Piden un nuevo proceso en el Ministerio de Educación, tras la censura al titular de la cartera

Analistas y actores políticos le pidieron al presidente de Perú, Pedro Castillo, que aproveche la censura que sufrió por parte del Congreso su ministro de Educación, Carlos Gallardo, para colocar como reemplazo a un funcionario capaz de enfrentar los problemas del sector.

"Necesitamos un ministro dialoguista, que tienda puentes. Hay profesionales en nuestro sector que cumplen los requisitos. Espero que (Castillo) haga el esfuerzo de identificarlos", comentó la congresista de centro Flor Pablo, titular de esa cartera en el Gobierno de Martín Vizcarra.

“El perfil del nuevo Ministro tiene que ser el mismo: un profesional de la educación”, afirmó por su parte ante medios de prensa el parlamentario Alex Paredes, profesor de carrera como muchos oficialistas, el presidente incluido.

Gallardo, un jubilado con larga trayectoria en la dirigencia sindical del magisterio, se convirtió el martes en el primer ministro del actual Gobierno en ser censurado, pues antes, en similares circunstancias, Castillo optó por sacar a quienes estaban en la mira de la oposición.

Setenta votos por el sí a la censura, llegados de bancadas de derecha y centroderecha, se impusieron a los 38 del partido oficialista Perú Libre y su único aliado en el Congreso, el frente Juntos por Perú, también de izquierda.

Así, Gallardo quedó obligado a renunciar y Castillo le tendrá que aceptar esa dimisión en no más de 72 horas.

Problemas desde la asunción

La situación del ministro empezó a ser complicada desde su posesión, en octubre, pues la derecha lo acusó de que, como impulsor de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate), coordina con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, heredero ideológico del desarticulado grupo armado Sendero Luminoso.

La Fenate, que agrupa a profesores de diversas tendencias de izquierda, nació con el liderazgo de Castillo y Gallardo, entre otros, como una disidencia radicalizada del antes monolítico Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep).

Según el Sutep –controlado a su vez por el pequeño partido marxista Patria Roja-, Gallardo aprovechó el cargo para actuar contra el sindicato antiguo y alentar al naciente, como lo había hecho antes supuestamente el entonces ministro de Educación Íber Maraví, también dirigente sindical disidente del magisterio.

“Señor Gallardo, mejor trabaje por la agenda del magisterio peruano, al que le hizo tantas promesas no materializadas. Ya no es dirigente sindical, es ministro, es Gobierno. No busque chivos expiatorios para sus propias acciones u omisiones”, le reprochó recientemente Patria Roja.

Las críticas para el ahora ministro censurado también llegaron de sectores independientes por no defender con más vigor a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria –organismo elogiado por amplios sectores pero atacado por diversas fuerzas parlamentarias- y de oponerse al criterio del ascenso por méritos en la carrera magisterial.

La filtración del examen docente

Las críticas aumentaron exponencialmente cuando se probó que varios de casi 300.000 profesores que se postularon para ocupar 37.000 plazas en colegios del Estado, en un examen realizado en noviembre, habían obtenido antes los cuestionarios, en la mayoría de casos a cambio de pagos.

El asunto no terminó ahí, pues los medios le dieron mucha fuerza a las palabras del testigo anónimo que dice que una hija del ministro, Inés, y la parlamentaria oficialista Lucinda Vásquez, fueron quienes supuestamente impulsaron el robo de los cuestionarios para venderlos al equivalente a unos 750 dólares cada uno.

Gallardo, que reconoce el fraude, niega cualquier vínculo suyo o de su hija y rechaza que se le dé credibilidad a una denuncia que hasta ahora no está respaldada por pruebas. Esos exámenes fueron anulados por el Congreso y para llenar las vacantes se recurrirá a otros de 2019.

Los problemas en Educación

El hecho de que Castillo sea profesor alimentó esperanzas de giros positivos en la educación, pero ahora los analistas señalan que se ha avanzado poco. El primer ministro del sector en este Gobierno fue Juan Cadilllo, un profesor con méritos reconocidos incluso por la oposición, pero en forma sorpresiva y sin explicaciones se lo relevó por Gallardo.

Desde que se instaló el Gobierno, los partidos de derecha “dura” del Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País señalaron, a través de portavoces como Jorge Montoya, que sacarían a los ministros “uno por uno”.

El primer expuesto fue Maraví, acusado de haber sido de Sendero; después, Luis Barranzuela, de Interior, por hacer una fiesta en su casa el día en que él mismo había prohibido las reuniones por la pandemia. Un tercero fue Walter Ayala, de Defensa, por supuesto tráfico de influencias en el proceso de ascenso de militares.

En todos esos casos, Castillo los relevó cuando la censura era inevitable. Algunos suman al conteo al primer canciller, Héctor Béjar, atacado al revelarse que en una conferencia -antes de ser ministro, dijo que la Marina cometió atentados, lo que llevó al presidente a cambiarlo antes de que el Congreso tomara acciones.

La pelea entre Gobierno y oposición no ha tenido respiro, lo que analistas atribuyen por un lado a que la derecha quiere demoler poco a poco a Castillo, y, por otro, a que errores del mandatario, sobre todo en la elección de colaboradores, le dan armas a la contraparte.