Temor de los productores agrarios del país vecino por el “Abril Rojo brasileño”

Por un lado el sector agroindustrial, por el otro los grupos políticos vinculados al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que siguen promoviendo invasiones de tierras. Esta es la nueva guerra que ha estallado en Brasil en los últimos meses. Desde el 1 de enero de este año ya se han producido 16 ocupaciones de tierras, siete por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y nueve por el Frente Nacional de Lucha del Campo y la Ciudad (FNL).

Haciendo cuentas, en tres meses de gobierno de Lula las invasiones superan a las de todo 2022, en el que se registraron apenas 11 según los datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Durante la campaña electoral Lula había declarado innúmeras veces que el MST no ocupaba tierras productivas. Los últimos acontecimientos, sin embargo, van en el sentido contrario. En marzo, la invasión por 1.700 militantes del MST de tres granjas del estado de Bahía, en el noroeste de Brasil, donde se cultiva eucalipto, causó revuelo. Las tres son propiedad de Suzano, la mayor empresa de celulosa y papel de América Latina, y tras un tira y afloja que duró días fueron devueltas a sus dueños. Según Eliane Oliveira, de la Dirección Nacional del MST en Bahía, “el territorio bahiano sufre el despojo sistemático de sus recursos naturales. Las familias han sido expulsadas de sus tierras y viven en situación de vulnerabilidad social en la periferia de las ciudades y al borde de las carreteras”.

La guerra de la tierra en Brasil abarca toda su historia, pero en los últimos cuarenta años se ha producido un profundo cambio en el escenario en el que se desarrolla. Gracias a un uso estratégico de la tecnología, los brasileños han conseguido transformar una tierra que no producía casi nada en un granero capaz de alimentar al mundo entero. Hoy Brasil es el mayor exportador mundial de alimentos. Sólo en 2022, cuando hubo una cosecha récord de trigo, la agroindustria brasileña exportó productos por más de 160.000 millones de dólares, y para este año se prevé una cosecha de unas 300 millones de toneladas de trigo, otro record más. Es precisamente a la luz de estas cifras que los productores brasileños se sienten amenazados por las invasiones de tierras y por una política que, según ellos, no está de su lado. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha suspendido líneas de crédito vitales para las actividades rurales y el departamento de Itamaraty, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, que apoyaba al agronegocio brasileño en las embajadas de todo el mundo ha sido cancelado. Además existe un gigantesco problema logístico. Faltan almacenes donde guardar la producción. Para este año, unos 120 millones de toneladas de trigo corren el riesgo de no encontrar espacio en los silos existentes.

Si no fuera suficiente, al Ministerio de Agricultura se ha sumado el de Desarrollo Económico en manos del MST, que ya ha lanzado la llamada campaña Abril Rojo, una serie de invasiones en abril para presionar al gobierno en favor de la reforma agraria. “Vamos a retomar la lucha por la tierra” dijo Margarida Silva, de la coordinación nacional del MST, “lo haremos con ocupaciones de tierras, marchas y acciones de solidaridad”. A principios de esta semana, unos 250 manifestantes ocuparon unas 850 hectáreas de tierra, definidas por el MST como “improductivas”, en el municipio de Timbaúba, en el estado de Pernambuco, en el noroeste de Brasil. La reacción de la bancada rural, el poderoso lobby en el Congreso que apoyó al anterior gobierno de Jair Messias Bolsonaro, fue inmediata. Una campaña en vídeo fue su contraofensiva. “Quien invade tu tierra, invade tu casa, invade tu mesa”, reza el mensaje del agro. “Por cada área invadida en Brasil, el que pierde no es sólo el productor rural. Sino también tú, con el aumento del desempleo y la reducción del suministro de alimentos”. Pero la campaña es sólo una parte de una estrategia más dura que ve a los diputados de la bancada ruralista proponer una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar las ocupaciones del MST de este año. El presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista, ya ha dado su apoyo a la apertura de la comisión.

Mientras tanto, Lula busca un acercamiento con el agronegocio a través del restablecimiento del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, también apodado “Conselhão”, donde se supone que 200 representantes del empresariado rural dialogarán con el gobierno. Con Bolsonaro, este órgano informal fue eliminado. La idea ahora es “que sirva para debatir grandes cuestiones económicas fuera del Congreso”, según Brasilia.

El tema de la agricultura va de la mano con la emergencia alimentaria, una de las prioridades de la campaña de Lula. A finales de marzo el presidente se hizo una foto con una calabaza en la mano y relanzó el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) que, sin embargo, tiene un historial de ‘fraudes’ y ‘situaciones ambiguas’ denunciadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la Policía Federal en las que miles de toneladas de alimentos acabaron en manos de unas pocas personas. El programa en el que el gobierno apoya la agricultura familiar comprando frutas y verduras para distribuirlas entre los sectores más necesitados de la población ha sido objeto de muchas críticas en el pasado por la opacidad de gestión. En el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff (2010-2016), el TCU había destapado casos en los que se habían distribuido 1455 kg de plátanos por persona. En 2016, una auditoría del TCU demostró que el 70% del dinero destinado a pagar a los agricultores acababa en los bolsillos de los intermediarios.

En resumen, el enfrentamiento está abierto, tanto en los palacios del poder como en el campo. Muchos se preguntan, no sólo en el sector rural, si las invasiones son la mejor forma de abordar el problema de la distribución de las propiedades rurales, que es un problema histórico para el país. Desde la conquista portuguesa en el siglo XVI, la tierra ha sido objeto de fuertes conflictos sociales, con una pequeña élite de latifundistas que, hasta 1888, año de su abolición, no dudó en utilizar esclavos para trabajar en la agricultura. Ahora el gobierno de Lula ha hecho saber que estudia un programa según el cual las tierras expoliadas podrían distribuirse para la reforma agraria, como forma de pago de la deuda. Esta podría ser una alternativa a un Incra que no tiene dinero para rembolsar los expropiados. Para 2023, el instituto sólo tiene 2,43 millones de reales, unos 450.000 dólares, como presupuesto para comprar tierras. Pero el presidente del Frente Parlamentario Agropecuario, Pedro Lupión, cuestiona la idea atrás del programa que empuja el gobierno. “La ley es clara al respecto”, dijo Lupion, “el derecho a la propiedad es el derecho a la propiedad. Mientras no haya sentencia firme sobre las ejecuciones hipotecarias, la propiedad es del dueño”.

En el Congreso, mientras tanto, la bancada rural ve con temor la nueva reforma tributaria que podría aumentar la carga impositiva en un 573%, incremento que también repercutiría, según la Confederación Agraria y Pecuaria (CNA), en la canasta básica, es decir, el conjunto de alimentos esenciales para la población más necesitada. En resumen, el diálogo entre las partes es más necesario que nunca para evitar una crisis del sector que podría tener un impacto devastador en la economía y también en la vida de las franjas más frágiles de la población brasileña.