Reino Unido y Francia trabajarán juntos para impedir el cruce ilegal de inmigrantes

El Reino Unido pagará más de 54 millones de libras esterlinas (73,59 millones de dólares) a Francia como parte de un acuerdo entre ambos países para detener el número de inmigrantes que cruzan de forma ilegal el Canal de la Mancha.

En lo que va del año más de 8.000 personas cruzaron ilegalmente el brazo de mar que separa ambos países, un récord frente al total registrado el año pasado.

En ese sentido, la ministra del Interior británica, Priti Patel y su par francés, Gérald Darmanin, firmaron el acuerdo con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral para abordar el tema.

Como parte del convenio, las autoridades británicas informaron que la cantidad de policías que patrullan las playas francesas se duplicará por segunda vez en un año para evitar que las pequeñas embarcaciones lleguen desde Francia.

Con el apoyo del Reino Unido el año pasado, Francia duplicó el número de oficiales desplegados diariamente en sus playas, mejoró el intercambio de inteligencia y compró más tecnología de punta.

Esto dio como resultado que el país de Europa continental impidiera el doble de cruces en lo que va de año que en el mismo período en 2020. Sin embargo, a medida que aumentaron las intercepciones francesas, las bandas delictivas organizadas cambiaron sus tácticas, avanzando hacia la costa francesa y obligando a los inmigrantes a realizar viajes aún más largos y riesgosos, dijo el Ministerio del Interior británico.  

El acuerdo se produce cuando el nuevo plan de inmigración de la ministra del Interior se debate en el Parlamento esta semana.

Se trata del polémico "Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras" que, según el Gobierno británico, abordará las fallas del sistema de asilo actual y la actividad criminal detrás de la inmigración irregular y dará la bienvenida a las personas a través de rutas seguras y legales al tiempo que evita el abuso del sistema con medidas que eviten el ingreso y la criminalidad asociada a estos cruces.

Pero para Amnistía Internacional, este proyecto de ley solo traerá más caos y demoras al sistema de inmigración del Reino Unido, al que calificó como "disfuncional".