La calidad de la democracia decae en América Latina

La conclusión a la que lleva este análisis regional es que se está experimentando, por cuarto año consecutivo, un declive en el índice de democracia. El puntaje promedio cayó a 5,79, por debajo del 5,83 en 2021. El ejemplo más destacado es El Salvador, que registró la segunda disminución más pronunciada de la puntuación en la región, después de Haití, en 2022.

“Varios países están experimentando un proceso de retroceso democrático”, fue uno de los pasajes más duros del documento. El ejemplo límite es Haití que atraviesa una aguda crisis institucional, al borde del colapso, y experimenta el tercer peor índice mundial en cuanto a la pérdida de democracia. “La débil capacidad estatal es una de las principales causas de los bajos puntajes de la región relacionados con el funcionamiento del gobierno y la cultura política, señaló el informe.

Según el informe, en Haití se está recuperando de las secuelas del asesinato del ex presidente, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Por su parte, el primer ministro interino, Ariel Henry, no pudo restablecer el control del Estado sobre partes del país ni convocó a elecciones. De esta forma ganaron terreno las pandillas armadas, varias de ellas vinculadas a redes de narcotráfico. “En medio de la terrible situación humanitaria y de seguridad, Henry pidió una intervención extranjera para ayudar a restablecer el orden”, señaló The Economist.

Según el extenso documento titulado Frontline democracy and the battle for Ukraine los latinoamericanos tienen un bajo nivel de confianza en las instituciones estatales. “La región alberga algunos de los países más desiguales y corruptos del mundo. La capacidad del Estado también se vio debilitada por el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales. El narcotráfico está generando altos niveles de delincuencia y corrupción incluso en las democracias más sólidas de la región, como Chile y Uruguay”, sostuvo el informe.

Según el informe, es llamativo que la baja en el índice se dio luego del levantamiento de las medidas prevención causadas por la pandemia del covid 19, en donde las libertades civiles se vieron restringidas. “De los 24 países medidos, los puntajes de 13 disminuyen en comparación con 2021, nueve aumentan y dos permanecen sin cambios”, se informó.

Sin embargo, estas mejoras se vieron contrarrestadas por un fuerte deterioro en los puntajes impulsados por Haití (-0,68), El Salvador (-0,66) y México (-0,32) mientras que los que registran descensos más modestos incluyen a Perú (-0,17) y Brasil (-0,08).

La trilogía sudamericana: Argentina, Brasil y Chile

En el ranking encabezado por Noruega (9,81) y seguido por Nueva Zelanda (9,81), Argentina se ubica en el puesto 50 del ranking 2022 con un índice de 6,85 y no varió su posición con respecto al año pasado. A nivel regional, Argentina, ubicada en el sexto lugar, es precedida por Panamá, Surinam, Jamaica, Chile y Costa Rica.

En conferencia de prensa durante esta mañana, la vocero presidencial Gabriela Cerruti se refirió al respecto luego de una pregunta acerca si el Gobierno toma nota de estos índices. “Argentina no tiene ninguna queja formal parte de ningún país sino que forma parte del concierto internacional de las naciones en la que tiene un rol muy destacado”, expresó con cierto desdén sobre el tema.

“Si hay una política que ha sido muy fluida y fuerte es la de este Presidente en cuanto a la política exterior donde ha sido protagonista como, por ejemplo, su participación en el G-7 algo a lo que nunca habíamos sido invitados”, cerró.

Por otro lado, hoy se cumple un mes en que la Oficina Anticorrupción (OA) no tiene un titular designado. Desde la renuncia de Félix Crous, producida el 30 de diciembre pasado, el Gobierno aún no designó a su reemplazante. Hoy el organismo está en manos de quien lo secundó, Nicolás Gómez y, según fuentes gubernamentales, existe un “normal funcionamiento” en la OA bajo su mando

Una atmósfera cargada de hiperpolarización y oposición a los cargos fueron dos de los tópicos en los que se centró el informe para relevar a América Latina durante 2022, centrándose en las elecciones celebradas en las democracias más grandes de la región.

“La elección más polarizada ocurrió en Brasil entre Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El primero dijo que tenía poca confianza en las máquinas de votación electrónica de Brasil y amenazó con no reconocer los resultados y Lula ganó la presidencia por un estrecho margen en una segunda vuelta”, resumió el informe.

Las manifestaciones de los partidarios del líder conservador -negándose a aceptar los resultados y exigiendo la intervención de las fuerzas armadas- como así también la fallida denuncia e intentos para anular la mitad de los votos de la segunda vuelta, fueron algunos de los puntos negativos que destacó el informe inglés, sobre el gigante sudamericano.

Los miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema fueron muestras, según The Economist, que “las instituciones democráticas brasileñas resistieron sus ataques” a pesar de que el ala dura de los partidarios conservadores utilizaron la violencia política y llamaron a un golpe militar para debilitar las bases de la democracia brasileña.

Otro punto que se tocó en el informe fue el intento de reforma constitucional de Chile y el estallido social del 18 de octubre de 2019. El rechazo hacia la nueva Constitución (por un amplio margen de 24 puntos) ocurrido el 3 de septiembre de 2022 significó un duro revés político para el flamante presidente Gabriel Boric, quien respaldó el proceso. Esta derrota del primer mandatario redujo los anteriores niveles de polarización política y acordaron un segundo proceso de reforma para 2023 para “corregir las fallas en el diseño institucional”.

