Torturas y abusos contra mujeres en la cárcel de Magdalena: 15 penitenciarios detenidos

Quince integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron detenidos este martes en el marco de una investigación por presuntas torturas, violencia institucional y abusos sexuales contra mujeres privadas de libertad en la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena.

El operativo representa el principal avance judicial desde que se conocieron las denuncias en junio y fue consecuencia directa de la investigación desarrollada por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial La Plata.

Garganta quedó al frente del expediente luego de que la Comisión Provincial por la Memoria presentara una denuncia penal a partir de los testimonios recogidos entre las internas. Desde entonces, la fiscalía avanzó en la reconstrucción de lo ocurrido, reunió declaraciones de las víctimas y testigos, incorporó pericias médicas y analizó documentación interna del Servicio Penitenciario.

De acuerdo con las publicaciones conocidas este martes, el fiscal consideró que los testimonios reunidos durante la investigación presentaban elementos de consistencia y coincidencias suficientes para avanzar sobre los agentes señalados. Con esa base, requirió la detención de 15 sospechosos y una serie de allanamientos, en un pedido judicial de 146 páginas que reconstruye la secuencia de los hechos y el presunto rol de los distintos integrantes del SPB.

Los detenidos son ocho mujeres y siete hombres, y entre ellos hay funcionarios que ocupaban cargos jerárquicos dentro del establecimiento penitenciario. Entre los principales investigados aparece la jefa de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad 51, Daiana Belén Balmaceda, señalada en la investigación por haber tenido un rol central durante el procedimiento que terminó con las presuntas torturas y abusos.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, que intervino en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura.

El papel de Álvaro Garganta en la investigación

La figura del fiscal Álvaro Garganta adquiere especial relevancia porque la investigación no quedó limitada a recibir las denuncias iniciales.

El fiscal debió reconstruir qué ocurrió dentro de la Unidad 51, identificar a los agentes que participaron del procedimiento, establecer qué funciones cumplía cada uno y determinar si las agresiones denunciadas respondieron a acciones individuales o formaron parte de una intervención coordinada.

Las primeras denuncias fueron presentadas a comienzos de junio. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria había documentado los relatos de las mujeres y llevó el caso ante la fiscalía. Garganta comenzó entonces a reunir elementos para determinar si las acusaciones podían ser corroboradas mediante pruebas independientes.

La investigación avanzó durante semanas hasta desembocar en las medidas conocidas este martes.

Según las fuentes que reconstruyeron el expediente, los testimonios de las víctimas fueron considerados relevantes por la fiscalía y fueron contrastados con otros elementos, entre ellos las pericias médicas que detectaron lesiones compatibles con los relatos.

Ese proceso permitió que la investigación pasara de una denuncia por posibles malos tratos a una causa penal de extrema gravedad, con imputaciones vinculadas con torturas, vejaciones y abusos sexuales.

La decisión de Garganta de solicitar las detenciones marca, además, un cambio de escala en el expediente. Ya no se investiga solamente qué ocurrió durante un procedimiento penitenciario, sino quiénes participaron, quiénes dieron órdenes, quiénes estuvieron presentes y quiénes pudieron haber permitido o encubierto las agresiones.

Una secuencia de violencia dentro del penal

La causa reconstruye una secuencia de violencia ocurrida entre la tarde del miércoles 3 de junio y las primeras horas del jueves 4.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, todo comenzó a partir de una pelea entre internas. La intervención del personal penitenciario habría derivado posteriormente en una situación de violencia que, según la acusación, excedió ampliamente cualquier procedimiento destinado a controlar un conflicto dentro del penal.

Inicialmente, cinco mujeres denunciaron haber sido víctimas de malos tratos y torturas. En la reconstrucción difundida posteriormente sobre la causa, cuatro internas aparecen identificadas como víctimas directas de la secuencia investigada y dos de ellas denunciaron además haber sufrido abusos sexuales.

Los relatos incorporados a la causa describen una situación de extrema violencia. Las mujeres denunciaron haber sido sacadas de sus lugares de alojamiento, golpeadas, esposadas, desnudadas y sometidas a diferentes formas de humillación.

También señalaron que se utilizó gas pimienta directamente sobre sus rostros y a corta distancia, además de golpes y amenazas.

Una de las prácticas denunciadas fue el denominado “submarino húmedo”, que consiste en sumergir repetidamente la cabeza de una persona en agua para provocar una sensación de asfixia.

