Litio: vivir con la naturaleza o usarla para nuestro beneficio hasta acabarla

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) publicó en octubre los resultados de una encuesta realizada en Argentina. Fueron 2000 entrevistas presenciales a residentes en distintos puntos del país, incluyendo al aglomerado Gran Salta. Una de las consultas indagó sobre el tipo de explotación del litio. El 52,2% respondió a favor de la gestión estatal del mineral. El 32,4% sostuvo que los privados son quienes están en condiciones de gestionar su explotación de manera más eficiente. Casi el 20% no optó por ninguna de las dos respuestas.

“¿Por qué las provincias no son capaces de manejar el recurso?”, preguntó la Secretaría de Minería de Nación. Las preguntas sobre nacionalización o no del oro blanco, fueron hacia el aire para el contexto de una de las tres provincias insertas en el triángulo del litio: no se puede cambiar la Constitución Nacional de 1994, fin de la discusión.

Flavia Royón, secretaria de Energía de Nación: “Los recursos son de las provincias y los gobernadores tienen todas las facultades para negociar”. La opinión de la funcionaria fue lógica en el contexto de acciones de los mandatarios norteños de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Saénz, y de Catamarca, Raúl Jalil, que marcaron la cancha respecto al mineral durante meses. El gobierno nacional propuso crear una organización conjunta con países limítrofes para fijar políticas comunes relacionadas con la explotación del litio en los salares del norte. Pero como las regalías difieren entre Argentina, Chile y Bolivia, la propuesta no fue bien recibida en la liga del litio del norte argentino.

Sobre nacionalización

"No se puede pensar en la nacionalización del litio sin pensar una estrategia general que te posicione en ese mercado y también hay que entender a qué se refiere cuando se habla de nacionalizar el litio", opinó Vera Mignaqui, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). "Empezaría por hacer valer las leyes ambientales vigentes, y las leyes que regulan la actividad minera en general. De ser así, la situación cambiaría radicalmente", dijo.  Además, hizo especial énfasis en catalogar a regalías mineras como despreciables.

Recordó el caso de Livent, una empresa norteamericana que opera en Catamarca. En Julio pasado, la Dirección General de Aduana descubrió que realizaba transacciones a precio de costo, no internacional, para subfacturar regalías.

Las letras chicas para los que no saben leer

Su experiencia en formación académica de posgrado, le otorga autorización sapiente a su voz sobre la importancia al rol de control que cumplen los impactos ambientales. Citó otra vez un caso en Catamarca y los reportes de sostenibilidad de las empresas mineras allí radicadas. “Aseguran que utilizan menos del 5% del agua que precipita en la zona. Es verdad. Pero en realidad, de lo que precipita, la mayor parte se evapora. Lo que queda disponible en arroyos e influye en napa es menos del 10%”. Por esa razón, argumentó Mignaqui, “las comunidades advierten que existe un impacto de la actividad minera en sus territorios”.

Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del colectivo de estudios en geopolítica y bienes comunes, GYBC, opinó que “Tenemos un régimen de tenencia que está pautado por la ley de inversiones mineras, el Código de Minería y la Constitución del 94”. Ese marco legal “no le otorga al litio ningún tratamiento especial. Propusimos posibilidades para modificar la situación” como “declararlo recurso estratégico, intervenir con una empresa pública (desde setiembre, YPF Litio), y respetar la Ley de Actividades Nucleares de 1997”. Esa herramienta legal lleva el número 24.804 y permite al Estado nacional recuperar la soberanía política sobre el litio a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Ahora hay un solo proyecto que plantea la declaración del litio como recurso estratégico.lo presento en 2020 Lucas Godoy, legislador nacional por Salta del Frente de Todos. No llegó a instancias de tratamiento en la Cámara de Diputados de Nación. Godoy aclaró que no propone su nacionalización. También destacó que la iniciativa fue presentada antes de la creación de YPF Litio a partir de Y-Tec, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética. Si su proyecto logra tratamiento y finalmente es aprobado, permitiría la planificación de políticas a través del Estado. Promovería la investigación y patentamiento de los procesos de industrialización. Por otro lado, se crearía un Instituto Nacional del Litio, que entre otras funciones, concentraría toda la información disponible sobre el mineral argentino que hoy se encuentra dispersa en manos de distintas empresas extranjeras.

