INDIGNACIÓN Y BRONCA
Más de 400 alumnos se quedaron sin fiesta tras la suspensión inesperada de un salón en Berisso
Diez escuelas habían reservado el lugar y pagado $12 millones, pero la dueña canceló el evento dos días antes y no ofreció reembolso.
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Más de 400 estudiantes de diez colegios de La Plata viven horas de frustración y enojo luego de que el salón donde planeaban realizar su fiesta de fin de año cancelara el evento a último momento, sin alternativas concretas ni devolución del dinero abonado. La nueva edición de la tradicional Fiesta PP, prevista para este jueves en el salón Límite de Berisso, quedó en la nada pese a que las familias habían pagado alrededor de $12 millones desde mediados de año.
Los padres firmaron contrato en mayo para reservar el espacio ubicado en 122 y 58, que incluía barra libre, personal de seguridad y servicio de ambulancia para unas mil personas —400 alumnos y cerca de 50 acompañantes—. Sin embargo, la organización mostró señales de desprolijidad: en los meses siguientes solo hubo dos reuniones formales con la dueña del salón.
La primera fue al momento de la firma del contrato. La segunda ocurrió pocos días antes de la fiesta, cuando las familias esperaban recibir pulseras e instrucciones finales. Pero al llegar al lugar se encontraron con la sorpresa: la dueña informó que había un “desperfecto técnico” que demoraría tres días en repararse y que el evento debía suspenderse. Tampoco ofreció otro salón en condiciones equivalentes.
La situación se agravó cuando, al consultar con el Municipio, una de las mamás afectadas supo que el local estaba clausurado desde mediados de año, algo que nunca se les comunicó.
Un día antes de la fecha pactada, la responsable del salón prometió conseguir un lugar alternativo, pero esa opción nunca se concretó. Y el conflicto escaló cuando las familias solicitaron el reembolso para poder organizar la fiesta en otro sitio. “Cada vez que le pedimos que nos devuelva el dinero, deja de responder”, contó Claudia, mamá de una alumna damnificada.
Mientras evalúan acciones legales, el malestar crece entre los estudiantes que se quedaron sin su celebración y entre padres y madres que buscan recuperar el dinero que aportaron durante meses.