Un manual de derechos de autor advierte a los músicos sobre contratos perjudiciales

Cuestiones como lo que padeció Paula Londra o el cruce de La Renga con Javier Milei por haber usado una de sus canciones en campaña están debidamente aclaradas en el Manual Iberoamericano de Derechos Intelectuales en la Música –popularmente conocido como derechos de autor- lanzado días atrás por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) junto con la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

El texto con fines pedagógicos, que puede descargarse de manera gratuita, aplica para todos los países iberoamericanos y marca diferencias sustanciales respecto a la figura del copyright que se utiliza en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, entre otros países anglosajones.

De esta manera, da un trazo grueso de lo que son las dos grandes legislaciones sobre el tema en el mundo: la anglosajona y su copyright, e Iberoamérica.

Acaso, la pérdida total del control de las composiciones de John Lennon y Paul McCartney en su etapa con Los Beatles por parte los propios autores, tras la venta de Northern Songs, la empresa creada especialmente para editar esos títulos, sea el caso más célebre. Ese catálogo pasó por varias manos -entre ellos Michael Jackson, quien lo compró a mediados de los `80-, actualmente pertenece a Sony y hasta el día de hoy resultaron infructuosos los intentos del mismo McCartney y de Yoko Ono por recuperarlo.  

Bajo la figura sajona del copyright, solo las buenas intenciones de los editores pueden poner a salvo la potestad de los artistas sobre su obra, tal como ocurrió con Tony Wilson, fundador del sello Factory, que promovió a artistas de la llamada “movida de Manchester”, entre los que destacan Joy Division, New Order y Happy Mondays.

Los beneficios que incluye la figura iberoamericana del derecho de autor, a diferencia del copyright, permite además que los artistas pueden negar el uso de sus canciones en propagandas políticas o en cualquier otro producto con el que no se sienta identificado, lo que significa que se impone el debido pedido de permiso previo para su utilización.