Sobre la trascendencia geopolítica del oro blanco y su rol en la transición energética, el legislador salteño recordó que el primer punto a discutir en una hipotética agenda, serían los tributos mineros en boca de mina. “Argentina es de los países que menos regalías cobran en el mundo, porque el Código minero fue pensado para otro contexto”. Descartó que discutir sobre las regalías mineras atente contra la seguridad jurídica. Todo lo contrario: “si Argentina es el país con mayores reservas de litio después de Bolivia, hay que pensar en cómo generan recursos para los argentinos”. Recordó que Chile tiene una regalía mínima del 8% y a veces llega al 40%. Además se asocian con empresas productoras. “Hasta Jujuy tiene una política que va más allá del Código de Minería argentino”, dijo. “De las regalías bastante exiguas, que no sobrepasan el 3%, Jujuy logra recaudar un 8% por su participación en distintos puntos de la cadena de valor”. Una de las dos plantas de procesamiento de litio operativas en Argentina se encuentra en Jujuy, en Salar de Olaroz. La segunda, en Catamarca.

Las nuevas políticas estratégicas mineras nacionales deben incluir a las provincias. Recordó que Salta, Jujuy y Catamarca comparten una característica común: reciben del Estado argentino gran parte de los fondos con los que administran obras y servicios públicos. “La infraestructura en camino, redes, servicios, educación se realiza con recursos del Estado nacional. Las provincias no tienen esa capacidad”. En su opinión, hay que lograr una articulación eficiente entre las distintas jurisdicciones.

 “¿Qué modelo de movilidad plantea la transición energética con baterías de litio?”

El que contesta es Bruno Fornillo del GYBC. “Nosotros en general, hablamos de una transición energética justa y popular. A veces lo justo adquiere significados inesperados, por eso hablamos de justa y popular. El litio y las baterías deberían incorporarse en ese camino. Hay que generarlas para sostener un transporte público, y sostener la posibilidad de una micromovilidad súper sustentable. Reemplazar toda la flota fósil actual por una eléctrica, solo tiene sentido para el capital y la acumulación, pero no para nosotros”.

“Así como vamos, con modelo de extractivismo en general, se pone en peligro todo para todos: los humanos, los animales, las plantas, y demás”, dijo el investigador y resaltó que se vive una segunda contradicción del capital, la “competencia interimperial entre corporaciones globales no puede dejar de exprimir el trabajo vivo, la energía y la naturaleza. Los dueños de las empresas no hacen esto solos”.

Los originarios: Kachi-Yupi

Las comunidades originarias, como las kollas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Jujuy. Ellas denuncian hace más de una década los atropellos de las multinacionales mineras en sus territorios de la Puna. Por 2010, las comunidades kollas y atacamas de Salta y Jujuy eran 32. Las unió una causa común: la explotación minera. “Actualmente somos 17 en territorio jujeño”, dijo Julio César Valdiviezo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Jujuy.

Como las empresas mineras no cumplen con la consulta libre, previa e informada correspondiente, las comunidades andinas desarrollaron un protocolo de consulta. Lleva el nombre de Kachi-Yupi, y significa “huellas de la sal”. Se escribió respetando las referencias a los pueblos indígenas en las Cartas Magnas de Salta y Jujuy, el artículo 75 de la Constitución Nacional (derecho a la identidad de los pueblos originarios) y el Convenio 169 de la OIT. También leyes ambientales, nacional y provincial,  y los tratados internacionales ratificados por Argentina referidos al derecho al agua. El protocolo nunca fue aplicado.

Con Toyota en el salar de Olaroz y BMW en Catamarca (Livent), las empresas automotrices también se esconden tras bambalinas en la explotación del mineral en territorio argentino. El lobby minero es muy activo en temas sensibles, como la sanción de una ley de humedales, o el reporte de consumos de agua en la puna.

Entre Catamarca, Salta y Jujuy, y en distintas fases, se encuentran en ejecución 37 proyectos para la extracción de litio. Son datos abiertos disponibles para consulta en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina. El portal del Ministerio de Economía argentino, fue actualizado por última vez el 2 de mayo de 2022. La prensa especializada vaticina que nuestro país se convertirá en el mayor productor primario del recurso, aunque es Bolivia quién lidera el ranking de reservas de litio, con un tercio del mineral existente en toda América del Sur.