Se inicia en Brasil juicio clave para proteger indígenas de la covid-19

En vísperas del juicio, el célebre fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado pidió a los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) que tomen cartas urgentemente en el asunto.

"Las invasiones [de tierras indígenas] son, como ustedes saben mejor que yo, completamente ilegales. Esas comunidades están protegidas por la Constitución y ustedes son el último recurso", afirmó Salgado, de 76 años, que lanzó una campaña en defensa de los indígenas durante la pandemia.

 
Más de 600 indígenas fallecieron y al menos 21.000 contrajeron la covid-19, según datos de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que denuncia un "genocidio" de los pueblos originarios debido a la "omisión" del gobierno.

El combate contra la pandemia, que ya dejó más de 94.000 muertos en Brasil, se politizó al extremo, con tensiones entre los gobernadores favorables a medidas de aislamiento y el presidente de ultraderecha, que las critica en nombre de la necesidad de mantener la economía en funcionamiento.

Entre las medidas solicitadas por la APIB figuran la creación de barreras sanitarias para los indígenas aislados -más susceptibles al virus- y la expulsión de miles de invasores (madereros, mineros ilegales) de sus tierras.

Varios de estos pedidos ya fueron concedidos el mes pasado, de forma cautelar, por uno de los jueces del tribunal, Luís Roberto Barroso, que obligó al gobierno a instalar una treintena de barreras sanitarias, a crear una sala interdisciplinaria para administrar las medidas implementadas durante la pandemia y a garantizarles a estas comunidades el acceso al sistema de salud indígena.

El debate judicial puede extenderse a otras sesiones o incluso ser postergado a pedido de cualquiera de los miembros de la corte.

La APIB considera "fundamental" que el tribunal torne definitivas las medidas cautelares "para evitar una catástrofe sanitaria" y que contemple el pedido de expulsar a los invasores, que no fue conferido por Barroso.

El magistrado no determinó la expulsión de los ocupantes ilegales de unas siete tierras indígenas en la región amazónica, porque considera que el ingreso de policías y militares a esa región -con un largo historial de invasiones y conflictos- podría desatar un enfrentamiento armado y aumentar el riesgo de contagio.

En cambio, determinó que el gobierno aísle a los intrusos dentro de las propias tierras indígenas, para evitar el contacto hasta hallar una solución definitiva.

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, tiene una población de unos 900.000 indígenas de más de 300 pueblos. Muchos viven en regiones remotas de la Amazonía.