Las cooperativas, una de las cajas negras del municipio

Los entramados oscuros del gobierno de Julio Garro tienen sus ramificaciones por toda la copa del árbol municipal. Entre los lugares en donde la luz no entra se puede observar que la niebla cubre a las cooperativas que dependen de las diferentes áreas del gabinete del municipio. Sobres que van y vienen, contratos falsos, cargos inexistentes y funcionarios oficialistas involucrados en estafas que implican los nombres de 5.000 personas que brindarían servicios en las cooperativas.

De acuerdo a fuentes del caso a las que tuvo acceso diario Hoy, los empleados que trabajan en las cooperativas no serían los 5.000 que están inscriptos, sino mucho menos: solamente habría alrededor de 800 trabajadores que hacen las tareas de limpieza a diario. ¿Qué sucede con el dinero destinado al otro 84%? ¿Quiénes son esas 4.200 personas que figuran como cooperativistas? ¿Saben de su relación de dependencia con el municipio?

El fiscal Marcelo Romero investiga una presunta caja negra de más de $2.000 millones, que varios funcionarios de la Municipalidad de La Plata habrían creado para desviar fondos en beneficio propio, pero que deberían haber sido destinados al pago de sueldos de cooperativas.

Según información a la que accedió este multimedio, a fines de diciembre de 2015 había unos 300 trabajadores en las cooperativas municipales, mientras que el año siguiente –una vez que asumió Julio Garro como nuevo intendente– la cantidad de inscriptos ascendió notablemente a 5.000. Se trata de personas que se dedican a desmalezamiento, poda y limpieza de parques y plazas, quienes hace cuatro años cobraban un sueldo de $4.000 al mes, lo que equivale a 20 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, según información del propio Departamento Ejecutivo, lo que se desembolsó fue un total de $48,6 millones. ¿Dónde fueron a parar los más de $28,6 millones que no tendrían como destino los bolsillos de los trabajadores? Esa discordancia entre lo que declara el municipio en su rendición de cuentas anual y lo que realmente perciben los cooperativistas encendió la alarma entre los ediles de la oposición en el Concejo Deliberante local.

En 2018, la exconcejal oficialista Florencia Rollié presentó una denuncia penal que mostró irregularidades en el manejo de fondos destinados a las cooperativas, detectando sobrefacturación y diferencias abismales entre lo que se le pagaba a cada trabajador y lo que percibía a cambio cada cooperativa.

En la demanda la edil pide que se investigue “la presunta comisión de los delitos de acción pública, fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público”, explicitando los supuestos mecanismos utilizados para el desvío de fondos: el sistema de retorno de los cooperativistas a los punteros políticos, y el desvío que se produciría entre el pago real y los millones que se pierden en el medio.

En un informe, Jefatura de Gabinete resaltó que en las mencionadas cooperativas “los controles necesarios de auditoría por parte del municipio son sumamente dificultosos y poco transparentes, tendiendo a su vez a mantener y conformar asociaciones con bases corruptas”. Además, se indica que el personal de las mismas en su mayoría se encontraba en un nivel socioeconómico muy vulnerable, siendo poco calificado para la realización de ciertas tareas.