“Hay que hablar con la Constitución y no con las balas sobre la mesa”

Las evidencias son numerosas: desde los videos hasta los ingresos a la Casa Rosada. La mesa judicial que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal complica a todos sus protagonistas.

Uno de ellos es el propio intendente de La Plata, Julio Garro, cuyas declaraciones referencian a la época más oscura de la historia de nuestro país. “Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar, garantizándoles desde el Estado la protección que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar”, dijo durante la reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Seguido de esto, enunció: “El sentido es ese, hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa”.

Estos dichos fueron repudiados por el concejal del Frente de Todos y exjuez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias. En diálogo con diario Hoy, el edil aseguró que esa frase “refiere a una situación de violencia, de fuerza”. En este sentido, declaró: “En lugar de hablar con la bala sobre la mesa deberíamos hablar con la Constitución sobre la mesa, con las leyes”.

Arias habló no solo sobre la aberrante frase del jefe comunal platense, sino de toda la situación que se dio a conocer el pasado diciembre y que además contiene referencias extremas como la del armado de una Gestapo, una organización de la Alemania nazi.

“Lo que ha sucedido es doblemente ilegal, porque estamos frente a un espionaje ilegal que documenta otro hecho también ilegal como es el armado de causas”, expresó el exjuez y actual concejal, al mismo tiempo que destacó que ese espionaje se dio dentro del mismo círculo de Cambiemos.

“Si hay una existencia de delito, como señaló Vidal para justificar esa mesa, lo que hay que hacer es la denuncia penal”, continuó Arias. Hizo hincapié también en “el grado de impunidad con el que se manejaban” los miembros de esta reunión.

Garro, la supuesta “víctima”

Este discurso se escuchó por parte de la exgobernadora bonaerense en su primera entrevista televisiva. “Me grabaron ilegalmente”, dijo, y se reconoció como víctima de espionaje.

El intendente Garro tampoco fue la excepción. En un diario “amigo” (al mismo estilo que Vidal) el jefe comunal declaró que “jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI”.

“Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios”", aseguró y reconoció haber visto cámaras, pero pensaba que eran de seguridad. “Ahora me entero que me grabaron. ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”, expresó el intendente.

Arias, en relación a estas declaraciones, afirmó que “de ninguna ma­nera” podrían utilizarse como argumento dentro del proceso judicial que involucra a Garro. “Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Si acá hay víctimas, son los ciudadanos, además de los gremios”, continuó el edil.

“Lo que ahí se estaba discutiendo era la defensa del Estado hacia los intereses de empresas privadas vinculadas al sector de la construcción, es decir, ahí no se estaba debatiendo cómo hacer un desarrollo equilibrado de la ciudad”, apuntó, y se refirió a lo que este diario reveló en su edición del pasado 11 de enero: el gran negocio inmobiliario que se planificó desde el Ejecutivo municipal. Es importante resaltar que en el período donde se realizó esta reunión, la gestión de Garro comenzaba a poner atención a ciertos expedientes sobre la rezonificación de 38 lotes. Allí estaban puestas las expectativas del sector inmobiliario y de la construcción, que esperaban que con la nueva administración comunal pudieran continuar sus proyectos, y para eso la importancia de “correr del medio” a determinados dirigentes que “complicaban” el accionar empresario.

Efectivamente, entre 2017 y 2018 se avanzó desde el cuerpo deliberativo local -con mayoría de Juntos por el Cambio- en 34 desarrollos inmobiliarios que databan de la gestión de Pablo Bruera.

La diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, también señaló al intendente. “Garro tiene que explicar qué hacía ahí, qué se tramaba y cuáles fueron los mecanismos que se aplicaron en una ciudad que se alejó de la planificación urbana y comenzó a tener todos los diciembres mecanismos de excepción al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), brindándoles a muchos de los que estaban allí negocios millonarios”, había declarado en sus redes sociales.

“Fueron miles de hectáreas para urbanizar por fuera de la norma que rige en la ciudad, que es el COUT”, apuntó la legisladora.

Las consecuencias para el intendente

El exjuez también habló sobre lo que puede llegar a suceder con Garro si la causa avanza. En este caso se refirió a la Ley orgánica de las municipalidades, la cual expresa que “al recaer sentencia firme” al intendente, luego de una imputación se “procederá su destitución de pleno derecho”. Arias lo adelantó anteriormente: la situación de Julio Garro puede ser causal de suspensión.

Mientras, en el Concejo Deliberante la pelea es por conformar una Comisión Investigadora para obtener respuestas acerca de lo que sucedió.

El historial remite a aquella sesión pactada por el oficialismo para el 31 de diciembre, en la cual los concejales de Juntos no participaron. Allí los ediles del Frente de Todos expusieron los proyectos que presentaron; además de la conformación de la Comisión, impulsan la interpelación del intendente y un pedido de informe al departamento Ejecutivo municipal.

“Esperemos que los concejales de Juntos acompañen estas iniciativas”, afirmó Arias a este multimedio e invitó a los miembros del bloque oficialista que “colaboren para brindarle a la ciudadanía las respuestas que necesitan”.

Además remarcó la necesidad de insistir con estas iniciativas a pesar de la poca voluntad política demostrada por los concejales.

Cabe destacar que dicha Comisión Investigadora “tiene como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos”, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días.

Mientras, el intendente “podrá efectuar descargos y aportar pruebas”, durante un período de 10 días.

Cabe recordar que la fiscal de la causa, Ana Russo, amplió la imputación que en principio solo contaba para el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas. Esta decisión alcanzó a Marcelo Jaworski, director general de Copetro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; Roberto Gigante, exministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires; y el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan.

En la lista de imputados también se encuentran Juan Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra, quienes “a la fecha del hecho” se de­sempeñaban como funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia.