Escándalo: Ponce exige que le den 150 contratos o rompen el bloque de JxC en La Plata

El ex presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, exigió que le den 150 contratos a los concejales que integran el bloque de Juntos por el Cambio para que puedan financiar la campaña de Patricia Bullrich en La Plata.

La interna de JxC en la capital de la provincia de Buenos Aires causó un gran revuelo este viernes cuando el precandidato a intendente, Juan Pablo Allan, salió públicamente a denunciar que no se renovaron contratos de militantes y punteros políticos de Patricia Bullrich.

Esta situación rápidamente despertó la respuesta del oficialismo quienes advirtieron que “no se renovaron contratos al personal que no concurre a las oficinas a trabajar”, y adelantaron que “continuarán auditando los listados de personal” para detectar otras falencias administrativas originadas durante la presidencia de Fernando Ponce al frente del Deliberativo.

Según se denunció, entre los contratos había “amantes, familiares y amigos” del ex concejal, quien fue apartado de su banca en medio de una escandalosa denuncia de acoso sexual y maltrato laboral por parte de mujeres que trabajan en la oficina de la presidencia del Concejo Deliberante.

Al mismo tiempo, se confirmó que Ponce había realizado un escarmiento tras conocer la baja de los “ñoquis”, y exigió 150 contratos para los concejales que trabajan en la campaña de Bullrich en La Plata, bajo amenaza de romper el bloque si no se cumplía con esta medida.

Ante la negativa rotunda del intendente municipal Julio Garro a ceder ante las presiones de los propios concejales oficialistas, esta tarde el Senador provincial Juan Pablo Allan salió a defender públicamente al procesado por acoso sexual, Fernando Ponce. Y exigir que los empleados “ñoquis” que fueron cesanteados sean reincorporados.

Desde el Municipio se confirmó a este medio que la auditoría del personal que trabaja en el Concejo Deliberante como en toda la administración pública “será cumplida a rajatabla” y “no se tolerará el incumplimiento de las tareas a ningún empleado por el solo efecto de estar militando políticamente”.

“Si quieren militar que lo hagan fuera del horario laboral. Pero en la oficina todos deben trabajar como le corresponde a cualquier trabajador”, se aclaró.