“En un juicio normal, se debió haber desistido de la acusación contra Mariano Bruera”

La semana pasada hubo avances en la causa denominada Coimas en el plan Procrear, que lleva más de nueve años involucra a Mariano Bruera, hermano del ex intendente Pablo Bruera, y a otros exfuncionarios municipales de La Plata.

A las declaraciones de testigos que desvincularon a Mariano Bruera de las acusaciones realizadas en su contra se sumaron los peritajes y allanamientos presentados por la fiscalía.

Según pudo saber este multimedio, los resultados de las evidencias que se aportaron durante los últimas semanas no contienen pruebas que involucren al hermano del exintendente platense, así como sucede con los demás acusados: el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; y el empresario Gustavo Orlandi.

El relato de los abogados defensores

Todo empezó con la declaración del denunciante que denunció en el juicio a media ciudad de La Plata menos a los acusados de quienes dijo no conocer ni haber tenido ningún contacto.

Luego vino el turno de los allanamientos negativos en el municipio por el que declararon la instructora de fiscalía Julia Martínez y sus auxiliares, quienes manifestaron no haber encontrado ninguna prueba de los hechos investigados y menos aún algún dato probatorio contra los acusados.

Las funcionarias judiciales declarantes no afirman pero suspicazmente deslizan la posibilidad de un aviso previo al allanamiento y que, como consecuencia de ello, los allanamientos resultaron negativos. Pero del supuesto aviso previo omitieron decir que hubo una investigación judicial exhaustiva, en la que tuvo que intervenir el propio Procurador de la Corte Julio Conte Grand y que también dio negativo el supuesto aviso previo de allanamientos.

La resolución judicial que dictaminó que no hubo ningún aviso previa fue investigado por cuatro fiscales distintos, que concluyeron que no hubo tal aviso.

En el otro tramo del juicio se tomó como elemento probatorio el secuestros de computadoras a los denunciados y condenados. Estas pruebas desligan a los acusados absolutamente, pero si se encontraron referencias directas con datos incriminatorios de dirigentes de distintos partidos políticos que no fueron investigados.

La cuestión de las escuchas y llamados aparecía como el punto más determinante aportado por la fiscalía pero las defensas son las que insisten con esta prueba porque están realizadas originalmente en cassettes, sin ningún tipo de cadena de custodia, guardados en una caja de oficina sin faja y escritos a lápiz. En consecuencia, fue planteada una exclusión probatoria que se rechazó en 24 horas.

Sin embargo, lo más significativo es que las transcripciones tergiversan el contenido de las llamadas y fueron absolutamente descontextualizadas. Además, las conversaciones también se transcribieron parcialmente, utilizando partes que pudiera servir para la acusación pero ocultando las partes que las desestiman.

Asimismo, uno de los acusados insiste en que se pasen sus audios y para ello tuvo que llevar su propio pasacassette porque en el tribunal no disponía del dispositivo reproductor, pero tampoco coincidieron los cables y se tuvo que volver con el aparato a su casa y sin poder reproducir las grabaciones.

Finalmente, los testigos propuestos por la fiscal niegan rotundamente lo que se había transcripto en el acta de allanamiento.

Cabe agregar que las acusaciones se hacen con un total desconocimiento del procedimiento administrativo y las facultades municipales, o se acusa invocando un procedimiento falaz.

En conclusión, absolutamente nada de lo ventilado en estas casi tres semanas del juicio vincula a los denunciados y los hechos investigados con los acusados. Solo un interés de índole extrajudicial nos puede hacer pasar por esta instancia judicial.