A un año del intento de magnicidio de la Vicepresidente

Se elevó a juicio la causa del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y se espera definición de la fecha. La defensa apunta a investigar a los autores intelectuales. 

El intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple un año hoy viernes. El episodio conmocionó al país el 1 de septiembre de 2022 y hasta entonces sigue dando que hablar por el estado de la causa, cuya parte central está elevada a juicio oral y ya tiene detenidos por la autoría material.

Sin embargo, desde la defensa de la expresidenta reclaman el accionar de la Justicia durante toda la instrucción y la "inacción" para investigar la existencia de autores intelectuales y presuntas vinculaciones con el dirigente de la oposición, Gerardo Milman. Además, el suceso se ramificó en causas distintas que se tramitan en el Poder Judicial.

Para recordar el ataque a Cristina Kirchner, fue cerca de las nueve de la noche del jueves 1 de septiembre cuando la vicepresidenta saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta. CFK recibía el respaldo de la militancia ante el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión en su contra en el marco de la Causa Vialidad. En el tumulto por la llegada de CFK, un joven, que se presentaba como vendedor ambulante, gatilló dos veces sin éxito sobre su cabeza.

Se trata de Fernando André Sabag Montiel, hoy detenido y acusado de haber intentado matar, con premeditación, a la vicepresidenta. Contó con la planificación y acuerdo previo de su entonces novia, Brenda Uliarte, de 23 años, quien también está detenida, y de su amigo Gabriel Nicolás Carrizo, de 27 años, detenido como el líder de "la banda de los copitos", porque era el dueño de la garrafa que utilizaban Sabag Montiel y Uliarte para fabricar los copos.

Los tres, además, participaban en chats en los que se compartían mensajes de odio y amenazas contra Cristina Kirchner.

Según el estudio de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires que investigó la Justicia, la pareja tomó la línea C del subte y fue al domicilio de Cristina Kirchner, donde la esperaban sus seguidores. Estudiaron el lugar donde llegaría Kirchner y cuando llegó Sabag Montiel se acercó hasta la vicepresidenta, momento en el que a centímetros de su rostro gatilló dos veces.

El atacante utilizó una Bersa 32 modelo Lusber 84, que no produjo disparos porque "la bala no se había alojado en la recámara de la pistola", según figura en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía. Pero sí tenía balas en el cargador.

Segundos después, los custodios redujeron al agresor hasta que llegó la Policía para detenerlo. Cristina Kirchner no se dio cuenta de que la habían apuntado con un arma sino que en ese momento se agachó para recoger un libro y luego siguió saludando. Incluso, a pesar de la advertencia de militantes que vieron que Sabag Montiel estaba armado, los custodios creían que se trataba de una pelea entre militantes.

En las imágenes, se ve que Uliarte se alejó de su novio detenido: fue apresada a los tres días. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, a quienes los abogados defensores de la expresidenta pidieron recusar y ambas solicitudes fueron rechazadas.

El presidente Alberto Fernández, uno de los primeros dirigentes en reunirse con la vicepresidenta tras el atentado, declaró feriado el día siguiente. "Es el hecho más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia", aseguró el mandatario, en un mensaje grabado poco después del intento de asesinato. También la dirigencia opositora salió a solidarizarse, aunque sus comentarios no fueron bien recibidos por el kirchnerismo, que los responsabilizó de incitar al odio con sus discursos.

Respecto a los detenidos, recordamos que Uliarte estaba presente en las inmediaciones del lugar del ataque, al cual arribaron conjuntamente con su pareja. Antes del episodio había sido entrevistada en los estudios de Crónica, donde cuestionaba al kirchnerismo y su política de planes sociales. Compartían un departamento de un ambiente en el partido bonaerense de San Martín con Sabag Montiel.

En un allanamiento a la casa del padre de Uliarte encontraron un papel que decía "La Regla de Tueller (pistola versus navaja)". Luego de mucha insistencia por parte de la querella, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si el escrito secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el intento de magnicidio, Sabag Montiel, Uliarte o Carrizo.

La denominada 'regla de Tueller' alude a la distancia mínima que necesita una persona (por caso, un miembro de una fuerza de seguridad) para tener chances de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a una agresión con un arma blanca. Considerando que un agente promedio puede desenfundar y disparar en 1,5 segundos, se calcula que un agresor puede recorrer en ese tiempo unos 6.4 metros. Es decir, que más de 7 metros es una "distancia segura" entre un policía armado y un agresor con cuchillo.