Colombia fue el otro foco de análisis en “la elección presidencial más polarizada del país en la historia reciente” con respecto al llamado a las urnas en 2022. “El país se vio muy afectado por la pandemia de covid-19 en 2020-21 y el sentimiento antisistema era alto, lo que provocó que los candidatos de los partidos tradicionales no lograran llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”, destacó el informe acerca del histórico comicio en el cual el candidato Gustavo Petro derrotó al populista de derecha Rodolfo Hernández convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda de Colombia.

México, Perú y El Salvador en la mira

Durante 2022, América del Sur aumentó el puntaje de la región a medida que se levantaron las restricciones para combatir la pandemia, pero en la región Central y el Caribe hubo una disminución constante en su puntaje a partir de 2018. ¿El motivo? los acontecimientos en México, Perú y El Salvador.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador experimentó un proceso de retroceso democrático. “El usó su posición para atacar a sus oponentes, incluidas las autoridades electorales. En 2022, el gobierno aprobó una reforma que reduce el financiamiento de la autoridad electoral y restringe sus poderes de supervisión, poniendo en riesgo la integridad electoral”, destacó el informe.

En aquel país, al menos 13 periodistas fueron asesinados en 2022 y los servicios de inteligencia mexicanos espían habitualmente a periodistas y activistas. “El papel de las fuerzas armadas en los asuntos públicos y la economía se amplió bajo el gobierno de AMLO incluso otorgándoles el control de la Guardia Nacional hasta 2028“, amplió el documento.

Con respecto al Perú, The Economist Intelligence Unit Limited 2023 se enfocó también en la disminución del puntaje de Perú en 2022 al cual se lo clasificó de estar bajo un “régimen híbrido”. Se hizo un racconto de la situación del ex presidente Pedro Castillo quien “anunció inesperadamente que tenía la intención de cerrar el Congreso, convocar elecciones legislativas anticipadas, gobernar por decreto, reestructurar el poder judicial e imponer un toque de queda”.

Luego se hizo hincapié en la votación en el Congreso unicameral para decidir su expulsión del poder y el fracaso del “autoproclamado golpe de Estado” que llevó a la destitución del primer mandatario y al que se lo comparó en el informe con el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), “quien cerró el Congreso en 1992 en un intento por concentrar el poder”.

En el informe se señaló a Dina Boluarte (vicepresidenta de Castillo y primera mujer presidenta de Perú) quien enfrentó protestas en todo el país que exigían su renuncia, elecciones generales anticipadas y, en menor medida, la liberación de Castillo de la cárcel. Luego de la revuelta social, con casi 50 muertos, “la Sra. Boluarte presentó al Congreso una reforma constitucional para convocar a elecciones anticipadas e impuso un Estado de Emergencia por un mes”.

“Un entorno político inestable (seis presidentes y tres congresos diferentes que gobiernan el país desde 2016), una polarización extrema y una alta tolerancia hacia el gobierno militar“, son algunos de los factores más importantes que llevan a la caída en el índice democrático del país andino.

Un punto llamativo fue el del El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele, aplicó “políticas de mano dura contra el crimen y la retórica antisistema” que lo llevó a que sea muy popular. De esta forma, indicó el documento de The Economist, pudo socavar los controles y equilibrios, incluido el reemplazo de toda la bancada de la Corte Suprema. “En 2022 anunció que se postulará para la reelección consecutiva a pesar de los límites constitucionales, y una Corte Suprema dócil aprobó la medida”, agregó el informe.

El primer mandatario, en el poder desde 2019, introdujo un Estado de Emergencia que restringió “severamente las libertades civiles y condujo al encarcelamiento de alrededor del 1% de la población bajo sospecha de pertenecer a una pandilla”. Acusaciones de docenas de reclusos muertos bajo custodia, se cruzan con “medidas criminales que amenazan con restringir las libertades de los medios de comunicación, erosionando aún más las libertades civiles”, subrayó el informe.

Narcotráfico y Estados de Emergencia

La región de América Latina y el Caribe es un centro mundial para los cárteles transnacionales de la droga que -según el informe- representan una amenaza para la democracia. “El narcotráfico erosiona la capacidad estatal al hacer que la corrupción sea extremadamente lucrativa y expande el uso de la violencia por parte de actores no estatales, lo que, a su vez, conduce a una erosión de las libertades civiles a medida que los gobiernos buscan abordar las demandas de más seguridad de los ciudadanos”, amplió el informe.

Uno de los países de la región más afectados por este flagelo en 2022 fue Ecuador. En noviembre, el país experimentó una ola de violencia por parte de bandas de narcotraficantes que protestaban contra el Gobierno de Guillermo Lasso. El mandatario “intentaba reducir la violencia relacionada con las drogas en las cárceles superpobladas del país” y decretó Estado de Emergencia por 45 días en las regiones afectadas.

Por otro lado, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro, también introdujo una medida de emergencia estatal por un mes en las principales ciudades. ¿Su objetivo? “Abordar la extorsión desenfrenada de las poderosas pandillas del país junto a las medidas draconianas ante el aumento de las tasas de criminalidad que incrementan el riesgo de un autoritarismo progresivo”, cerró The Economist.

Vale recordar que el vicepresidente del país centroamericano, Salvador Nasralla, advirtió que la actual presidenta podría convertir a la nación en “una nueva Venezuela”. Y además denunció que no cumplió los compromisos adquiridos con su partido tras asumir el poder. “El problema es que si Zelaya (esposo de la mandataria y ex presidente de Honduras), controla la Corte Suprema de Justicia, ella tendrá el control de los tres poderes del Estado al igual que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Nicolás Maduro”, aseguró en una entrevista para CNN. (The Economist-USA)