Lula cambia comandante por "quiebre de confianza" tras asonada en Brasilia

El ministro de la Defensa, José Múcio, oficializó la salida del comandante Júlio César de Arruda la noche del sábado luego de reunirse con el mandatario de izquierda.

"Después de los últimos episodios (...) del 8 de enero, las relaciones sufrieron un quiebre en el nivel de confianza", dijo Múcio en el palacio presidencial de Planalto.

"Creíamos que necesitábamos detener eso para superar este episodio", agregó en alusión a la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos el 8 de enero en Brasilia por miles de simpatizantes radicalizados del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Arruda fue reemplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba desde 2021 como comandante militar del sureste en Sao Paulo.

El comandante saliente había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin de la administración del gobierno Bolsonaro, y había sido confirmado en su puesto por la administración de Lula dos días antes del violento ataque al corazón de la democracia brasileña.

El general Ribeiro Paiva, de 62 años, inició su carrera militar en 1975. Participó en la misión del Ejército brasileño en Haití, y ya desempeñó funciones en Brasilia, donde comandó el Batallón de la Guardia Presidencial y trabajó como auxiliar en la Presidencia durante la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Ribeiro Paiva llamó la atención esta semana al pronunciar un discurso durante una ceremonia castrense en Sao Paulo, donde señaló que los militares "continuarán garantizando la democracia".

"Es el régimen del pueblo, de alternancia de poder. Es el voto. Y cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas", dijo el general.

Discrepancia

Arruda se había reunido el viernes con Lula en Planalto, junto a los comandantes de las fuerzas armadas y el ministro de la Defensa.

Los comandantes no conversaron con los medios a la salida del primer encuentro de la cúpula militar con el mandatario después el ataque a la Presidencia, el Congreso Nacional y la corte suprema el 8 de enero.

Tras esa reunión, Múcio dijo no ver un "involucramiento directo" del sector castrense en la revuelta, y garantizó que los comandantes estaban de acuerdo en que deben ser castigados los efectivos cuya participación en los actos vandálicos sea comprobada.

Esta sería, de acuerdo con medios locales, la discrepancia entre Arruda y el Jefe del Estado.