Proponen declarar nulos los juicios del franquismo y recuperar restos de desaparecidos

El Gobierno de España aprobó este martes el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática que prevé declarar nulos los juicios sin garantías del franquismo, incorpora en los planes de estudio materias sobre los años previos a la dictadura y la Guerra Civil y asigna al Estado recursos para recuperar restos de desaparecidos de las fosas comunes.

Más de 100.000 víctimas del conflicto (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) se encuentran todavía desaparecidas, según estiman historiadores y asociaciones de víctimas del franquismo que llevaban décadas pidiendo con escaso éxito ayuda pública para encontrarlos.

El proyecto, que debe ser validado por el Congreso, convertirá esa búsqueda en una "responsabilidad de Estado", indicó el Gobierno.

La iniciativa también impulsa transformar el Valle de los Caídos, la basílica que ordenó construir Franco y que hasta el año pasado albergó sus restos, en un cementerio civil, y crea un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas.

También propone habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre los fusilados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

En ese sentido, prevé elaborar un mapa con todas las fosas comunes y crear un banco de ADN de las víctimas para facilitar su futura identificación.

Este último punto era crucial para las asociaciones de familiares que veían con temor cómo los parientes más directos desaparecían sin dejar almacenadas muestras genéticas para cruzarlas con las de los restos que se pudieran encontrar en el futuro.

El proyecto prevé además crear la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para proteger los derechos de las víctimas de la represión, consignó el diario La Vanguardia.

El texto actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007 y según adelantó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se plantea aplicar en etapas que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la reparación de las víctimas del franquismo.

En una entrevista con el diario El País, Calvo explicó que se trata de una ley con 66 artículos para "construir una memoria democrática común de todos los españoles" y sancionará su incumplimiento con multas que van de los 200 a los 150.000 euros, según la gravedad.

El anteproyecto establece la búsqueda de personas desaparecidas "como una responsabilidad de Estado", e incluye medidas como el impulso al mapa de fosas y al protocolo de exhumaciones, indicó la Vicepresidencia en sus redes sociales.

Prevé que el sistema educativo, incluida la formación del profesorado, contenga en su currícula "el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas".

Respecto de entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, junto a otras asociaciones sostenidas con recursos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales".

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.

"La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado. Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad", celebró en Twitter el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, destacó que "es un día de orgullo democrático" y subrayó que con la normativa España "reconocerá a las heroínas y los héroes de la lucha por la democracia, con justicia y memoria".

La oposición, en principio, tendería a adjudicarle al proyecto una intención del Gobierno de desviar la atención de los españoles.

Menos de 45 años después de la muerte de Franco en 1975, el recuerdo de la dictadura sigue sembrando discordia en España entre la izquierda, que propone un revisionismo de esos años, y la derecha, que la acusa de abrir heridas del pasado, reseñó la agencia de noticias AFP.

"Cada vez que el Gobierno de Sánchez está en problemas, saca el espantajo de Franco", dijo el senador del conservador Partido Popular, Javier Maroto.