Apuntan a una fiscal platense por participar del armado de causas de la Gestapo antisindical

A mediados del 2020, el fiscal Álvaro Garganta comenzó a investigar una presunta entradera que involucraba a Marcelo Arévalo (padre), y al poco tiempo la causa cambió de fiscalía y quedó en manos de Cecilia Corfield. La funcionaria acusó al titular de la Agrupación “Calle 43” del Sindicato de Peones de Taxis de La Plata de ser el líder de la una banda delictiva.

Días antes, Arévalo había tenido problemas con referentes del municipio muy cercanos al intendente Julio Garro, Darío Ganduglia y Darío Alfano, porque lo acusaban a él y a su hijo de quedarse con un dinero del jefe comunal. Al cambiar de fiscalía, Corfield inmediatamente avanzó con la privación ilegal de la libertad del gremialista.

Cuando declaró, el acusado le dijo en la cara a la fiscal todo lo que pensaba del caso, del armado de la causa y de que ella era un “instrumento del Poder Judicial”, ya que se trababa de “una persecución sindical”. “Cuando llegamos al allanamiento, ese día cuando usted llega yo la informo de todo lo que estaba pasando y, con total impunidad delante del testigo y de los abogados, me dice: Entregalo a tu hijo porque va a aparecer muerto”, le dijo Arévalo a Corfield. “Usted y el sistema político (local) actual quieren limpiar todos los derechos de los trabajadores”, agregó el gremialista.

Días previos a su detención, el líder sindical también se iba a movilizar por desastrosa situación económica del sector. A raíz de la grave denuncia que Arévalo realizó frente a la propia Corfield, se formó una investigación en la Fiscalía a cargo de Betina Lacki, la cual quedó en la nada.

Armado de causas

A un año y cuatro meses de aquellos hechos, salieron a la luz los videos que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontró en los discos rígidos de las computadoras de ese organismo. En una oficina del Banco Provincia se ve a 14 hombres, encabezados por Marcelo Villegas, orquestar un plan para perseguir y meter presos a sindicalistas. Entre ellos se encontraban el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, empresarios y otros funcionarios.

Villegas habló de una “Gestapo” para terminar con los sindicatos, para lo cual contaban con el respaldo de jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, así como también con la declaración de testigos, cuyas declaraciones fueron elaboradas hasta el último detalle. “Allí se ve el modus operandi de Garro”, le dijo a diario Hoy una fuente judicial.

Detención de Arévalo

Meses después de la detención de Arévalo, el juez Eduardo Silva Pelossi ordenó su libertad por falta de mérito. Sin embargo, como el magistrado Juan Pablo Masi todavía estaba suspendido en su cargo, otro juez -Agustín Crispo- ocupó su lugar y varió el criterio adoptado por Silva Pelossi, por lo cual volvió a encarcelar al gremialista, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

El abogado de Arévalo recurrió al Tribunal de Casación, el cual ordenó la libertad del sindicalista por falta de mérito. Todos los que fueron detenidos en el marco de esta causa fueron excarcelados, con excepción de Marcelo Ismael Arévalo (hijo). A este último, la Justicia estuvo a punto de darle libertad pero -sorpresivamente- el fiscal general, Héctor Vogliolo, le quitó la causa a la fiscal de juicio, Leyla Aguilar, y la derivó a otra colega, pese a que el reglamento judicial dice que no puede entrometerse en las causas de los funcionarios judiciales de manera arbitraria.

Por eso, el abogado Damián Barbosa, representante de Arévalo, presentó ante la fiscalía a cargo de Corfield “los extractos de los videos donde se lo ve a Garro hablando para que vean que lo que este había denunciado no era nada descabellado”, sostuvo el letrado.

Por otra parte, el profesional solicitó que se libre oficio al Juzgado Federal n°3 de La Plata –donde se encuentra radicada la denuncia de la AFI- para que remita los videos que presentó la Agencia Federal de Inteligencia.

“Corfield tiene excelente relación con Garro y con el fiscal general. Se maneja con total impunidad”, afirmó una fuente judicial. La fiscal “avanzó en una causa de asociación ilícita contra toda la familia Arévalo y de sus allegados, la cual terminó con falta de mérito para todos por disposición de la Sala II de la Cámara de Apelaciones. Se acreditó que las personas se juntaban en una olla popular del hambre que tenía el barrio”, sostuvo Barbosa.

Persecución al juez Masi

Tal como publicó diario Hoy, la fiscal Cecilia Corfield fue la encargada de investigar supuestas irregularidades cometidas por el titular del Juzgado de Garantías n° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi. El dictamen de ella y la acusación por supuesto prevaricato contra el magistrado fue determinante para que la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, lo denunciara ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Durante el jury al magistrado, se determinó que no cometió ningún delito, por lo cual el jurado lo absolvió de los cargos. “No se advierte que el accionar del magistrado encuadre en el delito de prevaricato que se le reprocha. Las manifestaciones realizadas al respecto por la parte acusadora no son más que meras especulaciones que derivan del propio descontento con el trámite del proceso y el contenido de las decisiones tomadas”, sostuvieron los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en el fallo.

Otro dato llamativo es que, cuando fue designada como fiscal, Corfield empezó a trabajar en el Departamento Judicial de Morón durante aproximadamente ocho años. Cuando María Eugenia Vidal fue elegida gobernadora, la funcionaria fue trasladada a La Plata, donde está al frente de la Fiscalía n° 15.