La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina y el Gobierno de Milei rechaza intervenir

La morosidad de las familias argentinas atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Los últimos datos oficiales muestran que el 17,5% del monto total de los créditos otorgados a personas se encuentra en situación irregular, frente al 4,2% registrado a fines de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.

El deterioro se produce en un universo de más de 20 millones de argentinos que mantienen algún tipo de deuda con bancos, tarjetas de crédito, financieras, billeteras virtuales u otras entidades. Según un estudio elaborado por la Universidad Austral y la consultora Eco Go a partir de información del Banco Central, el crédito destinado a personas físicas alcanza los 97,1 billones de pesos.

Uno de los datos que más preocupa es que el indicador de morosidad acumula veinte meses consecutivos de aumento. Actualmente, el 26,1% de los deudores presenta algún grado de atraso en sus obligaciones.

El fenómeno alcanza a distintos sectores sociales y regiones del país y tiene múltiples causas. Entre ellas aparecen la pérdida de poder adquisitivo, la insuficiencia de ingresos, el encarecimiento del crédito y el cambio en las condiciones macroeconómicas registrado durante el Gobierno de Milei.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, explica que Argentina pasó de un escenario caracterizado por una inflación muy elevada y tasas de interés reales negativas a otro en el que la inflación descendió, pero las cuotas de los créditos dejaron de licuarse.

Durante buena parte de los últimos años, la inflación permitía que las deudas perdieran valor real con el paso del tiempo. Con el cambio de escenario económico, esa dinámica se modificó y las familias comenzaron a enfrentar cuotas que pesan cada vez más sobre sus ingresos.

A esto se suma el crecimiento explosivo del crédito digital. Las billeteras virtuales y otras plataformas permiten acceder a préstamos de manera inmediata desde un teléfono celular, lo que amplió el universo de personas que pueden endeudarse.

Aunque las billeteras virtuales, las tarjetas no bancarias y otras entidades no financieras representan solamente el 14,1% de los préstamos otorgados a las familias, concentran alrededor del 31% del monto que se encuentra en mora. La irregularidad registrada en ese segmento duplica la del sistema financiero tradicional.

Tasas de interés que agravan el problema

Uno de los principales factores de presión sobre los hogares son las tasas de interés.

En el sistema bancario privado, los préstamos personales pueden presentar tasas nominales anuales que van aproximadamente del 55% al 172%, dependiendo de la entidad y las características del crédito. En las billeteras virtuales, los valores pueden ubicarse entre el 48% y el 260%.

Cuando se incorporan comisiones, seguros y otros costos, el costo financiero total de algunos préstamos puede superar incluso el 1.000% anual.

Mientras tanto, la inflación interanual se mantiene en torno al 33,8% y los salarios registrados todavía se encuentran por debajo, en términos reales, de los niveles de fines de 2023.

El resultado es una combinación especialmente difícil para los hogares: ingresos que no recuperan completamente su poder adquisitivo, costos de vida elevados y créditos que pueden resultar extremadamente caros.

Milei descarta una intervención estatal

Frente al aumento de la morosidad, el Gobierno de Javier Milei mantiene una posición clara: sostiene que el problema debe ser resuelto entre los particulares involucrados.

“Es un problema entre privados”, ha señalado el Presidente al referirse a las dificultades de las familias para afrontar sus deudas.

Milei cuestionó además la posibilidad de que el Estado intervenga para solucionar el problema y planteó que quienes tomaron los créditos asumieron voluntariamente esas obligaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo una posición similar, aunque reconoció que algunas tasas pueden resultar “abusivas” y señaló que el Gobierno promueve alternativas de refinanciación.

Para el Ejecutivo, la solución debería surgir de una corrección del propio mercado y no de una política estatal destinada a absorber o condonar las deudas.

La oposición reclama medidas

Desde sectores opositores, en cambio, sostienen que la creciente morosidad es una consecuencia directa del programa económico implementado por Milei.

Entre los factores señalados aparecen el ajuste fiscal, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de tarifas y el deterioro del mercado laboral. Según esta interpretación, muchas familias recurrieron al crédito no para financiar bienes extraordinarios, sino para poder cubrir gastos cotidianos.

El economista Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, sostiene que durante parte de 2024 y comienzos de 2025 el propio Gobierno impulsó el crédito como mecanismo para estimular el consumo.

Según su análisis, las familias terminaron sustituyendo ingresos por endeudamiento. Cuando las tasas aumentaron y los salarios no acompañaron, muchas de ellas quedaron sin capacidad para afrontar las cuotas.

Cuattromo advierte además que los actuales niveles de morosidad superan los registrados en algunos momentos de la crisis de 2001 y se encuentran por encima de los promedios regionales.

En el Congreso argentino ya fueron presentados alrededor de treinta proyectos destinados a facilitar el desendeudamiento de familias y pequeñas y medianas empresas.

Las provincias buscan alternativas

Mientras el Gobierno nacional descarta una intervención directa, varias provincias avanzan con sus propios mecanismos para ayudar a los hogares endeudados.

Las iniciativas incluyen refinanciaciones, tasas de interés más bajas y extensión de los plazos de pago. El fenómeno atraviesa distintas corrientes políticas.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo, impulsa alternativas a través del Banco Provincia. Santa Fe, bajo administración radical, también desarrolla herramientas de asistencia, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, cuenta con mecanismos propios.

El debate sobre la deuda familiar se instala así como uno de los nuevos desafíos económicos de Argentina. Para el Gobierno, intervenir implicaría trasladar a toda la sociedad el costo de obligaciones asumidas individualmente. Para la oposición y distintos economistas, el aumento de la morosidad refleja un problema económico más profundo: hogares cuyos ingresos ya no alcanzan para sostener el nivel de gastos y que recurrieron al crédito para cubrir esa brecha.

Mientras la discusión continúa, millones de argentinos enfrentan cuotas cada vez más difíciles de pagar y un mercado crediticio en el que acceder a dinero puede ser sencillo, pero salir de la deuda resulta considerablemente más complejo.