Reino Unido podría utilizar tobilleras electrónicas para evitar la fuga de inmigrantes indocumentados
Se trata de una de las alternativas consideradas para retener a los migrantes indocumentados para luego enviarlos a Ruanda o un tercer país "seguro".
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El Gobierno de Reino Unido se encuentra evaluando la posibilidad de colocar dispositivos electrónicos para controlar a los inmigrantes indocumentados que ingresan a territorio británico para así evitar su fuga y luego enviarlas a Ruanda o un tercer país "seguro".
"Se están valorando todas las opciones para ejercer algún control", confirmó la ministra británica del Interior, Suella Braverman, en diálogo con la BBC, en relación al accionar que tomará el Ejecutivo con los solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido de forma irregular.
Un bote con inmigrantes surca por el Canal de la Mancha
El diario The Times reveló los presuntos planes en evaluación por el Gobierno de Rishi Sunak, siendo una de las opciones la colocación de dispositivos electrónicos a los migrantes que ingresan a Reino Unido irregularmente, sin documentos y no pueden ser alojados temporalmente en los centros de detención por falta de espacio.
Al respecto, la ministra británica del Interior afirmó que la reciente implementación de la Ley de Migración Ilegal confiere al el "poder para detener a quienes lleguen de manera ilegal" y así "llevarlos con prontitud a un país seguro como Ruanda".
La normativa implementada sostiene que el Gobierno tiene la obligación legal de detener a aquellas personas que accedan al país de forma irregular y proceder en base a dos opciones: enviarlos a Ruanda, país africano con el que tienen un acuerdo, o a un tercer país "seguro".
Al igual que en la portada, se aprecia el Bibby Stockholm, la barcaza para migrantes en Reino Unido con 222 habitaciones y capacidad para alojar a 500 migrantes que solicitan asilo. Pueden pasar hasta 18 meses en la polémica embarcación.
Según explicó el medio mencionado, la escasez de plazas de alojamiento es lo que lleva a la búsqueda del ministerio británico del Interior de otras alternativas para regular y controlar el ingreso y presencia de los solicitantes de asilo, incluyendo la implementación de dispositivos electrónicos y la utilización de barcos para retener migrantes.
El Gobierno británico también espera a que la Justicia dirima la legalidad del plan de expulsión a Ruanda, el cual fue fuertemente criticado por las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas.
Más de 175 mil personas esperaban recibir una respuesta sobre su solicitud de asilo a fines de junio, un 44% más que la cantidad registrada hace un año, lo que se traduce en un costo anual de casi 4.000 millones de libras (4.600 millones de euros).