Tras la alerta roja emitida por Interpol desde Argentina, la Justicia uruguaya cita a "Pepín" Rodríguez Simón

El operador judicial del expresidente Mauricio Macri y diputado argentino en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se entregó ayer a la Justicia de Uruguay -donde había pedido asilo político- fue citado a indagatoria este viernes 21 de mayo a las 14.30.

El juez que interviene en la causa, doctor Marcelo Malvar, solicitó hoy a Interpol que se le informe fehacientemente si existe un pedido de detención realizado desde Argentina, tema que será tratado en la ocasión.

Cabe destacar que, horas antes de que Rodríguez Simón se entregara, la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría había ordenado su captura internacional, tras considerarlo en rebeldía, además de disponer la inhibición general sobre todos sus bienes.

“Pepín” viajó a Uruguay en diciembre último buscando refugio amparándose en la ley 18.076, denunciando “persecución política” y una “campaña de difamación en su contra”, tras una denuncia del empresario Fabián De Sousa, del Grupo Indalo, que lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a Macri, dedicada a desapoderarlo de sus bienes y enviarlo a la cárcel.

Los detalles de la investigación tramitan en el expediente originado a partir de la primera acción de habeas corpus preventivo ya desestimada por el magistrado Malvar.

Por lo pronto, la detención se concretaría una vez que las autoridades judiciales uruguayas se expidan sobre la orden de captura. 

Los detalles de la acusación

Según consta en la Resolución oficial del Poder Judicial con fecha 19 de mayo de 2021 (ver adjunto), "se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos".