El desvío de fondos en el manejo de las cooperativas de Garro continúa en la mira

La escandalosa causa conocida como “la caja negra”, por el desvío de fondos por más de 2.000 millones de pesos en el manejo de las cooperativas de trabajo de la Municipalidad de La Plata, bajo la intendencia de Julio Garro, involucra al concejal y secretario de Gobierno, Nelson Marino (mano derecha de Garro), y a sus empleados municipales más allegados, Liliana Lucha y Mauro Petrone, quienes figuran como apoderados de no menos de cinco de las once cooperativas que recibieron transferencias millonarias por parte de la Comuna durante los períodos 2018, 2019 y 2020.

Otra persona involucrada es Julieta Quinteros, pareja de Petrone, exsecretaria privada de Garro en el período 2016-2019 y actual secretaria de Desarrollo de la Comunidad.

En 2018, la exconcejal oficialista Florencia Rollié presentó una denuncia penal que mostró irregularidades en el manejo de fondos destinados a las cooperativas, detectando sobrefacturación y diferencias abismales entre lo que se le pagaba a cada trabajador y lo que percibía a cambio cada cooperativa.

En la demanda, la edil pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de acción pública: fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público”, explicitando los supuestos mecanismos utilizados para el desvío de fondos, refiriéndose al sistema de retorno de los cooperativistas a los punteros políticos y el desvío que se produciría entre el pago real y los millones que se “pierden” en el medio.

La causa, que ya tiene un largo derrotero, en un primer momento recayó en la UFI número 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero, luego pasó a la Unidad de Delitos Económicos (donde el expediente tuvo avances significativos e incluso hay informes que serían concluyentes) y más adelante fue pedida nuevamente por Romero, quien rápidamente se declaró “incompetente” para llevar adelante la investigación, argumentando falencias de personal e infraestructura.

En ese momento recayó en la UFI número 11 de Álvaro Garganta, quien hace más de dos años “está estudiando la denuncia”. A todas luces, es una causa que quema y que reviste la complejidad de no poder ser archivada.

De acuerdo a la última información, los informes de la Unidad de Delitos Económicos complican el escenario para hacer caer el expediente. En este marco, Garro cuenta con un doble blindaje: el político y también el judicial.

En diálogo con este multimedio, Luis Arias, miembro del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, indicó que “la causa de las cooperativas no ha tenido grandes avances” y denunció: “Tenemos siempre en el fuero penal un problema, que es que no se investiga a los funcionarios públicos. Hay una situación de impunidad que se viene dando desde hace mucho tiempo, sumada a la falta de investigación, que hace que esas causas queden dormidas y no avancen”.

Al mismo tiempo, recordó que “hay que tener en cuenta que los fiscales dependen fundamentalmente de la Procuración General de la Corte, a cargo de Julio Conte Grand, quien maneja este tipo de situaciones a favor de sus aliados políticos”, haciendo referencia a los recurrentes encubrimientos del jefe de los fiscales bonaerenses a funcionarios de Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por la iniciativa presentada el año pasado por concejales del Frente de Todos que planteaba crear una comisión revisora de las cooperativas de trabajo (propuesta que fue bloqueada por las bancas oficialistas), Arias señaló: “Nuestra capacidad operativa dentro del Concejo Deliberante es escasa, todas las comisiones tienen mayoría de ellos, por lo que es muy difícil lograr, primero, quórum, y después tratar las cuestiones que se sometan en el orden del día”. “Es muy difícil”, remarcó.

Hasta el momento, tampoco se sabe desde cuándo las once cooperativas cuentan con la matrícula, si están vigentes o suspendidas, ni quiénes las integran, ni cómo distribuyen las cuantiosas partidas que manejan, ni a dónde se desviaron los fondos millonarios.

Una movida que genera sospechas

El año pasado, este multimedio dio cuenta de la puja entre el gobierno municipal de Julio Garro y las cooperativas de trabajadores a raíz de la decisión del intendente de pasarlos a planta transitoria pero con salarios inferiores a los que percibían a través del plan Potenciar Trabajo y con contratos de solo tres meses, en un lapso de tan solo un mes.

Javier Burelli, líder local del Movimiento La Dignidad Confluencia, que en aquellos momentos cortó la calle 12 frente al Palacio Municipal para protestar por la medida, dijo que la movida de Garro (que terminó siendo parcial: se incorporaron al Municipio solo 1.800 de los 5.000 cooperativistas que trabajaban en la ciudad) generó más dudas que certezas.

“Si vos no tenés nada que ocultar, no salís con una medida así en 30 días”, le dijo Burelli ayer a este multimedio. “Es obvio que algo no se estaba manejando bien. Nuestra protesta destapó algunas dudas que ya había y que hasta hoy no se aclararon”, concluyó.