5 años de la causa cuadernos

La causa que amenazó a empresas y funcionarios no logró revertir un sistema corrupto. El 31 de julio de 2018 en el más absoluto silencio fue detenido Oscar Centeno, entonces un ignoto chofer de Roberto Baratta, uno de los hombres de confianza del exministro Julio De Vido.

A las 7 del día siguiente, el diario La Nación publicó una investigación que hasta entonces era secreta y que había empezado seis meses antes donde se revelaba el sistema de recaudación de coimas que durante años registró Centeno en pequeños cuadernos escolares.

Esa mañana fueron allanados decenas de domicilios y hubo 12 detenciones, entre ellas, la de Baratta. El camino judicial se había iniciado mediante la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli, que luego fue presentada ante el fallecido juez Claudio Bonadio. Fueron las primera horas del juicio de corrupción más importante de las últimas décadas.

La Justicia todavía no pudo desentramar la maraña procesal que significa una causa con 229 imputados con sus respectivos abogados y cientos de kilos de pruebas y la obra pública y los contratos más importantes del Estado siguen manejados por los mismos empresarios, y varios de aquellos funcionarios imputados están en el poder. 

Pasaron cinco años y el juicio está en medio de una pelea procesal. Alrededor de 150 estudios de abogados que defienden a los imputados y la fiscal del tribunal oral, Fabiana León, mantienen una encarnizada disputa jurídica por centenares de recursos que oponen los empresarios, exfuncionarios y testaferros que están en la antesala de las audiencias.

La clave es que la causa madre generó varios expedientes más. "Cuadernos", la principal, al igual que todos los tramos que se desprendieron, están elevadas al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).

La causa excedió no solo la capacidad física del lugar, sino que también colapsó los recursos humanos con los que contaba la dependencia judicial. En febrero, los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli hicieron un pedido a la Corte Suprema para poder hacer frente a la demanda. “En el conjunto [de causas] se encuentran imputadas un total de 229 personas. Los autos principales (sin contar infinidad de legajos e incidentes) ascienden aproximadamente a 420 cuerpos. A la vez, siempre asociadas a dichas causas, se han recepcionado en el Tribunal un total aproximado de 240 cajas con documentación y efectos, advirtiéndose que aún no se ha completado la elevación en todos los expedientes”, informaron los jueces en febrero. “El Tribunal vio sus capacidades tanto de recursos humanos como de espacio físico colapsadas”, dijeron.

“En el mismo espacio en el que inicialmente trabajaban no más de 15 personas hoy lo hacen 24, con un solo baño y sin que todas tengan un puesto de trabajo fijo” dice otro comunicado.

Pese al colapso, la rueda procesal sigue. Durante estos meses, los acusados y el Ministerio Público Fiscal ofrecieron las pruebas. Además, en esa oportunidad la ley prevé que las defensas pueden oponerse a que se avance hacia el debate. 

A cinco años, nada cambió. Las dos obras más importantes del país llevan el nombre de Néstor Kirchner, el organizador de todo el esquema. Solo la extinción de la acción penal por fallecimiento evitó que sea condenado por corrupción. El gasoducto y una de las represas que se construyen en Santa Cruz -la otra se llama Jorge Cepernic- fueron bautizadas Néstor Kirchner. En ambas, la gran mayoría de las empresas que son contratistas estuvieron implicadas en la causa Cuadernos. Varias de ellas, con sus socios detenidos.

En las centrales patagónicas, Electroingeniería, una constructora cercana a los gobiernos de los Kirchner, mantiene el contrato. Néstor Otero, dueño de TEBA, la firma que maneja la estación de trenes de Once y la de ómnibus de Retiro, mantiene sus concesiones pese a que fue detenido, allanado, y le encontraron pesos, dólares y armas en su departamento de Puerto Madero.

El subterráneo porteño terminó su concesión y fue licitado nuevamente. Antes lo explotaba el Grupo Roggio a través de Metrovías. Aldo Roggio, exnúmero uno de aquella empresa, confesó haber devuelto el 5% de los millonarios subsidios que recibía en concepto de coimas. El gobierno porteño llamó a licitación y no hubo oferentes salvo Emova, una empresa del Grupo Roggio. O mejor, la misma Metrovías que cambió de ropaje para el subterráneo.

El Gasoducto Néstor Kirchner está prácticamente todo construido por las empresas que estaban en la causa. Techint confesó haber pagado un millón de dólares que los funcionarios argentinos le pidieron para terciar con los venezolanos y permitir regresar al país a ejecutivos que habían quedado en Caracas tras la expropiación de Sidor, una empresa del grupo. Junto a Sacde, continuadora de Iecsa, empresa del arrepentido Ángelo Calcaterra, fueron los principales constructores de la mayoría de la traza del ducto.

Esuco (la empresa de Wagner), BTU (Carlos Mundín, el dueño que ahora dejó a su hijo a cargo de la firma, estuvo detenido cinco meses y es imputado en la causa Cuadernos) y Contreras Hermanos, también con uno de sus ejecutivos detenido en ese proceso, son los constructores de las plantas compresoras.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es una máquina de adjudicar contratos a las empresas viales que se cartelizaban y que fueron delatadas por Wagner, primero, y posteriormente por Ernesto Clarens, el financista de Kirchner que aportó un listado con todas las firmas viales que pagaban en su oficina. Licitación y monto del retorno a cobrar; detalles y más detalles.

Todo ha sido barrido bajo la alfombra. El Estado contratista jamás pidió un requisito de transparencia a quienes se quedan con la obra pública. Las empresas accionaron los mecanismos para aislar el riesgo patrimonial y encriptarlo en la cabeza del socio imputado. Nadie cometerá el error de comprometer poco más de algunas monedas si alguna vez llega el momento de las condenas y las multas. Todos movieron sus activos hacia otro lado. El Estado jamás podrá recuperar el perjuicio que sufrió y que ellos mismos contaron.

Haya razones o no, en estos años tomó más cuerpo la idea de que arrepentirse o entregar datos sobre negociados del poder no parece ser seguro en la Argentina. Pocos institutos jurídicos necesitan tanto de un Estado eficiente, presente y cuidadoso como el del arrepentido.

El mundo empresario ha entendido que el silencio es más seguro, al punto que varios hombres de negocios jóvenes y pujantes pensaron entonces que era momento de hablar, de tener protagonismo y de generar un cambio generacional en la dirigencia empresaria. Rápido volvieron al silencio y a la tenue militancia de Twitter, o de comunicados conjuntos. La palabra ha caído en una ciénaga, a tal extremo que ya ni siquiera hay intenciones de pronunciarla. Y la impunidad, de a poco, se impone.