Racismo y segregación
La ONU denuncia un apartheid en Cisjordania
Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU afirma que la discriminación y segregación sistemáticas contra la población palestina en los territorios ocupados recuerdan a un sistema de apartheid, con efectos cotidianos sobre el acceso a servicios, movilidad y derechos básicos.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este miércoles un informe oficial en el que sostiene que las políticas y prácticas aplicadas por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este configuran un régimen de discriminación y segregación racial que “(...) recuerda a un apartheid”, en violación de obligaciones centrales del derecho internacional de los derechos humanos.
El documento fue elaborado en el marco del mandato del organismo de monitoreo permanente de la situación en los territorios palestinos ocupados y se difundió públicamente este 7 de enero. Se trata de un informe institucional basado en años de recopilación de información, análisis jurídico y seguimiento de políticas estatales.
Según detalla el texto, palestinos y colonos israelíes viven bajo dos sistemas legales distintos en el mismo territorio. Mientras los colonos se encuentran amparados por el derecho civil israelí, la población palestina queda sometida a la jurisdicción militar. A ello se suman restricciones severas a la libertad de circulación, controles permanentes, cierres territoriales y un acceso profundamente desigual a recursos esenciales como la tierra y el agua.
El informe aporta además datos estructurales. En Cisjordania viven actualmente más de 700.000 colonos israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, mientras la población palestina enfrenta más de 500 obstáculos físicos a la circulación, entre puestos de control, muros y barreras. Esta arquitectura de control impacta directamente en el acceso al trabajo, la educación, la atención sanitaria y la vida comunitaria.
La Oficina advierte que estas prácticas se han intensificado desde el año 2023, en un contexto de expansión de asentamientos, aumento de la violencia y debilitamiento de las garantías legales para la población ocupada. El informe describe un efecto acumulativo y asfixiante sobre la vida cotidiana palestina, con consecuencias sociales, económicas y psicológicas de largo plazo.
Si bien el texto no prevé sanciones automáticas, llama a poner fin a la ocupación, a desmantelar los asentamientos ilegales y a que los Estados cumplan con su obligación de no reconocer ni sostener situaciones que impliquen discriminación racial y segregación sistemáticas, prohibidas por el derecho internacional.