Ocho policías muertos en el ataque más grave desde la asunción de Petro

Un ataque con explosivos en una zona rural del suroeste de Colombia causó la muerte de ocho policías, informó el presidente Gustavo Petro, quien condenó enérgicamente lo que fue el peor episodio de violencia en lo que va de su corta gestión.

"Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación", expresó Petro en Twitter.  

El ataque ocurrió en una zona rural ubicada a más de dos horas de camino de Neiva, la ciudad más grande del departamento de Huila. "Fue un atentado contra una patrulla policial, al parecer con explosivos y los ultimaron con disparos por arma de fuego", dijo a la agencia de noticias AFP una portavoz de la policía de esa región.

Los uniformados estaban llegando a la estación cuando fueron atacados con ráfagas de fusil y explosivos, según la información preliminar brindada por los campesinos de la región. Estos relataron a las autoridades vía telefónica que "al parecer activaron un campo minado al paso de los uniformados y luego los remataron con ráfagas de fusil". Las autoridades no han dado información sobre los responsables del hecho.

Se trata del incidente más grave contra la fuerza pública desde que Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, asumió el cargo a comienzos de agosto.

El mandatario avanza en la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), interrumpidos en 2019 tras un ataque contra una escuela de policía que dejó 22 muertos además del agresor. También propuso un cese del fuego "multilateral" con los disidentes del pacto de paz que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y los grupos armados del narcotráfico, como parte de una política de "paz total" para desactivar el conflicto armado de casi seis décadas.

Algunas facciones de las disidencias y bandas de narcos agrupadas en torno al poderoso Clan del Golfo se han mostrado abiertas a participar en la iniciativa, pero sin llegar a un acuerdo aún con el gobierno.