EEUU
La Corte Suprema anuló los aranceles que Trump impuso a varios países
La decisión podría obligar al magnate republicano a desactivar o reformular parte del esquema arancelario vigente.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump había aplicado bajo una ley pensada para emergencias nacionales, en un fallo que limita el alcance de su poder ejecutivo y que promete tener impacto directo en la economía global.
La decisión del máximo tribunal representa un fuerte revés para la Casa Blanca que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados y como forma de presión en el tablero geopolítico. La norma invocada estaba concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.
Sin embargo ahora el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos pone en cuestión una de las interpretaciones más amplias que la Casa Blanca había hecho sobre sus atribuciones en materia comercial. En términos prácticos, la decisión podría obligar al magnate republicano a desactivar parte del esquema arancelario vigente o a reformularlo bajo otras herramientas legales.
Durante los últimos meses, los aranceles habían impactado en mercados financieros, cadenas de suministro y decisiones de inversión a escala global. También generaron incertidumbre entre empresas estadounidenses que dependen de insumos importados y que trasladaron parte de esos mayores costos a precios.
Más allá de la discusión jurídica, el fallo introduce un factor de reconfiguración económica: podría aliviar presiones sobre importadores y consumidores, pero también abrir un período de transición regulatoria si el Ejecutivo intenta reemplazar los gravámenes con otras figuras previstas en la legislación comercial.
Ahora, la decisión de la Corte Suprema abre un escenario distinto. Si bien no implica necesariamente el fin de la estrategia proteccionista, sí marca un límite institucional claro al uso de facultades extraordinarias para redefinir la política comercial.