En el caso de Carrizo, se comprobó que también estaba al tanto de la planificación del intento de magnicidio. Incluso, en los días posteriores había publicado un estado de WhastApp que decía: "Seguro el próximo sos vos Alberto, ¡Tené Cuidado!". Para la fiscalía, Carrizo tomó parte, "prestando su acuerdo y cooperación", en la organización del atentado. Incluso llegó a aportar una pistola calibre 22 corto, que no se terminó utilizando.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha. El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

Revolución Federal, uno de los reclamos de CFK tiene relación con el hecho. Hasta ahora, ninguno obtuvo pruebas fieles de que el atentado esté vinculado directamente con dicha organización, a pesar de que para la defensa de Fernández de Kirchner hay un vínculo muy claro.

En esta investigación apareció la figura de Jonatan Morel, detenido y luego liberado, líder de Revolución Federal que había sido contratado por dos trabajos de carpintería por la empresa de Luis Caputo, ex ministro del macrismo.

Gerardo Milman pidió recusar a la jueza porque, según el debate oral Sabag Montiel tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano, a quien también el oficialismo salió a cuestionar por ser asesor de congresistas del PRO.

Una reciente declaración periodística de Telleldín, conocido por haber sido condenado -sin sentencia firme- por encubrimiento en el marco de la causa del atentado a la AMIA, generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el atentado.

"Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical.

El nombre de Milman, diputado de JxC, ex jefe de campaña de Patricia Bullrich y hombre clave en Seguridad durante el gobierno de Macri, apareció en el expediente el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente: ambas negaron que esa frase haya sido pronunciada.

Esa pista no fue elevada a juicio: recientemente la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del teléfono de Milman (que finalmente lo entregó voluntariamente) y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados.

Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi demarcaron que "la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-", según surge del fallo.

En simultáneo, Rívolo solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.

"Nosotros pedimos citar a las tres personas. En esa primera declaración, ambas negaron haber ido a ese restaurante. Cuando les mostramos las cámaras donde claramente se veía que eran ellas, cambiaron su testimonio", había dicho Ubeira a PERFIL meses atrás, respecto de las dos asesoras de Milman. "Y es en ese contexto en el que Capuchetti se negó a secuestrarle el teléfono a las dos asesoras. Luego la Cámara no hizo lugar a nuestro pedido de recusación de la jueza pero sí a la cuestión de los teléfonos. Y ya la jueza les había dado una ventana de 50 días a las mujeres para borrar todo de sus celulares", argumentó el letrado.

Por otro lado, Ubeira entiende que hay una vinculación directa de Capuchetti con el PRO: "Es una terminal del PRO, bancada por Angelici y por Ritondo. Ellos impulsaron sus pliegos. Y además detectamos que cobra un sueldo del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que manejaba D'Alessandro (entonces ministro de Seguridad porteño)".

A pesar de que Capuchetti aceptó ahora revisar el teléfono de Gómez Mónaco, ya pasaron siete meses desde que se los vinculó a la investigación del atentado, y en uno de los mensajes que se pudieron recuperar a través de los peritos, encontraron uno que decía "borren todo". "Por estas y varias cosas más creemos que Capuchetti está encubriendo", precisó el letrado, que además confirmó a este medio que buscarán justicia para la presidenta del Senado de la nación en las Naciones Unidas.

Cristina Kirchner quiere recusar a Capuchetti porque además consideró que el polémico episodio en donde se borró el celular de Sabag Montiel antes del peritaje, la no citación de Abello para ampliar su testimonio, el rechazo a investigar los celulares de Milman y sus asesoras y su vínculo con el gobierno de la Ciudad constituyen algo que "está más claro que el agua: no quiere investigar".

La pérdida del contenido del celular ameritó un sumario que llegó a Comodoro Py y que actualmente investiga el fiscal Ramiro Gónzalez. Asimismo, corre otro sumario de la Superintendencia de Asuntos Internos para investigar la actuación de la custodia de la vicepresidenta, que no activó el protocolo correspondiente, aunque podría estar vinculado con el pedido explícito de la vicepresidenta de no ejecutar dicho protocolo.

Otra de los últimos pedidos de la defensa de la exmandataria tiene que ver con su vecina Ximena de Tezanos Pinto, quien vive en el edificio que habitaba la vicepresidenta cuando fue el atentado y con Delfina Wagner, panelista en Crónica TV que se alojaría en ese departamento.

Quieren determinar si tienen vínculos con el atentado, ya que según los abogados Wagner podría ser un punto clave de conexión entre Revolución Federal y Brenda Uliarte y Sabag Montiel, como también podría vincular a esos dos detenidos con Milman.

"Wagner es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados en esta causa. Las coincidencias son demasiadas, y es necesario investigarla inmediatamente", reclamaron".