Caso Johana Ramallo: el juez Kreplak en la mira

Carteles con consignas contundentes contra el silencio judicial volvieron a cubrir el enrejado de la sede de los Tribunales Federales de La Plata, en la esquina de calle 8 y 50. La familia de Johana Ramallo exige justicia integral tras casi una década signada por dilaciones, maniobras e irregularidades que empañan la tramitación de la causa.

El portón de acceso amaneció una vez más intervenido con mensajes dirigidos al corazón del Poder Judicial: "9 años sin saber qué pasó con Johana", "Un mes más sin justicia", "La marcha lenta de la justicia", "¿Cómo se construye la impunidad en el Poder Judicial?" y "Fue narcofemicidio". La acción expuso la indignación intacta de la familia y de las organizaciones sociales frente a la parálisis institucional.

Frente al edificio, la escultura metálica con la silueta de Johana y la proclama "Debemos florecer, no desaparecer" vuelve a interpelar a los magistrados. Johana tenía 23 años cuando fue vista por última vez, el 26 de julio de 2017, en la “zona roja” platense. Pasaron 22 meses hasta que, en abril de 2019, se confirmó que restos óseos hallados en las costas de Berisso pertenecían a la joven.

Pese a la gravedad del crimen —un femicidio ejecutado tras el secuestro por una red de trata y narcotráfico—, la investigación se transformó en un paradigma de ineficiencia e impunidad.

Durante el período en que la instrucción estuvo a cargo del Juzgado Federal N.° 3, conducido por Ernesto Kreplak, la querella encabezada por Marta Ramallo (madre de la víctima) y organismos de derechos humanos denunciaron severas deficiencias:

Inacción y dilaciones iniciales: Ineficiencia y pérdida de tiempo crucial en los meses posteriores al pase del caso al fuero federal, al omitir la orden urgente de allanamientos, peritajes telefónicos y el resguardo de cámaras clave.

Falta de investigación a la Policía Bonaerense: pese a las denuncias sobre una «zona liberada» y la complicidad policial con las redes de proxenetismo y narcomenudeo, el juzgado no profundizó las líneas probatorias hacia los efectivos provinciales.

Fragmentación del expediente: la instrucción desvinculó la causa por la red de trata y narcotráfico de la autoría material del homicidio. Esta división impidió que los acusados llegaran a juicio oral imputados por el narcofemicidio, limitando el debate a delitos conexos.

Ausencia de perspectiva de género: el accionar judicial ignoró las dinámicas de vulnerabilidad de las víctimas, lo que llevó a que se ordenara reorientar la investigación bajo los estándares del Protocolo Latinoamericano para Femicidios.

Ante la acumulación de irregularidades, la causa principal quedó radicada en el Juzgado Federal N.° 1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien ordenó revisar todo el expediente e investigar el crimen bajo la premisa de criminalidad organizada. Por su parte, el tramo elevado a juicio oral contra la banda territorial tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2.

Hoy, mientras dicho debate oral avanza con lentitud entre fallas técnicas e incidentes, la verdad sobre quiénes ejecutaron a Johana sigue en la penumbra. La protesta en las rejas lo deja en claro: mientras persista la impunidad, la sociedad seguirá exigiendo respuestas.