Lava Jato "burló la soberanía nacional" al actuar en connivencia con EEUU por Petrobras

Esta semana, el ministro de Justicia, Flávio Dino, activó a la Policía Federal para investigar indicios de colusión entre fiscales del famoso caso de corrupción y autoridades extranjeras para repartirse recursos de Petrobras.

"Hoy remití a la Policía Federal el caso de acuerdos realizados por fiscales con otros países sin el procedimiento legal. El objetivo es investigar el origen y destino de miles de millones de reales y las razones que llevaron a tales acuerdos con autoridades extranjeras", escribió Dino en las redes sociales.

La decisión se produjo tras la revelación de diálogos en los que el exfiscal Deltan Dallagnol negoció con autoridades de Estados Unidos y Suiza la distribución de fondos procedentes de multas impuestas a Petrobras en el marco de la Operación Autolavado, conocida como Lava Jato por la voz en portugués.

Las negociaciones se llevaron a cabo a través de la aplicación de mensajería Telegram, evitando los canales oficiales previstos por la ley, como descubrieron los periodistas Leandro Demori y Jamil Chade.

Según los diálogos, incluidos en los archivos de la Policía Federal en el marco de la operación Spoofing, Dallagnol informa a sus colegas suizos de la marcha de las negociaciones con las autoridades estadounidenses sobre el reparto del dinero.

"Amigos suizos, acabamos de tener una reunión introductoria de dos días con la SEC [Comisión del Mercado de Valores, en inglés] estadounidense. Todo es confidencial, pero les he dicho expresamente que estamos muy cercanos a Suiza y nos han autorizado a compartir con vosotros los debates de la reunión", escribió Dellagnol.

Al detallar los temas tratados en la reunión con los estadounidenses, Dallagnol informa casualmente que "el Departamento de Justicia de EEUU y la SEC impondrán una enorme sanción a Petrobras", pero afirma que "si Petrobras paga algo al Gobierno brasileño en un acuerdo, lo acreditarían para disminuir su sanción, y que la cantidad podría ser algo así como el 50% del valor del dinero pagado en EEUU".

El monto debía destinarse a un fondo privado que el Ministerio Público Federal (MPF) de Paraná planeaba crear para administrar los recursos obtenidos como resultado de la Operación Lava Jato.

En otras palabras, la operación pretendía utilizar su poder de investigación para recaudar fondos en su propio beneficio, en detrimento de la empresa brasileña. Sin embargo, la creación del fondo privado de los fiscales de Curitiba fue suspendida por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

Según Fernando Augusto Fernandes, abogado y autor del libro Geopolítica de la intervención, sobre la participación de EEUU en la operación, los miembros de Lava Jato ayudaron a las autoridades estadounidenses a reunir pruebas contra Petrobras.

"Burlaron la soberanía nacional para que estos fiscales [estadounidenses] pudieran ir a Curitiba e interrogar a los acusados y denunciantes de Petrobras, entregando en suelo brasileño elementos que permitieron imponer multas multimillonarias a la empresa", comentó Fernandes.

"Se confabularon con las autoridades estadounidenses para que Petrobras fuera multada".

Los fiscales incluso entregaron documentos confidenciales sobre la empresa brasileña, violando no solo los principios de la administración pública, sino también los secretos comerciales de Petrobras, reveló Fernandes.

En el diálogo clandestino con las autoridades suizas, Dallagnol afirma que su intención es proteger la imagen de Lava Jato, de la sociedad brasileña y de la propia Petrobras.

"Ellos [los estadounidenses] no necesitarían nuestra cooperación, pero puede facilitar las cosas y, si cooperamos, entendemos que no causaremos ningún daño y podemos aportar algún beneficio a la sociedad brasileña, que fue la parte más perjudicada (y no los inversores estadounidenses). Como nos preocupaba una sanción enorme para Petrobras, mucho mayor que todo lo que recuperamos en Brasil, y nos preocupaba que eso pudiera perjudicar la imagen de nuestra investigación y la salud financiera de Petrobras, pensamos en una posible solución, aunque no sea sencilla", escribió Dallagnol.

