CRÍTICAS A ELON MUSK

La UE suspendió su publicidad en la red social X por el aumento de discursos de odio

El protavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, cuestionó el "aumento alarmante de la desinformación" en las redes sociales, y apuntó directamente a la plataforma del multimillonario.

La Comisión Europea pidió a sus servicios que suspendan sus campañas publicitarias en la plataforma X (antes Twitter) debido al "aumento alarmante de la desinformación y de los discursos de odio", indicó este viernes un portavoz de la plataforma.

"Hemos visto un aumento alarmante de la desinformación y de los discursos de odio en varias redes sociales en las últimas semanas, y esto afecta por supuesto a X", dijo el portavoz Johannes Bahrke.

"Por lo tanto, recomendamos a los servicios que se abstengan de hacer campañas publicitarias" en la plataforma, propiedad del multimillonario Elon Musk, añadió, consignó la agencia de noticias AFP.

Esta decisión no cuestiona la presencia de los servicios de la Comisión Europea en X, precisó el portavoz de la plataforma social.

Desde que Musk compró Twitter a finales de octubre de 2022, antes de cambiar su nombre, la red relajó sus reglas sobre la desinformación, redujo sus equipos de moderación de contenidos y permitió el regreso de numerosas personalidades polémicas.

El ejecutivo europeo abrió en octubre una investigación contra esta plataforma por la supuesta difusión de "informaciones falsas", "contenidos violentos y de carácter terrorista" y "discursos de odio" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Esto forma parte de la aplicación de la nueva legislación sobre servicios digitales (DSA), que impone obligaciones más estrictas a las plataformas.

La instrucción de suspender toda publicidad sobre X por parte de la Comisión se debe también a una polémica en torno a una campaña realizada en septiembre en esta red social por los servicios de la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, para promover un proyecto de ley.

Esta campaña está acusada de utilizar técnicas de microciblaje basadas en las opiniones políticas y religiosas de las personas afectadas, en violación de las normas europeas sobre datos personales.