“Bésame las botas”: uno de los testimonios que impactó en la investigación

Uno de los testimonios que tomó especial relevancia durante la investigación describe que una detenida habría sido obligada a permanecer arrodillada y semidesnuda mientras una funcionaria penitenciaria le exigía que besara sus botas.

Ante la negativa, según la denuncia, la mujer habría sido nuevamente golpeada y sometida a la práctica de asfixia.

El relato también señala que durante el episodio habría intervenido personal penitenciario masculino, algunos de ellos con el rostro cubierto.

Las expresiones atribuidas a la jefa de Vigilancia y Tratamiento durante el procedimiento forman parte de la reconstrucción fiscal y son analizadas como elementos destinados a establecer una relación de dominio sobre las internas. Entre las frases atribuidas a la funcionaria aparecen expresiones como “besame las botas” y órdenes para mantener a las detenidas atadas.

La investigación de Garganta busca determinar exactamente qué agentes participaron de cada una de las agresiones y cuál fue el papel de quienes ocupaban posiciones de mando.

La gravedad de las denuncias llevó a que el caso fuera analizado no solamente como un posible exceso en el uso de la fuerza, sino como una investigación por torturas y delitos sexuales cometidos contra personas que se encontraban bajo custodia del Estado.

Las denuncias de abuso sexual

Dos de las mujeres denunciaron que fueron sometidas sexualmente durante la secuencia de violencia.

Según los testimonios incorporados a la investigación, las agresiones sexuales se habrían producido mientras las víctimas se encontraban reducidas y bajo control de agentes penitenciarios.

La fiscalía analiza la posible participación de personal masculino que habría ingresado al sector durante el operativo y busca determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los agentes.

La acusación contempla delitos de extrema gravedad y considera especialmente relevante que los hechos denunciados hayan ocurrido dentro de un establecimiento penitenciario, donde las víctimas se encontraban en una situación de absoluta dependencia respecto de quienes ejercían la custodia.

En este punto, la investigación deberá establecer no solamente quiénes habrían ejecutado materialmente las agresiones sexuales, sino también si existieron órdenes, instrucciones, colaboración o tolerancia por parte de otros funcionarios.

La actuación de la Comisión Provincial por la Memoria

La intervención de la Comisión Provincial por la Memoria fue determinante para que los testimonios fueran documentados y llegaran a la Justicia.

El organismo entrevistó a las mujeres detenidas y realizó un relevamiento de las denuncias. A partir de esos testimonios presentó una denuncia penal ante la fiscalía, advirtiendo sobre la existencia de golpes, gas pimienta, desnudez forzada, torturas y abusos sexuales.

La denuncia fue recibida por la fiscalía encabezada por Álvaro Garganta, quien comenzó a desarrollar las medidas destinadas a verificar los relatos y establecer responsabilidades.

La CPM sostiene que las situaciones de tortura dentro de los establecimientos penitenciarios no deben ser consideradas solamente como hechos aislados, sino que deben analizarse también dentro de las condiciones estructurales en las que se desarrolla la privación de libertad.

La directora del programa de inspecciones del organismo, Ailín Bonansea, sostuvo públicamente que la violencia denunciada en Magdalena debe ser analizada en el marco de prácticas de castigo dentro del sistema penitenciario.

También se investiga qué ocurrió después

Uno de los aspectos más delicados del expediente está relacionado con la atención médica posterior a las presuntas agresiones.

Según la documentación incorporada a la denuncia, una de las detenidas fue revisada por personal sanitario el mismo día de los hechos y en un registro médico se habría consignado que no presentaba lesiones visibles de reciente data.

Sin embargo, posteriormente fueron constatadas lesiones que la investigación considera relevantes y compatibles con los testimonios brindados por la víctima. Las pericias médicas forman parte de los elementos considerados por la fiscalía para avanzar en la causa.

Esta diferencia entre los primeros registros médicos y las lesiones posteriormente documentadas es objeto de investigación.

La fiscalía busca establecer si se trató de una deficiencia en la atención, un error en la confección de los registros o si pudo existir una maniobra destinada a ocultar o minimizar las consecuencias de las agresiones.

Uno de los puntos que particularmente analiza el expediente es la actuación de personal de Sanidad. Una de las agentes investigadas habría sido señalada por una presunta irregularidad en la documentación de las lesiones de una de las internas.