Para el abogado Sérgio Sant'Anna, miembro del Instituto de Abogados de Brasil (IAB) y profesor de la Universidad Cândido Mendes (UCAM), el argumento esgrimido por el exfiscal "no tiene sentido".

"Este argumento sólo sería lógico si pensáramos en los intereses particulares de estos agentes, que buscan justificar las numerosas ilegalidades que cometieron durante la operación", afirmó Sant'Anna. "Si realmente tuviera esa preocupación, las negociaciones tendrían que haberse oficializado con el Estado brasileño y pasado por las instancias del MPF [Ministerio Público Federal]".

El abogado también señala los daños directos e indirectos que la Operación Lava Jato ha generado en la economía brasileña, comprobados en un informe de la Comisión de Derecho Constitucional del Instituto de Abogados del país sudamericano.

"El informe prueba el daño causado al Estado brasileño, a la cadena de producción de Petrobras, a la creación de empleo, a la recaudación de impuestos y a la actividad económica del país", denunció Sant'Anna. "Decir que esto se hizo para proteger a Petrobras y a la sociedad es realmente una burla".

El jurista también recuerda que "todos los brasileños están de acuerdo en que necesitamos investigaciones para combatir la corrupción y las irregularidades. Esta es una misión del Ministerio Público que todos apoyamos. Pero no podemos combatir la corrupción con corrupción, combatir las irregularidades fuera de la constitución y del debido proceso legal".

Influencia estadounidense

La revelación de la connivencia entre fiscales y autoridades extranjeras vuelve a poner en primer plano la influencia de Estados Unidos en la Operación Autolavado.

En su libro, Fernandes revela que la Operación Autolavado fue un perfeccionamiento de las estrategias estadounidenses de intervención en la política interna brasileña.

"Estas estrategias comenzaron con los militares brasileños, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, que culminó con el golpe militar de 1964", explicó el autor. "Más tarde, tuvimos la fase de influencia bajo la DEA [Administración para el Control de Drogas estadounidense, por su ssiglas en inglés], en el marco de la guerra contra las drogas".

En 2009, EEUU inauguró el Proyecto Pontes, con el objetivo de cooptar a fiscales y jueces brasileños, según se detalla en un telegrama entre funcionarios estadounidenses revelado por el sitio web WikiLeaks.

"Los telegramas llegan a decir que el proyecto fue un éxito, ya que un gran número de fiscales y jueces brasileños se comportarían en contra del Gobierno brasileño y pasarían a dirigir fuerzas de tarea en São Paulo, Brasilia y Paraná", reveló Fernandes. "Al final, el grupo operativo que tuvo éxito fue el de Paraná, que se convirtió en la Operación Autolavado".

¿Consecuencias para Dallagnol?

Las revelaciones sobre la connivencia de Dallagnol con autoridades estadounidenses y suizas refuerzan elementos ya revelados por conversaciones entre fiscales obtenidas por Intercept Brasil, en el contexto de Vaza Jato, como se conoce a las filtraciones de Telegram. Las consecuencias jurídicas para los agentes de la operación, sin embargo, dejan a desear mejores resultados.

"Espero que esta vez tengamos una verdadera investigación", expresó el abogado. "Estas cuestiones son estratégicas para el desarrollo nacional y no pueden limitarse a acusaciones hechas en las páginas de los periódicos", manifestó.

Para Fernandes, Dallagnol y los demás fiscales deberían ser procesados por violación del secreto de documentos sobre Petrobras y responsabilizados civilmente por las cuantiosas multas impuestas a la empresa.

"También sostengo que los diálogos entre fiscales [en Telegram] son pruebas lícitas contra autoridades que han cometido abusos, a pesar de haber sido obtenidas por piratas informáticos. La ilegalidad de las pruebas sirve para proteger al ciudadano frente al Estado, no para proteger a las autoridades públicas de abusos", argumentó Fernandes.