Medio ambiente

Por generar daño ambiental, llevan a juicio a propietarios de explotaciones agricolas

Gracias a una "acción preventiva de incidencia colectiva" de los vecinos del "Corredor Santa Clara, Partido de Mar Chiquita", La Corte Suprema lleva a juicio a los propietarios por la aplicación, manipulación, traslado y disposición" de "residuos peligrosos”.

La "acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva" se promovió en 2020 por vecinos que integran el Corredor Santa Clara, Partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires debido a "la aplicación, manipulación, traslado y disposición" de "residuos peligrosos" en las cercanías, entre los que se encuentran agroquímicos. Lo que se pidió fue que "se resguarde el ambiente y la salud de las poblaciones que integran dicho corredor" que incluyó el dictado de una medida cautelar, se generó un "conflicto de competencia" entre la justicia ordinaria, ya que se consideró que la demanda también apuntaba a la afectación que podría sufrir el Mar Argentino por el manejo de los agroquímicos.

La procuradora fiscal Laura Monti, explicó que el reclamo habla de el eventual daño de los residuos peligrosos a "arroyos, lagunas" y "hasta escasos metros del mar" y que "el factor degradante se encuentra en la provincia de Buenos Aires". “Los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas", de acuerdo a la Constitucional Nacional y bonaerense, pertenecen a un dominio que puede ser ejercido por la provincia, acotó Monti. Por ser "un espacio geográfico-físico-biológico" habitado por quienes integran esa colectividad" son "las autoridades locales las encargadas de valorar y juzgar si las actividades denunciadas afectan aspectos propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente al medio ambiente".

El fallo de la Corte, de carácter unánime, determina que "deberá seguir entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 15 de Mar del Plata". La decisión lleva la firma del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.