daño ambiental

La minería le aporta a Perú un 14% de su PBI y de ahí su trascendencia. No obstante, de 189 conflictos sociales monitoreados en el país desde años atrás, 84 tienen que ver con esa actividad y, específicamente, con el supuesto daño ambiental que deja en los ríos y, por consecuencia, en la población.

En el caso de las minas cuyo cierre se anunció -Apumayo, Inmaculada, Pallancata y Breapampa-, el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Agua han hallado desde años atrás excesos de arsenio, aluminio, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno, cobalto, cadamio y fósforo, entre otros, en ríos de las provincias ayacuchanas de Parinacochas, Lucanas y Páucar de Sara Sara, donde operan.

"Ello no significa que los cuatro proyectos sean responsables de la presencia de esos metales. Significa que en esas comunidades creen que las mineras han contaminado el agua. Para determinar las causas se requieren nuevos estudios" señaló el canal online Epicentro TV, que ha investigado a profundidad el asunto.

El anuncio de Vásquez, quien en octubre logró con diálogos que campesinos ayacuchanos levantaran medidas de fuerza contra esas empresas, fue interpretado como una iniciativa del Gobierno, aunque en realidad se refería a la agilización de compromisos de las propias mineras para cesar sus actividades.

Lo que hubo en respuesta, según el abogado especializado en derechos humanos José Saldaña, fue "una gran campaña de desinformación de medios de comunicación y gremios empresariales" para presentar el anuncio como una ofensiva "antiminera y antiempresa privada" lanzada por el Gobierno de izquierda de Pedro Castillo.

El hecho de que Vásquez sea de izquierda y tenga trayectoria como activista ambiental sirvió para que los medios la acusaran de actuar por "sesgos ideológicos" e incluso por "venganza", mientras de inmediato se apuntaba hacia el propio Castillo, contra quien hay un proceso de destitución parlamentaria impulsado por la derecha.

En medio de la conmoción, que generó una fuerte caída en la Bolsa de Lima y, en especial, en las acciones de la británica Hochschild Mining, dueña de Inmaculada y Pallancata, el Gobierno invitó a los empresarios al diálogo, lo que fue aceptado. El presidente de la Snmpe, Raúl Jacob, destacó pronto el buen camino por el que iba todo.

Hochschild y las dueñas de las otras dos minas en cuestión, Apumayo y South America Minning Investments, admiten que tienen acuerdos previos para el cierre, como ocurre con todos los emprendimientos similares, pero aseguran que tiene planes para continuar, lo que podrán hacer al amparo del nuevo marco generado esta semana.

Las cuatro minas han significado una inversión por 2.000 millones de dólares y generan 6.000 empleos directos e ingresos para 54.000 familias en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres de Perú pese a que en su suelo se explotan oro, plata, plomo, zinc, molibdeno y estaño y hay nuevos yacimientos de hierro y uranio.

Las protestas contra la minería en diversas zonas del país se producen desde hace lustros, con los daños ambientales como motivo. Los líderes de las movilizaciones dicen haber sido estigmatizados, sin que se les escuche.

"Fui sindicado como agitador, antiminero, terrorista. El poder fáctico empresarial es tan fuerte que todos los días recibimos amenazas. Vamos a respaldar a la premier (Vásquez). Son 10 años de postergación y abandono", le dijo al diario La República el alcalde del distrito de Chumpi (provincia de Parinacochas), Adrián Geldres.

Tras el anuncio de los acuerdos, Vásquez advirtió que el hecho de que se abran las puertas a la prolongación de la presencia de las empresas no es una traición a los campesinos, pues esa continuidad se hará sobre reglas claras que recojan las demandas populares.

En medio de todo ese ruido, Castillo reiteró que su Gobierno respetará la iniciativa privada. Pero ahora hubo un cambio, pues lo habitual es que sea Vásquez quien salga a defender a un Presidente acosado por la oposición.

"Vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de garantizar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería, respetando estrictamente el marco legal", afirmó Castillo en un acto público en el departamento de Arequipa.

"Mi Gobierno apuesta por una minería responsable, moderna, sostenible (…). Desde el inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de la comunidad", agregó.

Hacer que las empresas respeten los derechos ciudadanos, sin que eso signifique entorpecer la acción de los privados fue una de las promesas de campaña de Castillo, quien en cuatro meses de gestión ha estado permanente contras las cuerdas por, según los analistas, la ofensiva sin tregua de la oposición y sus propias contradicciones.