El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata: un golpe al desarrollo, la inversión y la libertad urbana

El proyecto de Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial que impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal representa, bajo una retórica de “equidad urbana” y “sustentabilidad”, una seria amenaza para el desarrollo económico, la seguridad jurídica y la propiedad privada en la ciudad de La Plata.

Desarrolladores indican que desde una perspectiva técnica, económica y jurídica, el plan introduce restricciones sin precedentes al derecho de edificar, invertir y decidir libremente sobre la propiedad, alterando el funcionamiento natural del mercado inmobiliario y destruyendo el potencial de crecimiento en las zonas de mayor demanda habitacional.

Además indican que la propuesta impone límites de altura, densidad y uso que tornan inviable económicamente la construcción de viviendas o edificios en las zonas centrales de mayor demanda —City Bell, Gonnet, Tolosa, Villa Elisa y el propio casco urbano—. Estos topes reducen la rentabilidad de los proyectos, desincentivan la inversión privada y frenan el dinamismo del sector, uno de los principales motores de la economía local.

El 70% de los hogares platenses hoy está conformado por una o dos personas, según los datos del último Censo Nacional. Sin embargo, el proyecto mantiene un modelo de edificación pensado para familias numerosas, con unidades de gran superficie mínima y prohibición de viviendas compactas o flexibles.

El resultado es una planificación desfasada del mercado real, que encarece la vivienda y expulsa a los jóvenes y adultos mayores del casco urbano, forzándolos a alquilar o migrar a otros municipios.

Desarrolladores manifiestan que paradójicamente, la norma promueve la expansión urbana hacia el oeste y el sur del municipio, habilitando loteos económicos en zonas con baja infraestructura y escasa demanda habitacional.

Con ello, se estimula la dispersión urbana y se multiplican los costos de servicios, transporte y mantenimiento público, mientras se bloquea la densificación racional del centro. En términos económicos, se trata de una asignación ineficiente de recursos, que privilegia la planificación política por sobre la lógica de la demanda y la inversión privada.

Uno de los aspectos más preocupantes es la creación del “índice de riesgo hídrico” como condicionante del derecho a construir. La norma no define criterios técnicos verificables ni procedimientos transparentes para establecer dichos niveles de riesgo, lo que abre la puerta a la arbitrariedad administrativa y a la posibilidad de favores o privilegios urbanísticos.

La Plata se convierte así en el único municipio entre los 135 de la Provincia de Buenos Aires que introduce una indeterminación semejante, afectando la seguridad jurídica de propietarios, inversores y profesionales.

Sin debate público ni fundamento técnico, el proyecto prohíbe la creación de urbanizaciones cerradas, una tipología que cuenta con alta demanda social y económica y que ha contribuido al desarrollo local, a la generación de empleo y a la recaudación municipal.

Esta decisión refleja una visión ideológica y punitiva hacia la inversión privada, contraria a los principios de libertad, igualdad ante la ley y autonomía individual garantizados por la Constitución Nacional.

Lejos de ordenar el crecimiento de la ciudad, este proyecto centraliza el poder de decisión en la administración municipal, sustituye la libertad de los ciudadanos y empresarios por la discrecionalidad burocrática, y reduce la capacidad de La Plata para atraer inversión y generar empleo.