La Convención Constitucional chilena aprobó el derecho a una muerte digna

El pleno de la Convención Constitucional de Chile aprobó el derecho a todas las personas a una muerte digna, por lo que la iniciativa pasa al borrador de la nueva Constitución, pero sin un inciso que se podía considerar una puerta de entrada a la eutanasia.

El derecho a una muerte digna fue aprobado con 116 votos a favor (necesitaba 103), 24 en contra y 11 abstenciones.

Minutos después fue aprobado el segundo inciso de la norma tras lograr el quórum de dos tercios, que establece que el Estado deberá garantizar el acceso a tratamientos o cuidados paliativos a “todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida”.

En total, eran cuatro incisos referidos a la muerte digna, pero al menos dos fueron rechazados y deberán ser revisados y modificados en su respectiva comisión para ser votados en el pleno nuevamente.

Entre los incisos rechazados, generó debate el que señalaba que “la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos, con pleno respeto a su cultura, creencias y espiritualidad”, el cual fue en general criticado por el sector más conservador, considerándolo como la puerta de entrada para la eutanasia.

Ruth Alvarado, convencional de Vamos por Chile, fue una de las voces más críticas a esta medida, y señaló que “muerte digna es el nombre que se le da a la propuesta de eutanasia”, para luego añadir que la Convención “se está convirtiendo en una verdadera Constitución de la soberbia”.

La convencional de Chile Digno, Carolina Videla, manifestó la importancia de avanzar en medidas referidas a este tema y dijo que la dignidad es “algo de lo que esta Convención tiene que hacerse cargo, para que quede establecido en la nueva Constitución”.

En la misma línea de Videla, la convencional Carolina Sepúlveda (Independientes No Neutrales) sostuvo que la gente merece morir dignamente “sabiendo que ya cumplió una etapa de su vida y no ver cómo la persona se marchita".

De esta manera, son dos los incisos que ya pasaron al borrador de la Nueva Constitución, el cual tiene plazo de entrega el 4 de julio, y que posteriormente tendrá que aprobarse en un plebiscito de salida obligatorio, que se realizará el 4 de septiembre de este año.

Si el texto es aprobado, dejará finalmente atrás a la actual Constitución, redactada en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1999).

Este inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.

Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.

El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.