Corte Interamericana de Derechos Humanos viabilizó la denuncia del Ing. Marcelo Balcedo y Paola Fiege

En la casa de Piriápolis, donde la familia se había instalado hacía más de una década, la calma de la madrugada del 4 de enero de 2018 se rompió con un estruendo.

Adentro, todos dormían: los niños en sus camas, el ingeniero Marcelo Balcedo aún sin despertarse. La oscuridad se quebró con el ruido seco de los golpes, el chirrido metálico de las cerraduras y las luces que irrumpieron como cuchillos a través de las ventanas. No hubo tiempo de entender. En segundos, la quietud del sueño se convirtió en un operativo militar.

Helicópteros sobrevolaban el barrio, vehículos blindados bloqueaban la calle y cámaras transmitían en directo cada movimiento. Los titulares hablaban de un “golpe al sindicalismo corrupto”; los noticieros reproducían en bucle imágenes de esposas y armas. No había indagatoria ni sentencia, pero ya había condena pública.

Esa escena fue el resultado de una orden de captura firmada en La Plata por el juez federal Ernesto Kreplak. La causa se había montado sobre un expediente fiscal reabierto y convertido en penal, con acusaciones que se desmoronarían con el tiempo. Uruguay concedió la extradición a pedido argentino dos meses más tarde, y en paralelo abrió su propio proceso penal.

Los hijos de la pareja quedaron bajo custodia de terceros, entre visitas, traslados y una rutina de escuela marcada por el miedo. En sus dibujos aparecían helicópteros, rejas y patrulleros. Ninguna ley contempla que una infancia sea confiscada por una decisión judicial, pero en esa casa se había decretado el exilio familiar de tres niños.

Para entender el origen hay que volver a 2013. En las redacciones del diario Hoy y la emisora Red 92, Balcedo y Fiege publicaban investigaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de cunas por parte del gobierno bonaerense para el Programa Qunita. En esas notas se mencionaba a Nicolás Kreplak —hoy ministro de Salud— y a su hermano Ernesto, funcionario y luego juez federal.

La cobertura tocó nervios de poder. Un año más tarde, Ernesto Kreplak ascendió del puesto 48 al primero en el ranking del Consejo de la Magistratura. Poco después, su firma aparecería al pie de las órdenes que cercarían a quienes habían señalado a su hermano.

El Ingeniero Balcedo era también secretario general de Soeme. Bajo su gestión, el gremio consiguió un aumento histórico con cláusula gatillo para auxiliares de la educación, cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal buscaba imponer techos salariales. En reuniones grabadas —hoy incorporadas al expediente conocido como “Gestapo antisindical”—, funcionarios y empresarios hablaban de armar causas para encarcelar a dirigentes “incómodos”. En esa mesa se pronunció un nombre: Balcedo.

La estrategia se repitió en toda la Provincia: más de veinte sindicatos fueron intervenidos entre 2016 y 2017. La consigna era disciplinar por vía judicial a quienes no se subordinaban.

La condena mediática

En Buenos Aires, el aparato mediático oficialista repitió durante semanas titulares sobre fortunas ocultas y cuentas millonarias. En Uruguay, los medios replicaban la narrativa argentina. Las “pruebas” eran comunicados, no documentos.

El 7 de marzo de 2018, mientras se formalizaba la extradición, llegaron a Montevideo actuaciones de la justicia de Rosario que desmentían cualquier vínculo de Balcedo con delitos de narcotráfico. Sin embargo, esa etiqueta ya se había instalado.

En 2019, el proceso uruguayo derivó en lo que el expediente denominó “acuerdo abreviado”. Pero ese acuerdo no fue voluntario. Antes de rubricarlo, se realizó una reunión en una oficina pequeña, contigua al despacho de la jueza, bajo condiciones coercitivas. En ese lugar se impuso a los acusados firmar un documento adicional mediante el cual renunciaban expresamente a promover acciones civiles contra los fiscales y funcionarios policiales que habían intervenido en el caso. Sin esa cláusula, el acuerdo no se homologaba. Solo después de esa firma, fueron trasladados a la oficina de la jueza para formalizar el entendimiento. Fue una extorsión revestida de trámite judicial. Los acusados no negociaban su responsabilidad penal, sino su derecho a reclamar por los abusos sufridos. “O firmaban, o seguían presos”.

Cumplieron condena, pagaron multas y entregaron bienes. Pero el Estado no cumplió lo pactado: parte de los bienes restituidos fueron reclamados nuevamente a pedido de un juzgado argentino. La soberanía se subordinó al pedido externo.

Ante esto, la Corte Suprema de Uruguay recibió un recurso de revisión. En sus fundamentos se enumeraron tres principios vulnerados: el non bis in idem, el “fruto del árbol envenenado” y la teoría de los actos propios.

El razonamiento era elemental: cuando un Estado condena, cumple; cuando lo vuelve a juzgar por los mismos hechos o altera lo pactado por presión externa, viola su propio derecho.

La invalidez del juez Kreplak y el espionaje que confirmó todo

En junio de 2022, la Corte Suprema argentina declaró que el fuero federal era incompetente para intervenir en el Soeme. Todas las decisiones del juzgado de Kreplak —incluidas las intervenciones y las designaciones impulsadas— quedaron bajo sospecha.

