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Ana Clara Pérez Ballester: la jueza que le firmó la tenencia de Lucio a la madre
La magistrada está en su cargo como jueza de familia desde el 2017. Una ONG la denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público
Para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, el 22 de noviembre del 2017 quedará marcado en su vida. Ese día, fue designada por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa como jueza titular del Juzgado de la Familia y el Menor N° 1 de General Pico. En las fotos protocolares del acto, se ve a la flamante magistrada sonriente y feliz por su nuevo trabajo. Lo que no sabía en ese momento es que cuatro años después habría otro día que quedaría marcado a fuego en su historia: el 26 de noviembre del 2021, cuando Lucio Abel Dupuy, con apenas 5 años, fue brutalmente asesinado por, según cree la justicia, su madre y la novia de ella. Pérez Ballester fue justamente la jueza que, algunos meses antes, había homologado un acuerdo para que el niño viviera con las hoy acusadas por el aberrante crimen.
La injerencia de la jueza en la tenencia de Lucio por parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, es crucial. La situación se remota al 5 de febrero del 2020. Ese día se creó un expediente en el juzgado de Pérez Ballester llamado “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.
Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio y quien, por esos días, tenía la tenencia de Lucio. Del otro lado estaba Magdalena que reclamaba por su hijo mediante denuncias falsas y escándalos constantes. El nene vivía con los tíos por un acuerdo entre los padres y era feliz. Pero la madre quería llevárselo a Santa Rosa, por eso comenzó un litigio en la justicia. Los tíos se negaron a entregarlo.
El 4 de noviembre de ese 2020, la tía de Lucio cedió la tenencia cansada de las denuncias falsas en su contra, de los escándalos que hacía la madre en la puerta de su casa cada vez que lo visitaba y preocupada por el estrés que vivía el nene por esas situaciones. Ese día, se firmó el acuerdo entre Magdalena y Leticia. El documento contó con la homologación de la jueza Ana Clara Pérez Ballester.
Las preguntas a raíz de esto son obvias: ¿La jueza hizo algún estudio socioambiental antes de mandar a a Lucio con su madre y la novia de ella? ¿Se representó la magistrada que la cesión de la tenencia podría ser por las falsas denuncias en lugar de un acuerdo genuino? ¿Podría haber hecho algo más de lo que hizo, que fue solo firmar un documento?
A la luz de los hechos y del cruel asesinato de Lucio, las respuestas son tan obvias como las preguntas.
Este medio consultó a distintos abogados y juristas pampeanos y todos señalan que la fría letra de la ley no le daba demasiadas herramientas a la jueza para frenar el acuerdo entre Magdalena y los tíos de Lucio. También, en que “no estaba obligada” a realizar un estudio socioambiental. Sin embargo, todos coinciden en lo mismo: “A los jueces, y más de familia, siempre se les debe pedir un poquito más. En razón de que su opinión es fundamental a los efectos de velar por el interés superior del niño, siendo que es un derecho fundamental, un pacto con jerarquía internacional”, dice el abogado Nicolás Payarola, titular de uno de los estudios más importantes de Buenos Aires y con injerencia en La Pampa.
Pérez Ballester tiene 38 años y un historial más extenso como abogada particular que cómo funcionaria del Estado. Según los registros laborales que consultó este medio, entre 2005 y 2007, cuando sólo tenia 20 años, trabajó en el estudio jurídico Mazzinghi en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Luego se desempeño en otro bufete, ubicado en el centro porteño, llamado G.Breuer desde el 2012 al 2013. Posteriormente, tuvo otro cargo en un estudio jurídico hasta el 2017, cuando recaló en La Pampa.
Su padre, también es juez. Se llama Alejandro Pérez Ballester y se desempeña como camarista civil. Cuanta sobre sus espaldas con una amplia trayectoria judicial que se inició como secretario de un juzgado civil. Es, en definitiva, un reconocido hombre judicial de La Pampa.
En los últimos días, el hombre tomó un rol activo defendiendo a su hija de las criticas que recibe en redes sociales por el tema de la tenencia de Lucio. El magistrado escribió un comentario en un articulo del portal local maracódigital.net, donde se mencionaba que Cristian Dupuy, el papá de Lucio, acusaba a la jueza por la firma en la tenencia: “Cristian Dupuy, ¿podrías precisar en qué aspecto la justicia civil de La Pampa te falló? ¿Podrías precisarle a los lectores en qué fecha y/o de qué modo y en qué expediente solicitaste el cuidado personal (tenencia) del pequeño Lucio y que la jueza Ana Clara Pérez Ballester te lo haya denegado? Y en su caso, por qué motivo la jueza mencionada te habría denegado tal pretensión (no existió nunca dicha pretensión). Explicá con sencillos fundamentos para los opinólogos y lo debatimos”, concluyó.
El caso Lucio no es el único escándalo que envolvió a la jueza en los últimos meses. En noviembre del año pasado, la magistrada intervino en lo que en La Pampa se conoce como “Caso Samuel”. Se trata de un bebé que fue dado en guarda a una familia de “tránsito” por 9 meses, como indica la ley, hasta que apareciera alguna pareja que quisiera adoptarlo. Sin embargo, por dilaciones del sistema, esa guarda se extendió por casi 3 años. Como es obvio, el nene considera a su familia “de tránsito” como propia y no quiere irse de allí.
A raíz de este caso, la jueza recibió, a fin del año pasado, un fuerte espaldarazo de sus colegas. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa emitió un comunicado en el que la apoyaban por el caso Samuel, aunque tuvo tintes de solidaridad por el caso Lucio, de manera encubierta.
“Los cuidados que asumen estas familias son por regla transitorios y sin perjuicio de las dilaciones en los distintos procesos judiciales, la familia de contención no es parte de los mismos. Por último, cabe destacar que no hay nada pendiente de resolución ni trámite vigente en el juzgado que interviene en el caso a cargo de la Dra. Ana Clara PEREZ BALLESTER, quien actuó en todo conforme a derecho y sobre la base de la legislación vigente”, cierra el comunicado.