De comprobarse una conducta deliberada para alterar documentación o esconder lesiones, la investigación podría extenderse más allá de quienes participaron directamente de los tormentos.

La cadena de responsabilidades

Entre los detenidos se encuentran integrantes de la conducción de la Unidad 51 y personal de diferentes áreas.

La presencia de funcionarios jerárquicos dentro del grupo investigado es uno de los elementos que le otorga especial gravedad al expediente.

La investigación encabezada por Garganta intenta determinar qué papel cumplió cada uno de los agentes: quiénes participaron directamente de las agresiones, quiénes estuvieron presentes, quiénes impartieron órdenes y quiénes pudieron haber permitido que los hechos continuaran.

También se analiza la actuación de personal sanitario y de otros funcionarios que pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido después de las agresiones.

El objetivo es establecer si hubo solamente responsabilidades individuales o si existió una cadena de mando que permitió, facilitó o encubrió las prácticas denunciadas.

Ese punto resulta especialmente relevante porque entre los imputados aparecen integrantes de diferentes niveles de la estructura penitenciaria, incluidos funcionarios de conducción, personal de requisa, Sanidad y grupos de intervención.

Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al sistema penitenciario

La causa de Magdalena trasciende las paredes de la Unidad 51 porque vuelve a plantear una cuestión central: qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de custodiar y proteger a una persona privada de libertad son señalados como responsables de torturarla o abusar sexualmente de ella.

Una persona detenida se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. No puede abandonar el lugar donde está alojada ni recurrir libremente a mecanismos externos para protegerse.

Por esa razón, el Estado tiene una responsabilidad reforzada sobre su integridad física y psicológica.

Desde esa perspectiva, los hechos denunciados no pueden analizarse únicamente como una pelea entre internas que terminó con una intervención penitenciaria.

La Justicia deberá determinar si esa intervención fue utilizada como una oportunidad para aplicar castigos físicos y humillaciones fuera de cualquier marco legal.

La Comisión Provincial por la Memoria y otros organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años la existencia de situaciones de violencia institucional en cárceles bonaerenses.

En el caso de Magdalena, los testimonios de las mujeres, las pericias y los registros penitenciarios constituyen elementos centrales para determinar qué ocurrió realmente.

Una investigación que ahora entra en una etapa decisiva

Las detenciones de los 15 agentes representan el avance más importante de la causa desde que se conocieron las denuncias en junio.

Pero el paso previo fue la investigación desarrollada durante semanas por el fiscal Álvaro Garganta.

La fiscalía tuvo que pasar de los primeros relatos de las internas a una reconstrucción judicial capaz de identificar personas, responsabilidades y posibles conductas delictivas.

La presentación fiscal que derivó en las detenciones tiene 146 páginas y fundamenta el pedido de arresto de los sospechosos. En ella se reconstruye la secuencia denunciada y se individualiza el presunto rol de los distintos agentes.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía Federal Argentina y alcanzaron dependencias vinculadas con los agentes investigados. Entre los objetivos estuvo también la obtención de elementos que puedan contribuir a consolidar la prueba de la causa.

Ahora la Justicia deberá profundizar las pericias, analizar documentación interna del penal, reconstruir la secuencia temporal de los hechos, identificar la participación individual de cada imputado y determinar si hubo responsabilidades jerárquicas.

También deberá establecer qué sucedió con las víctimas después de las agresiones, quiénes tuvieron contacto con ellas, qué atención médica recibieron y cómo fueron documentadas sus lesiones.

Por ahora, los agentes detenidos son personas investigadas y no condenadas. La responsabilidad penal definitiva deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al expediente y de las garantías correspondientes durante el proceso judicial.

Pero el caso ya dejó expuesta una problemática que excede a los 15 detenidos: la necesidad de garantizar controles efectivos dentro de las cárceles y de impedir que la privación de libertad se transforme en un escenario donde la violencia, la humillación y el abuso puedan utilizarse como mecanismos de castigo.

La investigación de Magdalena deberá determinar, finalmente, si detrás de los hechos denunciados hubo un grupo de agentes que actuó por fuera de la ley o una estructura penitenciaria que permitió que las agresiones ocurrieran y, posteriormente, fueran ocultadas.

Y en esa reconstrucción, el trabajo de la fiscalía de Álvaro Garganta será determinante: fue esa investigación la que transformó las denuncias iniciales de las internas y la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria en un expediente penal que ahora tiene a 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense detenidos y bajo investigación