Playas privatizadas: el conflicto que crece en Jamaica entre resorts y comunidades locales

Durante décadas, Jamaica construyó su imagen internacional sobre playas de arena blanca y mar turquesa. Sin embargo, ese paisaje emblemático es hoy motivo de conflicto interno. Según el Movimiento Ambiental por el Derecho a la Playa de Jamaica (JaBBEM), de los 1.022 kilómetros de costa del país, apenas el 0,6% permanece como espacio público de libre acceso para los residentes.

El fenómeno no es nuevo, pero se aceleró en los últimos años con la expansión de resorts todo incluido y emprendimientos inmobiliarios de capital extranjero. Sitios históricamente utilizados por pescadores y familias —como Mammee Bay o el acceso al río Roaring River— fueron cerrados tras su venta a desarrolladores privados, dejando a comunidades enteras sin acceso a zonas que usaron durante generaciones.

La base legal de esta situación se remonta a la Ley de Control de Playas de 1956, una norma de la etapa colonial británica que establece que el Estado es propietario del litoral y que no existe un derecho público automático de acceso a playas o al mar. Esta legislación permite al gobierno transferir áreas costeras a privados, incluso cuando se trata de espacios de uso tradicional comunitario.

El crecimiento del turismo no se traduce de forma proporcional en beneficios locales. De los US$ 4.300 millones que genera el sector, solo alrededor del 40% queda en la isla, mientras se proyecta la construcción de unas 10.000 nuevas habitaciones hacia 2030, muchas de ellas sobre la costa. Cada nuevo complejo implica, en la práctica, menos litoral disponible para la población.

Ante este escenario, JaBBEM y distintas comunidades impulsaron acciones judiciales para frenar nuevas privatizaciones y recuperar accesos históricos. Hay al menos cinco causas en curso que involucran playas emblemáticas como Mammee Bay, Providence Beach, Bob Marley Beach, Little Dunn’s River y Blue Lagoon. Los reclamos combinan argumentos legales con la defensa de la identidad cultural, la pesca artesanal y el sustento económico local.

En paralelo, crece el llamado a un turismo más responsable. Activistas recomiendan a los visitantes evitar complejos que excluyen a los jamaiquinos y optar por alojamientos de propiedad local, playas públicas y emprendimientos comunitarios, con el objetivo de que la actividad turística no profundice la desigualdad ni la pérdida de acceso a los bienes naturales.

El debate sigue abierto y pone sobre la mesa una pregunta central: cómo compatibilizar el desarrollo turístico con el derecho de la población a disfrutar y cuidar el territorio que históricamente le perteneció.