Pedro Castillo, detenido en el mismo penal que Alberto Fujimori

En los últimos días, el Congreso de Perú decidió la destitución de Pedro Castillo, designando como presidenta a su vice, Dina Boluarte, quien se transformó en la primera mandataria mujer del país en una votación que se dio pocas horas después de que se intentase disolver el Parlamento y anunciar la instauración de un gobierno de emergencia. Por su parte, Castillo quedó recluido en una cárcel especial de una sede policial de Lima, donde también permanece preso el expresidente Alberto Fujimori.

Las autoridades de la Policía Estatal trasladaron a Castillo a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales. Las imágenes televisivas mostraron cuando el exmandatario arribó en helicóptero con sus manos juntas bajo un manto negro –aparentemente esposadas– a la base policial, ubicada en el distrito de Ate, en medio del farandulesco operativo de seguridad. Asimismo, la Fiscalía de Nación inició acciones preliminares para investigarlo por “rebelión y conspiración”, delitos similares por los que fue ­condenado a 25 años de cárcel Alberto Fujimori. Así se informó que los operativos en el Palacio de Gobierno tuvieron que ver con “recabar elementos de convicción con respecto a la investigación que se le sigue al expresidente”.

Castillo ya se contactó con la oficina de la jefatura mexicana para solicitar asilo en la embajada de ese país en Lima, según informó el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Tras el comunicado, el gobernante mexicano pidió que le abriesen las puertas de la legación diplomática a Castillo. Por otro lado, la mayoría de los gobiernos regionales reclamaron el respeto al Estado de derecho y las instituciones democráticas, y denunciaron el accionar de las élites económicas y políticas, “que desde el comienzo de la presidencia de Castillo mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “todo in­tento de subvertir el orden democrático” en Perú tras lo sucedido esta semana, cuando el presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia en un movimiento fallido que terminó con su detención. Al tiempo que manifestó su preocupación por la situación política de Perú y convocó a las partes a “permanecer serenos y abstenerse de inflamar tensiones políticas”.