Mujeres esterilizadas a la fuerza en Perú mantienen su reclamo de Justicia

Más de 20 años después de que un procedimiento médico inconsulto ejecutado por el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori les negara el derecho a tener más hijos, al menos 8.000 peruanas, cifra que podría crecer exponencialmente, esperan que los tribunales les brinden Justicia.

"Todavía queremos creer en la Justicia, pero el trabajo es muy lento", se lamentó en una entrevista, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (AVEF), María Elena Carbajal, quien, como sus compañeras, refleja los estragos de una lucha larga e incomprendida.

"Estas mujeres están cansadas. Son 25 años (de lucha) en los que han sufrido en su salud física y mental, han sido abandonadas por sus parejas, han sido rechazadas por sus comunidades", le comentó a esta agencia María Esther Mogollón, una activista feminista que acompaña la batalla de reivindicación desde el primer momento.

Este viernes comenzó una nueva audiencia en el proceso, que ni siquiera ha llegado a la fase de investigación judicial. Las sesiones seguirán el lunes y recién cuando terminen se determinará si el caso avanza o si habrá nuevos obstáculos.

Por lo pronto, el juez Rafael Martínez anunció en la sesión de la víspera que el primer potencial acusado, Alberto Fujimori, Presidente en el momento de las esterilizaciones, no puede ser procesado pues el caso no figura entre aquellos por los que Chile lo extraditó en 2005.

Según el abogado de las víctimas, Sigfredo Florián, de la ONG Instituto de Defensa Legal, todavía hay muchos temas para aclarar, pero lo importante es que Martínez ya empezó a individualizar responsabilidades.

Transcurría septiembre de 1996 cuando Carbajal acudió al hospital María Auxiliadora, en el populoso distrito limeño San Juan de Miraflores, para dar a luz a su cuarto hijo. Fue entonces que comenzó el caos para ella y para su familia.

Tras la cesárea, el personal médico, según relata Carbajal, empezó a confundirla con propuestas que ella no entendía. Para presionarla, incluso le ocultaron el bebé y ella temió que se trataba de un secuestro, que se lo querían robar.

La situación escaló tanto, sin que nadie entendiera lo que sucedía, que su pareja la abandonó, la convirtió en madre soltera de cuatro niños. Apenas en 2017, cuando su hijo menor ya tenía 21 años, la mujer pudo confirmar, a partir de los registros, que en aquella ocasión se le esterilizó.

Testimonios similares se extienden por todo el país, pero en especial por zonas campesinas andinas, remotas y muy pobres, habitadas por familias quechuas y aimaras. Ese es el perfil mayoritario de las víctimas.

Las esterilizaciones se practicaron sobre todo entre mujeres que daban a luz. Según relatan, se les daban explicaciones intencionalmente confusas, se las presionaba, mentían o solo las intervenían sin decirles nada.

Juana Minaya, de Cusco, ni siquiera fue a parir, sino a que le arreglaran la mandíbula, arrancada a patadas por su esposo. Se sorprendió cuando vio que le intervenían "la barriga" y recién después supo que la habían esterilizado. El marido, al enterarse de que no volvería a ser padre, le abrió las cosidas, otra vez a patadas.

Según estudios, de 270.000 a 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados de 1996 a 2000, en una campaña de "planificación familiar" ejecutada por el Gobierno autoritario de derecha de Fujimori.

"Decían que era para acabar con la pobreza, pero era para acabar con los pobres, que es distinto. Y querían acabar con los indígenas", afirma Mogollón, portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef).

Mogollón estaba dedicada al activismo cuando un grupo de esterilizadas le hizo saber lo que ocurría. Desde entonces, inició la batalla que empezó con poco más de 1.300 pioneras que acudieron a los tribunales. El caso arrancó en 2002, pero ha tenido trabas "vergonzosas". Ahora suman alrededor de 8.000 las demandantes organizadas.

Testimonios similares se extienden por todo el país, pero en especial por zonas campesinas andinas, remotas y muy pobres, habitadas por familias quechuas y aimaras. Ese es el perfil mayoritario de las víctimas.

Las esterilizaciones se practicaron sobre todo entre mujeres que daban a luz. Según relatan, se les daban explicaciones intencionalmente confusas, se las presionaba, mentían o solo las intervenían sin decirles nada.

Juana Minaya, de Cusco, ni siquiera fue a parir, sino a que le arreglaran la mandíbula, arrancada a patadas por su esposo. Se sorprendió cuando vio que le intervenían "la barriga" y recién después supo que la habían esterilizado. El marido, al enterarse de que no volvería a ser padre, le abrió las cosidas, otra vez a patadas.

Según estudios, de 270.000 a 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados de 1996 a 2000, en una campaña de "planificación familiar" ejecutada por el Gobierno autoritario de derecha de Fujimori.

"Decían que era para acabar con la pobreza, pero era para acabar con los pobres, que es distinto. Y querían acabar con los indígenas", afirma Mogollón, portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef).

Mogollón estaba dedicada al activismo cuando un grupo de esterilizadas le hizo saber lo que ocurría. Desde entonces, inició la batalla que empezó con poco más de 1.300 pioneras que acudieron a los tribunales. El caso arrancó en 2002, pero ha tenido trabas "vergonzosas". Ahora suman alrededor de 8.000 las demandantes organizadas.