Ese dato, ignorado por buena parte de la prensa, revela que la supuesta neutralidad judicial fue, en realidad, una estrategia política. Un juez sin competencia alteró la representación gremial de miles de trabajadores.

La pieza que completó el rompecabezas llegó en noviembre de 2023. El fiscal Gerardo Pollicita reveló una megacausa de espionaje ilegal a magistrados, políticos, periodistas y empresarios. Entre los archivos secuestrados a un exsargento de la Policía Federal, Ariel Pedro Zanchetta, se hallaron más de mil informes de inteligencia y doce mil consultas a bases de datos restringidas.

El nombre de Marcelo Balcedo figuraba primero. Los documentos demostraban que había sido objeto de espionaje sistemático desde 2014, ejecutado por agentes inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia. La persecución no fue un exceso aislado: fue una política sostenida.

El costo humano de la prisión preventiva eterna

En Uruguay, la prisión con fines de extradición se extendió más allá de lo razonable. Lo que debía ser una medida cautelar se transformó en castigo. Los pedidos de refugio fueron rechazados por los mismos jueces que tramitaban la extradición, sin control externo ni instancia independiente. La imparcialidad se diluyó; la cooperación entre Estados se volvió obediencia automática.

Entre audiencias y escritos, la vida quedó suspendida. La familia Balcedo-Fiege lleva más de ocho años bajo medidas, con bienes intervenidos y libertad restringida. Las causas cruzadas entre dos países los convirtieron en rehenes de una burocracia que parece no tener fin. No hay tratado que compense el tiempo perdido, ni sentencia que devuelva lo que una persecución política y judicial quebró. Lo que empezó como una causa judicial sigue siendo una forma de exilio.

Camino a la Corte Interamericana

El 25 de marzo de 2025, un juez federal argentino volvió a prejuzgar sobre la culpabilidad de la pareja sin escucharlos. La decisión precipitó la presentación internacional.

El 27 de octubre, la Corte IDH admitió la denuncia presentada por el abogado Leonardo de Carvalho e Silva. El escrito invoca violaciones a los artículos 5, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24 y 25 de la Convención Americana, libertad, garantías judiciales, integridad personal, protección de la familia y de la niñez.

También solicita medidas urgentes: suspender la extradición, restituir la libertad y garantizar la unidad familiar. En palabras simples: que el Estado deje de ser agresor y vuelva a ser garante.

Así, Argentina inició la persecución y Uruguay la consolidó. Dos naciones distintas, un mismo patrón: acallar a quienes no se doblegan.

Las pruebas documentales muestran cómo el derecho penal, los medios y la inteligencia estatal se combinaron para neutralizar voces críticas. No es una teoría: está escrito en oficios, correos y fallos.

En el medio, tres niños quedaron invisibles. La Justicia nunca los miró como sujetos de derecho, sino como apéndices de una causa penal. Esa es la deuda moral que hoy examina la Corte Interamericana.

La dimensión de la controversia abre paso a un debate más amplio: juristas y especialistas advierten que el caso Balcedo–Fiege podría fijar precedentes sobre los límites de la cooperación internacional en materia penal.

¿Puede un Estado contradecir sus propias sentencias por presión de otro?

¿Hasta dónde llega la extradición sin vulnerar la soberanía?

¿Y qué ocurre cuando la persecución judicial destruye un núcleo familiar?

Las respuestas exceden a los protagonistas: definen hasta dónde puede avanzar el poder sin quebrar el Estado de Derecho.

La letra y la vida

En los despachos de la Corte IDH, la denuncia se analiza con la frialdad de los textos legales. Pero detrás de cada folio hay carne y hueso: una mujer que pasó meses presa sin condena, un hombre que firmó bajo presión para recuperar lo que era suyo, tres chicos que aprendieron a distinguir el sonido de un patrullero antes que el del recreo.

La letra fría de los tratados cobra sentido cuando se cruza con la vida cotidiana. La Corte Interamericana, que ya marcó hitos en materia de libertad y reparación, deberá ahora medir la coherencia de dos democracias que proclamaron justicia mientras practicaban persecución.

La persecución no solo se desplegó en los tribunales, el expediente Balcedo–Fiege también es una advertencia sobre el desempeño de la prensa. Las investigaciones que originaron la tormenta buscaban transparencia en el gasto público. La respuesta fue el castigo.

Cuando investigar se paga con cárcel o exilio, el periodismo deja de ser contralor y se convierte en víctima. La independencia de la prensa y la libertad sindical son los termómetros de una democracia. Cuando se rompen, el cuerpo político enferma.

Hoy, el caso está en manos de la Corte IDH. Si el tribunal concede medidas provisionales, ordenará frenar la extradición, revisar las detenciones y proteger a la familia. Si no lo hace, el mensaje será otro: que la razón de Estado puede más que el derecho.

Mientras tanto, en Piriápolis, los niños crecen, van a la escuela y preguntan cuándo terminará el proceso.

A veces escuchan el apellido de su padre mezclado con palabras como “lavado”, “extradición” o “denuncia”. Han aprendido a no reaccionar.

En las noches tranquilas del balneario, cuando el mar se apaga y los adultos callan, los tres imaginan el día en que la casa vuelva a ser solo una casa.

No saben que su historia ya es parte del expediente que decidirá hasta dónde puede avanzar el poder sin destruir la inocencia.