Accionarán contra Gobierno cordobés por el caso del padre que no pudo ver a su hija antes de morir

El hombre que al que no le permitieron ver a su hija que murió horas después a consecuencia de un cáncer en Córdoba, accionará legalmente en contra de las autoridades del gobierno provincial y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Solange Musse, de 36 años, estaba transitando un tratamiento oncológico en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y, el viernes 21 de agosto, sufrió una descompensación y murió a poco de ingresar en la clínica Allende de Córdoba capital.

Su papá Pablo, que reside en la localidad neuquina de Plottier, el 15 de agosto emprendió un viaje en su automóvil para ver a su hija, pero al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, un operativo sanitario y policial le impidió el ingreso porque, según los agentes, no portaba un certificado libre de coronavirus.

El hombre fue obligado a regresar a Neuquén escoltado por varios patrulleros policiales y posteriormente se conoció que un hisopado que le habían realizado en el control sanitario de Huinca Renancó dio negativo.

Solange, asumiendo su enfermedad terminal, había pedido ver a su padre y por medio de una carta por las redes sociales había reclamado verlo: “Mi papá lo es todo. Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados”, había reclamado la joven.

Luego del deceso, la Justicia Federal de Córdoba emitió una resolución para que la familia de Solange transitara libremente por las rutas provinciales y nacionales desde Neuquén hasta Alta Gracia, para participar del velatorio y su sepelio.

Este lunes, Musse contó que cuando le impidieron pasar a Córdoba, cree que su hija “bajó los brazos. La enfermedad la destruyó en esos 4 o cinco días que no pudimos estar juntos”, sostuvo en declaraciones a radio Universidad.

El abogado Martín Barbera, quien representa a la familia de Solange, manifestó a la misma emisora que se están evaluando “diversas alternativas para la denuncia” en la Justicia al considerar que las acciones desplegadas, que consideró “antijurídicas”, “no están justificadas ni desde el punto de vista moral ni con el orden jurídico”, concluyó.